La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Observatorio de violencia institucional hacia la niñez del Consejo Local de La Matanza presentaron, mediante una charla virtual, un informe sobre violencia policial en el partido del conurbano bonaerense. El relevamiento, que se realizó entre 2018 y 2019, da cuenta de un incremento de las prácticas de torturas y/o malos tratos de las fuerzas de seguridad contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Agresiones físicas, hostigamiento, detenciones ilegales de niños no punibles y casi una decena de casos de gatillo fácil. “Es el resultado de formas de intervención estatal que priorizan el despliegue de la fuerza y la violencia por sobre la protección y la garantía de derechos”, advierte el informe.

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(Agencia) El primer informe “Violencia institucional de las fuerzas de seguridad sobre hacia las niñeces y juventudes de La Matanza” es un relevamiento realizado entre enero de 2018 y octubre de 2019, a partir del trabajo conjunto entre la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Observatorio de violencia institucional hacia la niñez del Consejo Local de La Matanza. Los datos alarmantes del informe surgen de 150 entrevistas a jóvenes, referentes comunitarios y operadores del Sistema integral de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y la información obtenida de los libros de detenidos de nueve comisarías del partido.

“La violencia cotidiana es una violencia cotidiana. Un informe lleno de situaciones para las que es fundamentalmente preciso una intervención de cambio rotundo. Es la violencia más ominosa porque es la que produce el Estado. Esperamos que este cambio de rumbo político sea una oportunidad regenerativa de todas las fuerzas de seguridad, que humillan, atacan y persisten en estas dolorosas prácticas intolerables para un estado de Derecho”, señaló la presidenta de la CPM, Dora Barrancos, en la mesa de presentación que se realizó por zoom y se transmitió en vivo por la página de facebook del organismo provincial.

El informe señala que las prácticas de violencia policial contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAyJ) se acrecentaron durante la gestión anterior a partir de la decisión gubernamental, mediante normas y discursos públicos, de consolidar políticas punitivistas: la doctrina Chocobar fue el emblema de esas políticas regresivas. “El despliegue policial persiguió como fin el gobierno de las poblaciones vulnerables, en clave de control y no de prevención del delito”, dice.

“La administración de esta violencia tiene anclaje territorial en los barrios pobres y tiene un rasgo de sistematicidad. Pero esta violencia está en disputa y, en ese sentido, la incidencia de los actores de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes es trascendental para intervenir y prevenir estas violencias”, agregó el coordinador del área de Justicia y seguridad democrática de la CPM, Rodrigo Pomares

La mesa estuvo coordinada por el subdirector del programa de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y jóvenes de la CPM, Sergio Raimundo, y contó con la participación del secretario de desarrollo social del municipio de La Matanza Nicolás Fusca, Gabriela San Sebastián del observatorio que pertenece al Consejo Local y el presidente del Comité para la defensa de la salud, la ética y los derechos humanos (CODESEDH) Norberto Liwski.

“Hace mas de 15 años estamos trabajando en la promoción de un sistema de abordaje integral de las problemáticos de niños, niñas y adolescentes como una política pública en el ámbito local. Y teníamos la necesidad de involucrar este tema tan sensible de la violencia institucional con nuestros pibes y pibas en los barrios. Necesitamos generar un cambio en las prácticas cotidianas de las fuerzas de seguridad y que el Estado retome la presencia en nuestras barriadas para acompañar el desarrollo de nuestros pibes y pibas”, señaló Fusca.

Al momento de presentar los datos del informe, la licenciada Gabriela San Sebastián explicó que “el objetivo es desnaturalizar e incidir en las políticas públicas y el trabajo del observatorio tiene un fuerte anclaje territorial y de impronta colectiva, de proximidad muy fuerte, este informe tiene esta característica”. Y agrega sobre las prácticas de violencia policial relevadas: Estas prácticas tienen una historia y continúan. Son dinámicas que atraviesan la vida de los pibes y vulneran sus derechos”.

La estrategia de control policial mediante la saturación territorial de los barrios más vulnerables está a la vista de los resultados que arroja el informe: las 150 personas que respondieron la encuesta señalaron que en sus barrios había presencia de fuerzas de seguridad de la Policía Bonaerense, Federal, Gendarmería, Guardia Urbana y otras; en algunos casos, notaron la presencia simultánea de hasta tres fuerzas en el barrio.

Como se explica en la introducción, el resultado directo de esta política no es más seguridad sino más violencia. En las 150 entrevistas que la mayoría de las víctimas (el 86% de los casos) son varones jóvenes y se señalaron más de mil prácticas de violencia institucional: maltrato verbal, requisas, control de identidad, agresiones físicas y amenazas aparecen entre las más recurrentes.

“Estas prácticas se relacionan entre sí, ya que generalmente comienzan con una intervención policial fuera de lugar y luego se desarrolla en una cadena de situaciones que expresa un disciplinamiento”, explica el informe. Es decir, una medida de control arbitraria escala hasta situaciones de violencia explícita. “Generalmente gendarmería te para, amenazan, te revisan y si tenés droga te golpean entre todos, esposan a los jóvenes, les pegan patadas o le dan picanazos. La gendarmería si te encuentra marihuana te obligan a que lo mastiques o te lo comas”, relata a modo de ejemplo uno de los entrevistados.

