ANDAR en La Plata

(Agencia) Los defensores Martín Bouchoux y Ernesto Ferreiras  representarán a Mirna Lilián Gómez –esposa de Andrés Núñez, secuestrado, torturado y asesinado en 1992 en la Dirección de Investigaciones de La Plata- y a su hija, como particular damnificados. Ayer, en la Unidad funcional de Defensa Nro.1 de La Plata, realizaron una conferencia de prensa en la que hicieron un repaso de la situación de los policías condenados y del ex juez de la causa, Amílcar Vara.

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que participó de la conferencia, destacó “la importancia de la incansable lucha de familiares de Andrés Núñez quienes, a pesar del largo tiempo transcurrido y los innumerables escollos que encontraron en el sistema judicial, persisten en su búsqueda de justicia”.

El defensor Martín Bouchoux se refirió al estado de las distintas actuaciones y la situación procesal de los policías involucrados:

* Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron condenados por la Cámara Penal de La Plata a la pena de prisión perpetua el 10 de diciembre de 2010. La condena fue por el delito de torturas seguidas de muerte. Esa sentencia fue confirmada por la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la provincia, con fecha 16 de agosto de 2012.

* Con relación a Raúl Ponce, – que se encuentra detenido por causas relacionadas con delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar-  en los últimos días la causa fue elevada por la Jueza de Garantías Dra. Marcela Garmendia, a la Sala Segunda de la Cámara Penal de la Plata, en virtud de la acusación fiscal producida por la Dra. Castellano, que solicita se realice juicio oral por el delito de tortura seguida de muerte. Corresponderá a la Sala Segunda de la Cámara integrar el tribunal con jueces hábiles para realizar prontamente el juicio oral y público en el que se decida la responsabilidad de Ponce en la muerte de Andrés Núñez.

* Pablo Martín Gerez, uno de los máximos responsables en el asesinato de Andrés Núñez, aún permanece prófugo. Por ello es que se solicitará a las autoridades competentes, tanto a nivel provincial como nacional, que arbitren los medios necesarios para dar con el paradero de este peligroso criminal y que pueda ser llevado a juicio oral como la ley lo dispone.

Con relación el ex Juez Amílcar Vara, fue mencionado por diversas declaraciones prestadas en el juicio oral llevado a cabo en el año 2010, por lo que  la Cámara Penal mandó a investigar la posible comisión de delitos de acción pública por parte de Vara. Se inició una nueva investigación en relación a la responsabilidad de Vara, la que sufrió diversas demoras a partir de las sucesivas excusaciones de la mayoría de los fiscales del fuero penal de La Plata. Finalmente, el Fiscal de investigaciones Complejas Dr. Jorge Paolini asumió la investigación a fines del año 2012, la que se encuentra en pleno trámite.

Por último, a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires del 8 de mayo de este año, en el que hace lugar a un recurso interpuesto por el Dr. Hortel (anterior defensor fallecido) se dispone que no se encuentra prescripta la acción en relación a otros cinco imputados, respecto de los cuales deberá continuar la investigación. E incluso la SCJ refirió que:  “…podría resultar todavía posible con la misma reconstrucción histórica realizada en la requisitoria fiscal que se modifique la calificación legal de los hechos, en principio establecida por otra de las propuestas, como no cabría descartar una posible ampliación del requerimiento fiscal.”

Entre otras cosas la SCJBA refiere que: “La Corte IDH había señalado en “Bulacio” que la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa (…) Todo lo cual cobra mayor fuerza de convicción cuando se tiene presente el irreductible compromiso que cabe atribuir al estado en la investigación, esclarecimiento y eventual condena a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, con particular interés en los casos de torturas, aquí seguidas del homicidio de la víctima, a tenor de la doctrina emergente de los fallos Bulacio y Bueno Alvez.”

La CPM destacó la “importancia del reciente fallo de la Corte, que viene a incorporar una jurisprudencia clara para el Estado en su conjunto y, en particular, para jueces y fiscales”.