Este lunes 26 de junio la titular del Juzgado de Garantías 4 del departamento judicial de Bahía Blanca, Marisa Gabriela Promé, resolvió favorablemente la acción de habeas corpus colectivo presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -Mecanismo Local de Prevención de la Tortura-, por las gravosas condiciones de detención en las que permanecían cuatro personas alojadas en la estación de Policía Comunal de Punta Alta, partido de Coronel Rosales. La comisaría no posee espacios adecuados para tal fin y por tal motivo cuenta con clausura administrativa del propio Ministerio de Seguridad. Por falta de calabozos, los detenidos estaban alojados en la cocina de la comisaría y pasaban hasta 20 horas esposados, sin provisión de comida ni elementos de higiene y debiendo soportar, el uso de grilletes como medida de seguridad. La jueza dispuso la relocalización de las personas en el plazo de 24 horas, en instalaciones que no perpetúen la vulneración de sus derechos.

ANDAR en Punta Alta

(Agencia) Además de ordenar la reubicación de las cuatro personas alojadas en la estación de Policía Comunal de Punta Alta, la jueza Marisa Gabriela Promé ordenó que, mientras tanto, se garantice el suministro de comida y elementos de higiene, debiendo asimismo “minimizar desde la dependencia policial las medidas de contención a fin de resguardar las condiciones de dignidad humanas”. Con esta última mención, la magistrada se refiere al empleo ilegal de las esposas y grilletes que los detenidos debían utilizar la mayor parte del tiempo como “medidas de seguridad” establecidas por el personal policial. Además, en caso de que se produzca el ingreso a la dependencia policial de nuevos aprehendidos, “deberá comunicarse dicha circunstancia al Ministerio Público Fiscal y al juez de intervención a los fines que se estimen corresponder en orden a su lugar de alojamiento”, señaló la jueza en el fallo del habeas presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

Así, la justicia bonaerense vuelve a intervenir en una práctica constante y de vulneración sistemática de derechos como es el alojamiento de personas detenidas en dependencias policiales que no están adaptadas para tales fines, ya sea porque cuentan con clausura administrativa como en el caso de la comisaría de Punta Alta, una clausura judicial o porque los calabozos están en pésimas e inhabitables condiciones.

Bajo este tipo de prácticas ocurrieron durante los últimos años los peores crímenes de personas bajo custodia estatal: las masacres de Pergamino en 2017 y de Esteban Echeverría en 2018, donde murieron 7 y 10 personas respectivamente. Pese a la gravedad de la situación la policía sigue desobedeciendo clausuras ordenadas por sus superiores o incluso por las autoridades judiciales.

El caso de Punta Alta llegó a conocimiento de la CPM a través de un familiar de uno de los detenidos, que advirtió sobre las inhumanas condiciones en las que cuatro personas permanecían alojadas. Ocupando un sector de la cocina de la dependencia de la policía comunal, los detenidos permanecían esposados durante 20 horas al día bajo pretexto de presuntas medidas de seguridad. Las esposas eran sustraídas por pocas horas para que las personas pudieran higienizarse, cocinar y comer. Sin embargo, ni los alimentos ni los elementos de higiene eran provistos por la autoridad policial sino que debían ser traídos por las familias. En cuanto a la ducha, no contaban con agua caliente por lo que debían bañarse con agua fría salvo contadas excepciones en las que les permitían calentar un poco. Asimismo, no accedían al uso del teléfono celular y permanecían incomunicados la mayor parte del tiempo. Sólo podían recibir visitas de sus familiares dos veces a la semana por espacios de entre 30 y 40 minutos.

De acuerdo al último reporte del Centro de Operaciones Policiales (COP) remitido a la CPM, una de las personas alojadas en aquella dependencia policial estaba desde mediados de abril, un período demasiado extenso teniendo en cuenta el uso de grilletes y el estar esposados durante la mayor parte del tiempo.

En el marco de una inspección realizada por la jueza y su auxiliar letrada con motivo de la tramitación del habeas corpus, los detenidos sumaron a las ya señaladas afectaciones a sus derechos la afectación del vínculo familiar y el escaso acceso a las comunicaciones telefónicas, que sólo eran habilitadas según la voluntad del personal policial.