La semana pasada, luego de conocerse que el ex oficial naval Luis Esteban Kyburg, prófugo de la justicia, está viviendo en un barrio de Berlín, el Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata denunció que Kyburg cobró hasta 2015 la pensión honorífica otorgada a los veteranos de guerra, a pesar de estar procesado por crímenes de lesa humanidad. En una nota a la titular de la ANSES, el CECIM pidió revisar y controlar los beneficios otorgados y señaló que actualmente hay al menos 57 represores, con condenas o procesamientos, que perciben la remuneración. En la provincia de Buenos Aires, una sentencia de la Corte de Justicia desestimó una presentación de oficiales y suboficiales que pretendían obtener el mismo reconocimiento que los soldados conscriptos.

ANDAR en la justicia

(Agencia) Al menos 57 represores, condenados y/o procesados por crímenes de lesa humanidad, cobran actualmente la “pensión honorífica como veteranos de guerra del Atlántico Sur”. Entre ellos, hay militares que están imputados en la causa por torturas a los soldados conscriptos en las islas Malvinas.

El relevamiento del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata fue presentado a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y solicitaron que se tomen medidas de revisión y control sobre los beneficios otorgados para evitar que aquellas personas condenadas o procesadas por crímenes de lesa humanidad sigan usufructuando de manera irregular e ilegal este beneficio.

La ley 23.848 sancionada en 1991 otorgó a los soldados conscriptos que participaron de la guerra de Malvinas la pensión honorífica. Seis años después, la norma fue ampliada para alcanzar con el beneficio a militares de carrera que habían estado en el teatro de operaciones y que permitió acceder al derecho previsional a quienes formaron parte de la estructura de las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar.

Sin embargo, en 2004, el decreto 1357 modificó en parte la ley y puso límites para el acceso a las pensiones de guerra. El artículo sexto del decreto dispone que no podrán ser beneficiados los veteranos de guerra que hubieran sido condenados, o resultaren condenados, “por violación de los derechos humanos, por delitos de traición a la Patria o contra el orden constitucional”.

A pesar de lo dispuesto por este decreto modificatorio, durante todos estos años, el CECIM verificó que muchos beneficiarios siguieron cobrando la pensión aun cuando estaban excluidos del beneficio por tener condenas por crímenes de lesa humanidad; entre ellos, Mario Benjamín Menéndez que cobró hasta su fallecimiento y ahora lo sigue percibiendo sus derechos habientes.

Ante esta situación, y como una medida de control para subsanar estas irregularidades, en la nota al ANSES, el CECIM recomendó que el organismo “solicite a los beneficiarios, del universo que formó parte de las fuerzas armadas y de seguridad y que son considerados Veteranos de Guerra de Malvinas, el certificado correspondiente de antecedentes penales otorgado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en forma periódica”.

El pedido del CECIM se realizó pocos días después de que se conociera el paradero del ex oficial naval Luis Esteban Kyburg, prófugo de la justicia argentina desde 2013. El periódico alemán Bild reveló que el fugitivo estaba viviendo en un barrio de Berlín. Kyburg está imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata.

A pesar de no haber estado nunca en suelo Malvinense ni haber participado de acciones de combate, el ex oficial naval fue incluido como veterano de guerra y cobró la pensión honorífica hasta 2015 cuando el CECIM denunció el caso ante la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social. En ese momento, el fiscal Gabriel de Vedia ordenó suspender el beneficio. Lo más extraño de la situación es que Kyburg siguió percibiendo la pensión aún estando prófugo de la justicia.

No fue esa la única medida que se tomó para suspender el beneficio a represores; a pesar que el decreto modificatorio de la ley nacional establece como supuesto de gravedad la condena por crímenes de lesa humanidad, el Fiscal de Vedia impulsó otras medidas suspensivas de la pensión en casos de militares procesados, por entender la gravedad de los delitos que se imputan y que el procesamiento es una instancia avanzada de la investigación donde existen suficientes pruebas sobre la responsabilidad de los acusados en los hechos.

Fallo de la Corte bonaerense

En la provincia de Buenos Aires la ley 14486, promulgada el 2013, otorga un reconocimiento histórico a los ex soldados conscriptos y civiles de la provincia de Buenos Aires que participaron en la guerra de Malvinas. La norma los reconoce, entre otras medidas, con la “Pensión Social Distinguida”.

En junio pasado, la Suprema Corte de Justicia bonaerense desestimó un planteo de inconstitucionalidad presentados por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que pretendían acceder a este reconocimiento.

Los militares habían invocado que la norma violaba el principio de igualdad ante la ley, sin embargo el máximo tribunal rechazó el pedido y argumentó que “la situación de un civil obligado a cumplir con el servicio militar en tiempos de interrupción democrática, no era equiparable a la de aquel que, por vocación profesional, tradición familiar o simple necesidad económica, deliberadamente escogió formar parte de los cuadros permanentes de una fuerza armada”.

Tras conocerse este fallo, el CECIM valoró que la decisión de la Corte “ratifica lo que sostenemos los ex soldados conscriptos desde la culminación de la guerra de 1982, el personal de cuadros fue cobrando un salario por vocación y tuvieron la contención de las estructuras de las FF.AA, obra social, ayuda financiera y continuidad laboral”.

“Las circunstancias que vivieron los soldados conscriptos al regreso de Malvinas fue sumirse en el olvido, la discriminación laboral y por más de 10 años el padecimiento de la inexistencia de políticas públicas que atendieran las secuelas que les había dejado la guerra”, agregaron.

En ese sentido, desde el CECIM también remarcaron la existencia de un “lobby militar” que, mediante acciones constantes, pretende incorporarse a las leyes que reconoce y atiende la situación de excepcionalidad vivida por los soldados conscriptos durante y tras la guerra de Malvinas.