Durante la tarde, uno de los testigos expresó al comenzar su declaración: “Voy a hablar porque los pibes eran presos como nosotros”. Notablemente nervioso, dio cuenta de que actualmente tiene problemas de salud, que está estudiando y trabajando en la cárcel, que se esfuerza por sostener el régimen que tiene por su familia, que sabía por qué lo citaban a declarar y que desde el SPB le indicaron que “se fije en lo que iba a hablar”. Además, le señalaron que sería trasladado a un pabellón de castigo luego de su declaración. Esta situación, en un contexto de encierro, resulta una intimidación clara para los testigos que aún permanecen bajo la custodia del SPB. Atemorizado, el testigo dio cuenta de que personal jerárquico de los penales del SPB tienen conocimiento del desarrollo de este juicio donde otros penitenciarios, actualmente en actividad, están siendo juzgados. Aun así, declaró todo lo que recordaba del hecho: “Lo que les pasó a ellos me puede pasar a mí”, sostuvo.

 Durante la jornada de ayer el Ministerio Público Fiscal, así como los organismos de DDHH que representan a las familias de varias víctimas, destacaron con preocupación la necesidad de investigar y tomar con seriedad lo testimoniado por el testigo. El tribunal que interviene dispuso el inicio de actuaciones judiciales para investigar el hecho.

 Desde el CELS, la CPM y el CIAJ expresamos nuestra preocupación por la seguridad e integridad física de testigos que 12 años después brindan su testimonio para aportar luz a lo que ocurrió en la Masacre de Magdalena. El SPB reaccionó de forma corporativa ante el inicio del proceso penal contra otros funcionarios que aún continúan en servicio a pesar de estar imputados en este juicio. Estas acciones buscan preservar el silencio e impunidad dentro de la institución carcelaria bonaerense.