En el transcurso de una semana, las fuerzas de seguridad federales reprimieron dos movilizaciones de jubilados que protestaban contra el veto presidencial a los cambios en la movilidad jubilatoria votados por el Congreso. En su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, y siguiendo con las tareas de monitoreo de la represión a la protesta social, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) describió que en ambos casos, el miércoles 28 de agosto y el 4 de septiembre, se produjo un violento y desproporcionado despliegue policial frente al Congreso. Esto derivó en graves agresiones y lesiones contra los manifestantes que se expresaban pacíficamente. Más de 30 personas resultaron heridas por los golpes con tonfas, escudos y gases químicos. Entre las víctimas (algunas debieron ser hospitalizadas) había personas mayores, jubilados y jubiladas, trabajadores de prensa e incluso un integrante del Mecanismo local de prevención de la tortura de CABA. Además, durante la desconcentración del último miércoles dos personas fueron detenidas arbitrariamente. La CPM denunció penalmente ambos hechos que recayeron en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10 con asiento en Comodoro Py y solicitó que ambas causas se acumulen.

ANDAR en CABA

(Agencia) Tras la represión a jubilados que se movilizaron el miércoles 28 de agosto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había señalado en la presentación de la denuncia penal que “las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar policial, que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas. Este deber implica la protección de los derechos y garantías fundamentales de las personas, en particular los establecidos en la Constitución nacional y en las declaraciones, convenciones, tratados y pactos internacionales”.

Una semana después, casi en idénticos términos, se expresó en una segunda denuncia penal por la violenta y desmedida violencia represiva de las fuerzas de seguridad federales durante una nueva concentración de jubilados que se expresaban pacíficamente contra el veto presidencial a la ley sobre la nueva fórmula de cálculo jubilatorio votada semanas atrás por el Congreso de la Nación.

Jubilados y jubiladas, que se manifestaban contra una medida presidencial que implicaba una merma en la recomposición de sus ya magros haberes jubilatorios, fueron reprimidos dos veces en una semana: golpeados con tonfas, patadas, empujones y rociados con gases químicos en un inusitado operativo policial cuyo objeto era el de impedir la manifestación.

Las denuncias penales presentadas por la CPM por ambos casos surgen de lo relevado durante las jornadas de monitoreo de la represión de la protesta social que, en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, viene realizando desde la implementación del protocolo antipiquete.

De acuerdo a lo relevado y denunciado por la CPM, más de 30 personas resultaron heridas con lesiones de distinta gravedad durante estas represiones; entre las víctimas se contaban jubilados y jubiladas, entre ellas una mujer de 61 años con un corte en el pecho por un golpe con una tonfa, una joven de 16 años derivada a un centro de salud por un cuadro de convulsiones, trabajadores de prensa que cubrían lo que ocurría frente al Congreso y, durante la más reciente represión, un integrante del Mecanismo local de la prevención de la tortura de CABA que junto a la CPM y el Comité nacional para la prevención de la tortura realizaba su tarea de control y monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad.

Específicamente, en la represión del miércoles 28, el equipo de la CPM llegó a la zona del Congreso poco antes del inicio de la manifestación y comenzó a registrar cantidad de efectivos, patrulleros, camionetas de traslado de personal de seguridad, armas. Sobre este último punto, se identificaron y fotografiaron agentes de la policía federal que portaban sus armas reglamentarias, en contravención con lo establecido por los estándares internacionales en materia de derechos humanos en el marco de hechos de protesta social.

Alrededor de las 16 horas comenzó la violencia policial. Según la denuncia penal de la CPM, “el oficial identificado como subcomisario D.A López comienza a propinar golpes con su tonfa y agrede a un grupo de jubilados que se encontraban en la movilización. Producto de esta situación uno de ellos presentó lesiones en la cabeza y fue asistido por integrantes de una posta de salud”, señala el informe en el que se adjuntaron imágenes sobre las lesiones. “Sobre la avenida casi al borde de la vereda del Congreso, observamos que una efectivo, comienza a agredir a los manifestantes con su escudo, propinando golpes de puño y patadas a todos los que se le acercaban. En ese contexto algunos efectivos empiezan a arrojar spray irritante, provocando varios heridos, entre ellos algunos periodistas que se encontraban realizando su trabajo de registro”, describe.

