ANDAR en La Matanza

(Agencia) La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza realizó una conferencia de prensa para denunciar una causa que iniciaron en su contra, en la que está acusada de presionar a detenidos para que testifiquen contra agentes policiales. Estuvieron presentes Nora Cortiñas, de Madres de Plaza Línea Fundadora, Aldo Etchegoyen, de la APDH nacional, los padres de Gabriel Blanco, Teófilo  y Carmen. La Comisión por la Memoria – a través de una carta de sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón- ponderó el trabajo que el organismo realiza desde hace años y acompañó el pedido de desestimación de la denuncia en forma inmediata.

La conferencia se realizará el miércoles 14, desde las 11, en la sede de la APDH, en Esnaola al 3780, San Justo

Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza, denunció la continuidad de una causa contra militantes del organismo por “extorsión” y señaló “la actitud inmoral y antiética de algunos abogados a quienes no les importa nada para mejorar la situación de sus defendidos”. La denuncia fue presentada en septiembre del año pasado por parte de un grupo de abogados que patrocinan a los tres policías procesados por el asesinato del joven Gabriel Blanco, ocurrido el 1 de marzo de 2007 en la comisaría de San Carlos, Isidro Casanova. Los denunciantes acusan a integrantes de ese organismo de haber presionado a varios detenidos de esa comisaría para que testificaran contra los policías a cambio de una eventual mejora en la situación procesal y en las condiciones de detención.

En diálogo con ANDAR, el referente de la APDH-La Matanza, Pablo Pimentel, explicó que los testigos, desde un primer momento, habían testificado sobre los gritos de dolor que se oyeron en la comisaría aquella noche del 1 de marzo de 2007, pero que en 2013, por pedido de los defensores de los policías procesados, se volvieron a realizar las declaraciones testimoniales y allí se produjo un cambio en la versión de los detenidos.

“En la nueva declaración, los testigos señalan que en marzo de 2007 varios integrantes de la APDH-La Matanza visitaron la comisaría de San Carlos y que les habrían ofrecido las supuestas mejoras en sus respectivas situaciones procesales a cambio de denunciaran a los policías, algo que nosotros consideramos una canallada, una falacia y una enorme falta de ética y moral por parte de estos abogados defensores que están utilizando a personas vulnerables para dar curso a esta operación de persecución judicial”, señaló Pimentel.

Fue en base a ese cambio de declaraciones por parte de los testigos que los defensores de los policías presentaron la denuncia penal ante la Fiscalía General señalando a la APDH-La Matanza, a Pablo Pimentel, a un médico y a la Comisión Provincial por la Memoria. Ya en 2014 se presentó ante Fiscalía General un pedido para que fuera desestimada la denuncia pero el planteo fue rechazado y aun no se conocen los argumentos.

“Nosotros decidimos que debemos pronunciarnos categóricamente contra esta persecución y procesamiento a organismos de derechos humanos desde los cuales lo único que hacemos es acompañar a las víctimas, sin necesidad de inventar nada porque ya de por sí todos los casos que acompañamos son gravísimos y hablan por sí solos respecto a la responsabilidad de la policía de la Provincia en casos como el de Gabriel. Por eso convocamos a la conferencia del miércoles 14, en la cual estaremos acompañados por organizaciones hermanas para decir que no aceptaremos que persista esta persecución”, destacó Pimentel.

También adelantó que el próximo 28 de mayo, desde las 5 de la tarde, se realizará una marcha que llegará a la plaza de San Justo para reclamar por las víctimas del sistema de la impunidad y de la que participarán familiares de víctimas de la violencia policial y organizaciones de derechos humanos, entre ellas la APDH-La Matanza.

De acuerdo al comunicado difundido por el organismo de derechos humanos, la denuncia por las supuestas presiones a detenidos “es parte de una persecución de sectores del sistema judicial, policial y político, molestos por el acompañamiento que hacemos a las víctimas de la violencia institucional. La Justicia tiene que trabajar con total independencia y debe desestimar de plano las maniobras de quienes pretenden mejorar la situación procesal de sus defendidos con mentiras y difamaciones”.

El asesinato de Gabriel Blanco

Con notables similitudes al caso de Luciano Arruga, en marzo de 2007 la policía de la comisaría de San Carlos, Isidro Casanova, detuvo al joven Gabriel Blanco luego de que este se negara a robar bajo las órdenes de los efectivos. Fue ingresado a la comisaría, brutalmente golpeado y durante la noche su cuerpo apareció sin vida en una puesta en escena que sugería que el joven se había suicidado en la celda.

Desde el comienzo, la causa fue caratulada como averiguación de causal de muerte, en tanto que la APDH-la Matanza, que intervino junto a los familiares del joven, denunciaba que se había tratado de un caso de torturas seguidas de muerte.

A partir de la intervención en la instrucción de la causa por parte del fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, la investigación tomó nuevo rumbo y comenzó a visualizarse el brutal crimen cometido en la comisaría.

La segunda pericia realizada en la celda de la comisaría fue llevada a cabo por Gendarmería y se determinó que el suicidio por ahorcamiento no era factible dada las circunstancias y el tiempo que permaneció el joven hasta que fue hallado muerto. Asimismo, se verificaron las lesiones provocadas por las torturas y golpizas sufridas en la comisaría y de la que otros detenidos testificaron al inicio de la causa.