En el Complejo Universitario de Olavarría dio inicio el primer juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni. A las 15 hs comenzó la primera audiencia en la que se leyó la elevación a juicio de la causa

ANDAR en Olavarría (Agencia Comunica/ FACSO-UNICEN) Ante un recinto colmado, en la tarde del lunes comenzó la primera audiencia del juicio. Aproximadamente 180 personas completaron los asientos disponibles en el Salón de Usos Múltiples de Aulas Comunes en el Complejo Universitario de Olavarría que fue reacondicionado para ser el recinto en el que por dos meses se llevarán a cabo las audiencias.

La jornada comenzó a las 15 hs. Estuvieron presentes distintas autoridades encabezadas por la Lic. Gabriela Gamberini, vicedecana de la FACSO; César Valicenti, diputado provincial; Walter Abarca, senador provincial; Alicia Tabarés, ex diputada nacional y su hijo José González Hueso; la esposa del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno y sus hijos. Además presenciaron la audiencia concejales de distintos bloques del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría y agrupaciones locales y de la región de derechos humanos. También siguieron de cerca el inicio de la audiencia familiares y amigos de las víctimas-testigos a través de la pantalla instalada en el escenario afuera del recinto.

El encargado de abrir la audiencia fue el juez Roberto Atilio Falcone quien presidirá todas las sesiones del juicio junto a los jueces Mario Alberto Portela y Néstor Rubén Parra, que conforman el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. En su oratoria Falcone, indicó que se leería la elevación a juicio de la causa en la que están imputados el coronel Ignacio Aníbal Verdura (79), jefe del área 1/12/124 a la que perteneció Olavarría; el capitán Walter José “Vikingo” Grosse (66); el teniente primero Horacio Rubén Leites (61) y el sargento Omar Antonio “Pájaro” Ferreyra (61), quienes se encuentran presos en la Unidad Penal Nº32 de Campo de Mayo, salvo Verdura que cumple prisión domiciliaria en Santo Tomé. Inmediatamente el juez nombró a los imputados, el público comenzó a silbarlos, a lo que el presidente del tribunal indicó que si no se daban las condiciones de orden y seguridad en el recinto, las sesiones se realizarían a puertas cerradas.

La fiscalía está integrada por el jefe de la Unidad de Delitos de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal, Dr. Jorge Auat, el fiscal federal de Mar del Plata, Daniel Adler y el fiscal federal de Azul, Walter Romero. La defensa de las víctimas-testigos está en manos del abogado César Sivo por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Dr. Manuel Marañón por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Durante la audiencia Falcone indicó los nombres de los abogados de los imputados: María Isabel Labattaglia (defensora oficial) por Verdura, Gerardo Ibáñez por Grosse, Claudio Castaño y María Isabel Labattaglia quien también defenderá a Ferreyra.

El secretario del tribunal, Ezequiel Oneto leyó la elevación a juicio de la causa en la que se indican los nombres de las víctimas-testigos, fechas en las que fueron secuestrados y las acusaciones a los militares, reconstruidas con los testimonios de las víctimas-testigos del terrorismo de Estado en Olavarría y con las investigaciones llevadas adelante por la fiscalía. A Verdura se lo acusa de dos muertes (Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini), privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, hechos que se agravan por su rol de funcionario público. Fue el encargado de llevar adelante el plan sistemático que implementó el Gobierno de facto y su rol de jefe del área no le permite desconocer los hechos sucedidos en Olavarría en esa época. Por su parte, Grosse, Leites y Ferreyra están acusados de privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos a más de 25 personas. En todos los casos, la figura legal que se utiliza para imputarlos es la de “coautor en los hechos que se les atribuyen”.

El secretario del tribunal prosiguió con la contextualización histórica de la causa en la que se detalló cómo operó la lucha contra el orden subversivo: amenazas, detención, interrogatorios, tormentos y puesta a disposición del Estado o eliminación física. Cerca de las 16:40 el tribunal dio lugar a un cuarto intermedio que tuvo una duración de media hora aproximadamente y en ese lapso de tiempo ingresó al recinto la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto acompañada de su hijo Guido “Kibo” Carlotto, Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Oneto continuó con la lectura y el abogado defensor de Grosse, Gerardo Ibáñez, interrumpió la misma para solicitar que los reporteros gráficos presentes no sacaran más fotos ni a él ni a los imputados algo que el presidente del Tribunal avaló. En la elevación a juicio también figuran las penas que les caben a los imputados y varían entre 8 y 25 años de prisión efectiva. El fundamento está basado en la Constitución Nacional, el Código Penal y en la Declaración Internacional sobre Derechos Humanos, que la Argentina adscribe. Finalizada la lectura de la elevación a juicio de la causa, cerca de las 18 horas, el juez Rubén Atilio Falcone solicitó a las partes indicar si contaban con alguna cuestión preliminar a objetar, a lo que ambas partes dijeron que no. Dicho esto, Falcone dio lugar a un nuevo cuarto intermedio hasta este martes a las 10 horas donde se llevarán a cabo las lecturas preliminares y los imputados tendrán la opción de declarar ante el tribunal.

Estela de Carlotto y su nieto Ignacio Guido estuvieron en el primer día del Juicio