Un abril la policía mató a Walter Bulacio. Su nombre es hoy, 25 años después, el nombre de cualquier pibe víctima de tortura y de un sistema de justicia con profundos vínculos con las estructuras policiales más violentas.

ANDAR en las memorias

(Agencia) En abril de 1991, Walter Bulacio, oriundo de Aldo Bonzi, tenía 17 años. Había ido a su primer recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires. Murió una semana después de caer en una razzia en la que fue brutalmente golpeado por la policía. Ese operativo no fue otra cosa que una detención masiva y arbitraria encabezada por la comisaría 35ª a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito.
La causa judicial por su muerte tardó 22 años en llegar a un juicio que, además de tardío, sólo alcanzó al más leve de los delitos cometidos, la privación ilegal de la libertad, y a un imputado: el comisario Espósito que fue el principal responsable, pero no el único.
La muerte de Walter activó la organización y el reclamo frente a los abusos policiales, una lucha que aún sigue vigente contra la violencia institucional. En 25 años hubo algunos avances: se regularon las detenciones por averiguación de identidad, se derogaron los edictos policiales en la Ciudad de Buenos Aires y en el 2003 el Estado argentino recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber violado el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad ambulatoria de Walter Bulacio.
El fallo en el caso Bulacio obliga a revisar y adecuar la legislación y las normas de todas las policías en Argentina para limitar los márgenes de discrecionalidad. Sin embargo muchas leyes, códigos y regulaciones no cumplen con lo exigido por la CIDH; la emergencia en seguridad que rigió en 2014 en la provincia de Buenos Aires es uno de esos casos.