En la provincia de Buenos Aires hay más de 2 mil mujeres presas. Muchas de ellas son madres y jefas de familia. Desde el 20 de marzo, cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio luego prorrogado hasta la fecha, el contexto también cambió y afecta a esta población con sus particularidades. ¿Cuál es el impacto del aislamiento obligatorio para quienes ya están aisladas?; ¿qué políticas públicas existen para quienes deben maternar encerradas o desde el encierro?; ¿qué pasa una vez que acceden al arresto domiciliario?

ANDAR en las cárceles

(Agencia Andar) En sus fallos, normas y disposiciones los tres poderes del estado coinciden en señalar a las mujeres, en particular a las mujeres madres, como un colectivo vulnerable. Pero pocas veces la letra se traduce en política pública efectiva y las desigualdades que dejó en evidencia la pandemia en tantos otros aspectos se agudizan en el encierro.

“Hay muchas mujeres esperando encontrarse con sus hijos y corriendo el riesgo de que esta pandemia y la sobrepoblación hagan un desastre”, dice Canela Bella, referente de Proyecto Mecha, y sabe de lo que habla: ella tuvo a sus dos hijos estando detenida. Incluso antes de la pandemia, en el marco de la mesa de diálogo interinstitucional conformada para trabajar sobre la grave crisis humanitaria del sistema de encierro de la Provincia, se evaluaron medidas para esta población entre las cuales se destacó el acceso a la prisión domiciliaria.

Pero el sistema penal, tanto desde sus actores judiciales como penitenciarios y ministeriales, entienden como “madres” sólo a aquellas mujeres que tienen hijos o hijas menores de 5 años, la mayoría de ellas alojadas en la Unidad 33 de Los Hornos en el caso de la Provincia. Son 77 mujeres de las cuales unas 25 accedieron en este último tiempo a la morigeración de su pena con esta modalidad.

“El rango etario para otorgar es con niños menores de 5 años a cargo y creemos que tendría que crecer ese rango, por lo menos hasta los 12 años. Los niños necesitan estar con la madre siempre, pero más en esas edades y venimos peleando por eso. Pedimos un montón de arrestos domiciliarios, algunas no consiguen domicilio, otras se los niegan sus jueces a algunas se les suspendió la transitoria, otras madres tienen a sus niños en hogares. Hay muchas compañeras en preventiva por tenencia de estupefacientes con fines, con penas posibles de 3 años en preventiva; bueno y así cosas innumerables: los niños encarcelados que no pueden ir con sus familiares a pasear porque está la cuarentena, y las chicas dentro de la cárcel teniendo ya poca visita por ser mujeres: eso ya lo sabemos, que las que les llevan sus cosas son otras mujeres también cabezas de familia, o mayores de 60 que crían a sus nietos y tienen que transgredir la cuarentena para poder abastecer las necesidades que el estado no abastece”, enumera Canela.

De las 2151 mujeres detenidas sólo el 21% (un total de 462) ha accedido a un arresto monitoreado fuera de los penales de la Provincia. Quienes gozan de esta morigeración también están a cargo del estado y requieren de políticas públicas específicas, que no existen. Andrea Casamento, referente de ACIFAD una asociación civil de familiares de detenidos, evalúa que para ellas la situación es crítica. “Las personas que están saliendo con arresto domiciliario no conocen mucho cuáles son los circuitos dentro de sus propios municipios: no tienen idea dónde hay un comedor, dónde pueden pedir ayuda, muchas tienen que tramitar ahora la AUH porque mientras estuvieron detenidas no la pudieron tramitar y como todo está cerrado quedan aisladas ahí sin ninguna o con muy poca posibilidad”.

Llevar la cárcel a la casa

El acceso a la morigeración de la pena implica hoy para las personas detenidas que se lleven consigo muchas de las malas condiciones y agravamientos del encierro. La falta de comida, la inasistencia a la salud, el padecimiento de violencia. Casi no existen políticas públicas para esta modalidad de privación de la libertad y, si las hay, no se implementan.

Estefanía es integrante de Proyecto Mecha y cumple con un arresto en su casa desde hace tres años. “Lo más difícil es poder encontrar un sustento para solventar las necesidades básicas que van surgiendo día a día, sobre todo cuando sos madre. En mi caso, que soy primeriza, el estar encerrada más los miedos que te genera la maternidad los primeros tiempos hacen que necesites sobre todas las cosas contención, en primer lugar, contención de algún tipo porque la familia está abocada a poder conseguir recursos que permitan sustentar esas necesidades, principalmente en materia de salud o de alimentos”, señala.

Su bebé nació con problemas de salud y algo tan rutinario en los primeros meses de vida, como las consultas médicas, se volvía una odisea. “Lo más doloroso es cuando tu hijo tiene problemas de salud y requerís sí o sí de que otra persona cubra esas necesidades, que lo lleve a una guardia, a la pediatra porque vos no podes salir porque las autorizaciones tardan, porque a veces llegan y no te notifican, a veces no llegan la burocracia es un trastorno para estas situaciones. Uno de los problemas más importantes que tuve con respecto a los traslados fue que la policía exigía que me trasladaran esposada de pies y manos con mi hijo upa, recién nacido. Posteriormente, a partir de mi queja, decidieron que solamente me podían trasladar a mí sin mi hijo, lo cual no tenía sentido porque no podía pagar un taxi para que el chico fuera en un remis y que ellos me llevaran”.

La comida diaria es otro desafío, el sustento. “Los pañales, las cuestiones que tienen que ver con necesidades básicas. Y con esto de la cuarentena se agudizó la situación porque es poco lo que se puede salir, es mucho lo que se consume al estar todos en la casa”, agrega Estefanía. Como ella, muchas mujeres sólo cuentan con la Asignación Universal por Hijo y algún bolsón de comida, que siempre es escaso y sólo cubre el abastecimiento de alimentos secos.

Desde ACIFAD detectaron que el Patronato de Liberados, el organismo a cargo del acompañamiento de quienes cumplen el arresto en sus casas, no está funcionando más que a través de llamados telefónicos, y buscan que los jueces u otros funcionarios responsables les avisen a los municipios que hay una persona con arresto domiciliario para que puedan llegar a ellas del mismo modo que llegan al resto de la población que está en sus casas.

Hoy, más del 95% de la población detenida está alojada en cárceles, comisarías y alcaidías en condiciones infrahumanas. Volver a casa no puede ser llevarse la cárcel más allá de la restricción ambulatoria.