Charla debate sobre violencia institucional con referentes de DDHH y legisladores

ANDAR en la legislatura

(Agencia) El Senado bonaerense coordinó esta mañana la charla debate “Violencia institucional, la agenda legislativa pendiente en la provincia de Buenos Aires” en la que participaron referentes en la materia de distintos organismos de derechos humanos y del Poder Judicial.

La jornada abrió a las 10 de la mañana con la coordinación y exposición de la senadora y presidenta de la Comisión de DD.HH y Garantías, Mónica Macha, encabezando una mesa que completaban Marcelo Saín, diputado de Nuevo Encuentro, Mario Coriolano, defensor de Casación Penal de la Provincia, y Paula Litvachky, directora del área de Seguridad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Allí realizaron un diagnóstico sobre la situación respecto de la violencia institucional y los desafíos de cara al 2015.

Luego de un receso disertaron Hugo Cañón, co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea y presidente de la ONG Pensamiento Penal, y la diputada Fernanda Raverta (FPV).

[pullquote]se naturalizan formas de invisibilidad de ciertas realidades y se instalan dobles discursos[/pullquote]

“La llamada seguridad nos plantea un debate sobre estos conflictos en términos de guerra, donde se apunta al exterminio del otro”, consideró Cañón. El referente de la CPM analizó que cuando se trata de abordar la problemática de la violencia institucional “se naturalizan formas de invisibilidad de ciertas realidades y se instalan dobles discursos” que “formatean” el clima social desde los medios y sectores políticos y de poder apuntando a señalar a otros como los peligrosos. El ex fiscal también se refirió al papel de la policía como el brazo ejecutor de este “control social”. En el caso de la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, puntualizó que se trata de funcionarios policiales que tiene al menos “grandes dificultades para aplicar la fuerza en el marco del estado derecho, mientras no dudan en su aplicación de forma clandestina”.

En este punto su mirada se articuló con la exposición del juez Juliano que se refirió a la figura de averiguación de identidad como una facultad discrecional de la policía, legal pero “inconstitucional”, que “habilita espacios de no derecho por 12 horas donde los ciudadanos son virtualmente chupados”. Cañón enfatizó que estas medidas están centralmente dirigidas a la población más marginal, “los que están expulsados del mercado”. “Pero más allá del ejecutor, que es el policía, hay poderes que avalan esta violencia. Hoy los golpes de estado no son a través de los militares sino las policías; la doctrina ya no es la de seguridad nacional sino la de seguridad ciudadana”, dijo el presidente de la CPM.

[pullquote]Así como ningún pibe nace chorro, ningún policía nace torturador, se los hace institucionalmente[/pullquote]

La institución policial fue central en el debate. Marcelo Saín consideró que no basta con cambiar la formación de la academia, porque a pesar de la importancia de la formación “existen en ese espacio cuestiones culturales muy difíciles de desmontar”, dijo el diputado quien agregó que al progresismo le es muy difícil pensar líneas de acción en estos ámbitos. “Así como ningún pibe nace chorro, ningún policía nace torturador, se los hace institucionalmente”, agregó.

“Es una corporación mafiosa que hemos denunciado desde hace 10 años en los informes de la Comisión”, ratificó Cañón y mencionó como caso testigo el de Luciano Arruga, quien se negó a robar para la policía y terminó desaparecido y aún sin justicia.

Ante esta situación, varios de los panelistas coincidieron que la principal herramienta es la militancia. “Contra la violencia institucional hay que trabajar desde la militancia y la organización social, para ponerle el cuerpo a la disputa territorial”, sintetizó Cañón, que cerró su exposición concluyendo que “hay que consolidar el poder popular para enfrentar los poderes fácticos”.