Una semana después, durante una nueva movilización de jubilados y organizaciones, se advirtió desde temprano la presencia de unos 800 efectivos de las distintas fuerzas federales desplegados en las inmediaciones del Congreso; una vez más, y frente a una manifestación que se desarrollaba de manera pacífica, el despliegue de las fuerzas de seguridad sólo busco impedir la movilización.

Frente a la sede del anexo del Congreso, donde se inició la movilización, se desplegó de manera intimidatoria una columna de Gendarmería Nacional a la que se sumaron efectivos de la Policía Federal, que impidió el paso de la marcha; en ese momento efectivos de Gendarmería comenzaron a agredir con tonfas y gases químicos lanzados de forma irracional, innecesaria y desproporcionada, ocasionando los primeros heridos.

Luego de ese primer momento, la Prefectura Naval Argentina intervino cortando las arterias de Av. Callao y Rivadavia, provocando la agresión con gases a jubilados y periodistas que se apostaban sobre esa esquina para finalizar la marcha, ocasionando heridos con problemas respiratorios graves que fueron atendidos por personal del Cuerpo de evacuación y primeros auxilios (CEPA). En ese contexto también resultó herido el integrante del Mecanismo local de CABA.

Momentos posteriores, una vez que la marcha sobre el Congreso había finalizado y quedaban algunos jubilados para desconcentrar, un grupo de personas de Gendarmería se posicionó sobre la Av. Callao cortando la arteria, comenzando a marchar sobre las personas que pacíficamente estaban circulando, y sobre los periodistas que estaban registrando la jornada, pasando por sobre la integridad personal de varias personas, agrediendo primero con los escudos y tonfas en las piernas, y luego arrojando sin motivo, ni finalidad alguna gases químicos inhabilitantes, de forma indiscriminada y carente de fundamento en dispersión alguna, sino con el único motivo de ocasionar lesiones.

Durante los distintos momentos de la represión ocurrida el último miércoles, sólo los integrantes del CEPA que participa junto a la CPM en las actividades de monitoreo debieron asistir en el lugar a al menos 26 personas.

Luego de la represión, y cuando la gente estaba desconcentrando, la Policía Federal detuvo de manera arbitraria a Francisco Bellomo de 62 años y a Roberto Vidal, ambos por atentado y resistencia a la autoridad; incluso, durante la detención de Vidal, miembros de la Policía Federal golpearon y patearon a personas que reclamaban por la detención.

Con escasos días de diferencia, la CPM presentó las dos denuncias penales que recayeron en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10 de Comodoro Py por el desproporcionado y violento operativo policial desplegado tanto el miércoles 28 de agosto como el 4 de septiembre requiriendo que se esclarezcan las responsabilidad y la eventual comisión de delitos por parte de los agentes de seguridad.

En el petitorio el organismo exige el despliegue de una exhaustiva, urgente y rigurosa investigación penal en virtud de los graves hechos puestos en conocimiento del Juzgado, con especial énfasis en la determinación de la autoridad que dio la orden para el despliegue represivo de la policía, la nómina del personal policial que participó del brutal operativo y la información precisa relativa a las compras de lanzadores de gas agresivo, entre otras medidas de prueba solicitadas.

Cabe aclarar que desde fines del año pasado la CPM realiza periódicamente jornadas de monitoreo de la violencia policial sobre la protesta social, en virtud de las prácticas represivas que el nuevo gobierno nacional instaló con el mal llamado “protocolo antipiquetes”.

En este sentido y en 34 jornadas de monitoreo realizadas, se han recopilado casos de lesiones físicas, aprehensiones policiales y utilización sistemática de gases químicos, entre otros aspectos de interés vinculados a la vulneración de derechos humanos como herramientas de disciplinamiento social y de control estatal de los espacios públicos. En ese sentido, y tal como lo señala en las denuncias presentadas, la CPM expresó nuevamente la preocupación por la sistemática vulneración del derecho constitucional a la protesta social por parte de las fuerzas federales.