Más de 150 efectivos de Gendarmería e Infantería rodearon a la comunidad mapuche del lof de Cushamen, cortaron los caminos de acceso y, con carros de asaltos y disparando balas de goma, arremetieron contra los hombres, mujeres y niños. En ese marco, la policía montada de Chubut atacó, utilizando armas de fuego, a los miembros de las comunidades del Maitén que se acercaron al lof. Hay once detenidos, heridos y casas destruidas. Desde que el pueblo mapuche recuperó estas tierras ancestrales que estaban ocupadas por el Benetton, el gobierno provincial, en connivencia con los reclamos del empresario, viene avanzando sobre la comunidad. Al fin de cuentas, sólo se trata de la tierra. La Comisión Provincial por la Memoria repudia la represión y reclama que cese la persecución y criminalización contra los pueblos originarios que luchan por el reconocimiento de sus derechos.

ANDAR en Chubut

(Agencia) “El estado  debe velar por los estándares internacionales de respeto a los derechos indígena, pero no lo hace y criminaliza un reclamo que es político”, dijo la abogada Sonia Ivanoff, antes de entrar a la audiencia de control de detención. La represión desatada ayer contra la comunidad del lof en resistencia de Cushamen no es sólo un acto más de violencia estatal, es la confirmación de una trama de complicidades que buscan avanzar contra los derechos del pueblo mapuche.

En 2015, la comunidad recuperó las tierras ancestrales que estaban bajo dominio de la Compañía de Tierras del Sud Argentino —propiedad de la familia italiana Benetton—; desde entonces, sufrieron represiones, intentos de desalojo, la persecución de sus militantes y, a su vez, padecen constantemente la presencia militar sobre los accesos a la comunidad.

“En ese momento, la Provincia de Chubut —que administra La Trochita— denunció a la comunidad por impedir la circulación del tren; sin embargo, la justicia federal de Esquel sostuvo que los reclamos del pueblo originario debían ser observados bajo el respeto de los derechos indígenas consagrados en los tratados internacionales y convocó a una mediación para no judicializar el conflicto”, explica Sonia Ivanoff.

La mesa de diálogo estaba integrada por el gobierno provincial y el lof de Cushamen —la familia Benetton también fue invitada, pero nunca asistió—, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los derechos humanos participaban como veedoras para velar por el cumplimiento de los acuerdos. A pesar de las sesiones de mediación que se realizaron, y que buscaban una solución política a un conflicto que es, efectivamente, de índole político, el gobierno de Chubut cerró unilateralmente esta instancia de diálogo y volvió a llevar el reclamo a la instancia judicial.

En ese marco, se dictó la orden de allanamiento de ayer que terminó en una brutal represión contra la comunidad del lof de Cushamen.

Mediante un comunicado, el juez federal Guido Otranto señaló que sólo buscaban remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías de circulación de La Trochita. “La orden de allanamiento para constatar el estado de las vías fue, en forma encubierta, un nuevo intento de desalojo. Otro más desde que se inició el proceso de recuperación de estas tierras”, aclara Sonia Ivanoff. Y agrega: “El desalojo se realizó con un despliegue desproporcional, con un cerrojo establecido a cuatros kilómetros alrededor de la comunidad y sin control del operador judicial”.

Más de 150 efectivos de Gendarmería e Infantería avanzaron con carros de asalto y disparando contra los miembros de la comunidad: los hombres fueron brutalmente golpeados y tres de ellos trasladados detenidos; las mujeres esposadas eran arrastradas, mientras sus niños lloraban arrodillados a la tierra. En la desesperación las mujeres, solas en la ruca y rodeadas, advirtieron que estaban dispuestas a prenderse fuego si el operativa seguía avanzando. Sólo la presentación de un habeas corpus colectivo, logró detener el violento desalojo en el lof de Cushamen.

Sin embargo, en ese mismo momento, por orden del juez provincial, José Colabelli, la policía montada de Chubut reprimía a las comunidades indígenas del Maitén que se acercaban al lof desafiando el bloqueo a los accesos. “El juez justificó el allanamiento por una denuncia de abigeato. La policía usó balas 9mm y se llevó detenido de manera ilegal a 7 miembros de la comunidad; hombres y mujeres estuvieron encerrados en una misma celda sin recibir atención médica durante varias horas. Mientras tanto, los operadores judiciales negaban la violencia de la represión y la existencia de heridos; a las 5 de la tarde una de las mujeres me avisa que está detenida y tiene una fractura expuesta. Recién a la madrugada, la llevaron a la guardia médica”, detalla Sonia Ivanoff.

Ambas represiones dejaron decenas de heridos y casas destruidas, los miembros de la comunidad también denuncia que se llevaron sus animales sagrados. También hay 11 hombres y mujeres que, a la espera de la audiencia de control de detención, continúan encerrados e incomunicados. El juez Colabelli desafió ya señaló que iba a pedir la prisión efectiva de los detenidos. “Ahora, en lo inmediato, esperamos conseguir la libertad de todos ellos y después analizaremos como avanzar tanto en la denuncia de la represión como en el reclamo originario: la recuperación de las tierras ancestrales para el desarrollo productivo y cultural de los pueblos originarios”, cerró Ivanoff.

Es la tierra. La tierra que les corresponde por derecho ancestral, la tierra de la que fueron desalojados durante la campaña del desierto, la misma tierra que fue malvendida por el gobierno provincial a los empresarios como Benetton y Lewis.