¿Cómo la intendenta podía desconocer lo que hacía la policía en su territorio?, se preguntan familiares de la masacre de Monte en una carta pública escrita luego de la interpelación legislativa a Sandra Mayol. La intendenta intenta desligar las responsabilidades políticas y minimizar la persecución brutal del 20 de mayo como un acto de personas individuales y no funcionarios públicos que responden a los lineamientos operativos de las políticas de seguridad, las familias denuncian que el operativo saturación —impulsado por el Municipio— sólo puso en riesgo la vida de nuestros jóvenes. Mientras tanto, la causa tiene 13 imputados, 11 con prisión preventiva, entre ellos el ex secretario de seguridad municipal.

ANDAR en Monte

(Agencia Andar) El lunes 22, dos meses y dos días después de la masacre de Monte, y luego de negarse a asistir más de una vez al llamado por parte del Concejo Deliberante, la intendenta Sandra Mayol se presentó a la interpelación pública, solicitada por las familias de las víctimas de la masacre, y respondió —sin posibilidad de repreguntas— técnica y jurídicamente el cuestionario elaborado por el cuerpo legislativo.

“Nos fuimos del recinto como llegamos: sin respuestas”, resumen los familiares en una carta pública que dieron a conocer hoy. “La Intendenta mantuvo distancia, no se acercó a los familiares ni ella ni ninguno de todos los funcionarios que la acompañaban- Esos funcionarios  a los que sí vimos ayer y a los que jamás vimos en nuestro hogares, dado que  -obviamente- los damnificados somos nosotros”.

Ante la acusación de la jefa municipal de “politizar el hecho”, las familias de las víctimas remarcaron que la citación se logró por la lucha de ellos, ante el silencio de todos los representantes del pueblo. Y agregan con indignación: “¿Le parece imprudente ser citada en campaña electoral, sin tener en cuenta la gravedad de la Masacre ocurrida en nuestra ciudad recientemente a manos de la fuerza policial? No deja de sorprendernos”.

En su defensa, la intendenta Mayol intentó desligar las responsabilidades políticas por la masacre, adujo desconocer cómo actuaban las fuerzas de seguridad en su propio municipio y, peor aún, minimizó la persecución mortal del 20 de mayo y el encubrimiento posterior como “actos delictivos” de personas que, circunstancialmente, ejercían funciones públicas pero que no representan ni responden a los lineamientos y prácticas operativas de la fuerza policial en ese distrito.

Sin embargo, las familias insisten en remarcar lo que parece obvio: “[La masacre] no fue un hecho aislado, no fue un policía malo; la cúpula de la policía de Monte fue decapitada y  el Subsecretario de Seguridad del Municipio participó de este atroz delito y hoy se encuentra detenido”, dicen en referencia al comisario retirado Claudio Martínez, imputado por encubrimiento tras descubrirse que manipuló las filmaciones de las cámaras del Centro de Monitoreo.

Recientemente, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un informe donde se describe de manera minuciosa las prácticas policiales ilegales y violentas previas a la masacre, relevadas a través de testimonios de la comunidad. En la carta pública, las mismas familias señalan que “son demasiados los hechos de violencia policial y corrupción en nuestro pueblo que llegan diariamente a nuestro conocimiento”.

Por un lado, jóvenes y adolescentes reconocen una relación con las fuerzas policiales marcada por la tensión, la arbitrariedad y la violencia. También en las personas adultas está presente la misma percepción: en este caso, hablan de una relación con la policía de Monte atravesada por la corrupción y la discrecionalidad.

Golpes y torturas a jóvenes, requisas ilegales, amenazas y humillaciones, coimas y sobornos, aparecen relatados como hechos rutinarios. Otro dato alarmante es la detención de menores de edad en la comisaría de Monte: entre enero de 2018 y mayo de 2019, 42 menores de 18 años fueron detenidos en esa comisaría en condiciones de absoluta ilegalidad.

Ante la emergencia de cada uno de estos relatos, las familias de las víctimas de la masacre se preguntan: ¿Quién controlaba a quienes debían cuidarnos? Y más importante aún: ¿Cómo puede ser que la intendenta no supiera nada de esto?

Tras la interpelación, queda para ellos una única certeza: la falta de autocrítica. Según familiares, la intendenta, muy lejos de la realidad, “no realizó ningún cambio en la seguridad y, a su entender, la seguridad no fue vulnerada”. La prueba más inmediata de ello es la designación de María Alejandra Cotignola en reemplazo del imputado Martínez.

Cotignola es policía retirada y además es familiar de uno de los agentes detenidos y, como abogada penalista, defendió a policías involucrados en otros delitos. Desde el primer momento, la CPM y familiares le reclamaron —y lo siguen haciendo— a la intendenta Mayol que revoque su designación. Pero, una vez más, la respuesta de la jefa municipal es el silencio.

En paralelo, y mientras reclaman alguna respuesta del Municipio, las familias siguen empujando el reclamo de justicia. Esta semana, la Cámara de Apelaciones de La Plata rechazó los recursos presentados por la defensa de Claudio Martínez, Manuel Durán, Nadia Gennaro y Manuel Monreal —uno de los dos policías que disparó contra el vehículo y el autor del disparo que impactó en el glúteo de Gonzalo— y confirmó la prisión preventiva para los cuatro.

Actualmente, la causa tiene cuatro policías imputados por homicidio agravado y lesiones graves, y otros ocho policías y el ex secretario de seguridad municipal de San Miguel del Monte por encubrimiento, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica. De los trece imputados, 11 están detenidos; y de esos 11, sólo Gennaro recibió la excarcelación y cumple prisión bajo una medida morigetoria del encierro.

La misma Cámara también confirmó la falta de mérito dictada para los policías Juan Manuel Gutiérrez y Cristian Righero, a pesar de que tanto la fiscalía como todos los particulares damnificados —entre ellos la CPM— habían reclamado que se revierta la decisión del Juez de Garantías Silva Pelozi.

En su resolución, la Cámara sostiene que a esta altura de la investigación “no puede sostenerse que los imputados Gutiérrez y Righero tuvieran conocimiento de los sucesos que se atribuyen a otros funcionarios policiales”. Como sostuvo al momento de apelar la decisión de Silva Pelozi, para la CPM los magistrados no hicieron una valoración contextual de la prueba: iban a bordo del tercer patrullero que acudió al llamado por la persecución del Fiat Spazio, y fueron de los primeros en llegar al lugar donde se produjo el impacto entre el auto y el acoplado. Los dos formaron parte de las diligencias que se realizaron esa noche y mantuvieron diálogos con los compañeros de fuerza que participaron de la persecución, con lo cual resulta improbable que no supieran lo que pasó.

La decisión tampoco toma en cuenta la actitud de los policías en los días siguientes; a pesar de las pruebas que hicieron pública luego de la masacre y que ponían evidencia la responsabilidad policial en el hecho, ninguno de los dos se puso a disposición de la justicia ni colaboró con la investigación aportando lo que sabían por estar en la escena del crimen desde el primer momento.

La justicia y la condena de todos los responsables es una medida reparatoria, también lo es la decisión de revertir las políticas de seguridad que vienen posibilitando la reiteración de estos hechos: “Para que nunca más se les arrebate la vida  a nadie mediante el amparo y la complicidad política que sólo teje impunidad”, cierra la carta pública que dieron a conocer las familias de Danilo, Camila, Gonzalo, Aníbal y Rocío.

La carta completa de familiares de la masacre de Monte