Si bien las principales víctimas de estas prácticas son jóvenes y varones, tanto en el despliegue territorial como en las comisarías, las fuerzas de seguridad también ejercen violencia contra las mujeres. Violencias que, en muchas oportunidades, contienen una particular agresión por la condición de mujer. En ese sentido, las jóvenes entrevistadas han relatado, por ejemplo, situaciones de manoseo o exigencia de desnudo frente a personal masculino.

Otro de los problemas que se desprenden de estos hechos: la subdenuncia. Según los datos elaborados para el informe: tres de cada cuatro personas afirmaron que las prácticas de violencia institucional no son denunciadas judicialmente por las personas de su barrio. El miedo a las represalias es el principal motivo para no realizar la denuncia.

“El informe nos deja la certeza de que pibas y pibes de nuestras barriadas populares se sienten amenazados, perseguidos y castigados por la violencia. Nos están diciendo que, en su experiencia concreta, la violencia policial está basada en la discriminación más abyecta por la cara, la ropa o el barrio que habitan”, expresó a modo de conclusión Norberto Liwski. Y cerró: “Se trata de un ciclo intervención que tiene como finalidad el disciplinamiento y el control del territorio sobre los jóvenes a los cuales se les atribuye las situaciones, fácticas, o no, de la inseguridad en la que una comunidad desenvuelve su vida cotidiana”.

Abuso de autoridad, torturas y gatillo fácil

Además de esta muestra de 150 entrevistas, el informe también contiene la información de 90 fichas de relevamiento de casos de violencia institucional que los y las jóvenes relataron a operadores del Sistema integral de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. En la mayoría de los casos, 80, intervinieron agentes de la Policía Bonaerense; en los restantes 10 eran policías de civil y no se pudo conocer a qué fuerza pertenecen.

De las 90 prácticas de violencia institucional relatadas por las víctimas, 64 corresponden —según el criterio de la Defensoría de Casación bonaerense— a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.  Es decir, alguna forma directa de maltrato físico o psicológico que se comete mediante actos de intervención policial ilícitos. “El registro de situaciones caracterizadas por este tipo de violencia sugiere que se trata de una práctica reiterada en el proceder de varios efectivos de las fuerzas de seguridad”, se agrega en el informe.

En 43 de las 90 situaciones, a veces de manera complementaria con una práctica de tortura,  se observó algún tipo de abuso de autoridad. “Esta categoría incluye aquellas situaciones en las que los efectivos de las fuerzas de seguridad se atribuyen mayores prerrogativas de las que les corresponden legalmente, o cuando llevan adelante acciones represivas tales como sustracción de DNI, retención de teléfonos celulares, requisas, amedrentamientos”, explica el informe.

El último dato y más grave por sus consecuencias es sobre uso letal de la fuerza: de las 90 prácticas denuncias, 9 fueron casos de gatillo fácil: “seis de las víctimas tenían entre 16 y 20 años de edad, uno era menor de 16 años, mientras que dos jóvenes tenían 22 años. En cuatro de estas situaciones, los y las policías que disparan lo hacen estando vestidos de civil y no en el marco del ejercicio de sus funciones. En dos situaciones, los jóvenes recibieron disparos por la espalda”, detallan.

Comisarías: detenciones ilegales de niños y niñas no punibles

La Comisión Provincial por la Memoria, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, monitorea periódicamente los lugares de encierro. Si bien en el partido de La Matanza hay 25 comisarías, en el marco de este informe se relevó la información contenida en los libros de detención de las 9 dependencias policiales que fueron señaladas por los y las entrevistadas.

Entre enero y agosto de 2019, se registraron 319 detenciones de jóvenes menores de 18 años, que da cuenta de un promedio de 40 por mes. Más preocupante aún resulta la gran cantidad de niños y niñas no punibles: de esos 319, 110 tenían menos de 15 años. Esas detenciones ilegales representan el 35% del total.

Los libros de detenciones no alcanzan para dimensionar la gravedad de la situación porque es información producida por los mismos agentes policiales y, muchas veces, no permiten conocer con certeza las diferentes intervenciones de operadores judiciales ni ejecutivos. Otras veces, la información directamente ni siquiera está. Sólo como muestra a modo de ejemplo, en 5 de las 9 comisarías relevadas se incumplía la obligación de registrar los horarios de ingreso, lo que hace imposible determinar durante cuánto tiempo los NNAyJ estuvieron alojados en la dependencia.

El otro dato alarmante es la falta de intervención del Sistema integral de promoción y protección de derechos de NNyA. En los libros relevados sobre las libertades otorgadas se registran las categorías de libertad o remisión —las más comúnmente usadas en el libro de ingreso y salida—, entrega de menor, entrega a familiar y libertad por fiscalía. Estas categorías representan la puesta en libertad o la intervención del Poder Judicial, sin embargo no se registra en ningún caso la intervención de las instancias de promoción y protección de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.