En la cuarta jornada del debate oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos en la planta de Avellaneda de la firma Molinos Río de La Plata, el extrabajador de la sección Expedición, Guido Almaraz –cuyo hermano Ricardo Avelino Almaraz fue secuestrado el 7 de julio de 1976 junto a su esposa Celia Arzamendia en su casa de Lanús Este- declaró acerca de las protestas y acciones de reclamo por derechos laborales que los obreros llevaron adelante en los años previos al golpe de estado y que desembocaron en el señalamiento, persecución y amenazas de quienes terminarían siendo secuestrados y desaparecidos por un grupo de tareas que operaba directamente en el interior de la fábrica. En este juicio sólo se contemplan tres de un total de 24 trabajadores de Molinos desaparecidos: Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) El miércoles 14 se llevó a cabo una nueva jornada del juicio en el que se ventila la responsabilidad penal de quien fuera jefe de Personal de la planta de Molinos Avellaneda, Emilio Parodi, en torno al secuestro de tres trabajadores que hasta el día de hoy permanecen desaparecidos: Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino.

Los hechos ocurrieron el 7 de julio de 1976 y además de esas víctimas hubo otras 21 cuyos casos se investigan en distintas causas. A instancias del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata -con la presidencia del magistrado Pablo Wilk y las vocalías de Nelson Jarazo y Yesica Sircovich-, el juicio atraviesa la etapa de declaraciones testimoniales que, en general y desde distintas perspectivas, aluden a la hipótesis fiscal respecto a un operativo ilegal llevado a cabo por las fuerzas de seguridad cuyos miembros ingresaron armados y portando listas que contenían nombre de trabajadores.

Las personas secuestradas fueron obligadas a subir a un camión del Ejército argentino sin que, hasta el momento, se conozca su destino. En ese marco, el exgerente de Recursos Humanos y jefe de Personal de la planta de Molinos Avellaneda, Emilio Parodi, es quien habría señalado a los trabajadores que luego serían secuestrados y desaparecidos por el Ejército y la Policía Federal.

En este juicio Parodi está siendo juzgado como coautor funcional del delito de privación ilegal de la libertad de Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino, en virtud del rol y actividades desplegadas e inherentes al ejercicio de tareas gerenciales o de dirección de la empresa al momento de los hechos.

De acuerdo a la acusación fiscal, esa conducta facilitó la ocurrencia de los hechos y consolidaron dicha situación a través del impedimento del acceso a la información por parte de los familiares de las víctimas y, más allá de la petición solicitada, los hechos que se investigan constituyen delitos de lesa humanidad y en consecuencia son imprescriptibles para el ordenamiento jurídico argentino.

Uno de los testimonios brindados en la jornada del miércoles 14 de octubre fue el de un extrabajador de la sección Expedición de la planta de Molinos situada en Avellaneda, Guido Almaraz, cuyo hermano Ricardo y su cuñada Celia Arzamendia fueron secuestrados aquel 7 de julio de 1976 de su casa de Lanús Este.

“Antes del secuestro de mi hermano, el ambiente era insostenible para los trabajadores de Molinos. Había señalamientos, persecuciones dentro y fuera de la planta, amenazas y una presencia constante de un grupo al que llamaban ´bomberos’ pero que entiendo que eran policías dentro de la fábrica”, contextualizó el testigo.

De acuerdo a su relato, Ricardo Almaraz junto a otros trabajadores habían impulsado desde varios años antes del golpe de Estado las reuniones para intercambiar experiencias y organizar un conjunto de reclamos relativos a las pésimas condiciones laborales y de seguridad que existían en la fábrica que en ese entonces pertenecía al grupo Bunge y Born.

Fue así como nació una primera junta interna y un intento de toma de la fábrica a mediados de 1974 que no pudo terminar con resultados favorables respecto a los objetivos de la acción. Sin embargo, en marzo de 1975 se realizó una toma exitosa que terminó con la aceptación de casi la totalidad de las reivindicaciones que exigieron los trabajadores a la gerencia de Molinos.

Se trataba de aspectos básicos dentro del plexo de derechos laborales para la época: que la jornada laboral regular fuera de 8 horas diarias y que el resto de tiempo se computara y abonara como horas extra; que el sábado después de las 13 horas contemplara el pago del 75 por ciento más por cada hora trabajada y del 100 por ciento para los días domingos; que los trabajadores contaran con baños y comedor dignos, y que no tuvieran que pedir permiso ni depender de alguna autorización de los jerárquicos para salir a hacer sus necesidades; entre otros.

“Más allá de que la empresa aceptó casi todos los reclamos, la persecución y el señalamiento de los delegados y activistas –incluso las advertencias o directamente amenazas en la calle, fuera del horario laboral- fue constante en aquella época”, amplió el testigo.

A comienzos de julio de 1976 Guido y Ricardo Almaraz cumplían con su jornada de trabajo en la sección de Expedición cuando el hermano del testigo fue llamado a comparecer a la oficina de Personal.

“Él salió en seguida a ver qué querían. Yo calculé cuánto tiempo sería razonable que tardara en ir y volver, y considerando que la fábrica es enorme, con cuadras de extensión entre donde estábamos y la oficina de Parodi, debía tardar más de unos pocos minutos que los que efectivamente tardó en regresar a Expedición”, relató el testigo al TOF 2.

“Entonces le pregunté qué había pasado y me dijo que al ingresar a esa oficina le habían puesto un cheque delante suyo en el escritorio, y que no se trataba de una indemnización sino que era una oportunidad de poner una cifra que él quisiera y que eligiera un país porque debía dejar la fábrica y no volver. Pero no aceptó: se dio media vuelta y regresó a su puesto de trabajo. Aproximadamente una semana después ocurrió su secuestro y el de su esposa en su casa. Y su pequeño hijo de 8 meses fue dejado en la casa de unos vecinos”, amplió.

También aclaró que ni a su hermano ni a ninguno de los otros trabajadores desaparecidos le llegó un telegrama de despido por parte de Molinos y “en el caso de mi madre que intentó hablar con Parodi en busca de información, no fue ni siquiera recibida por parte del jefe de Personal. Se supone que él sabía los movimiento de todos los trabajadores y todos creíamos en esa época que él mismo fue quien entregó la lista de trabajadores al Ejército y a la policía, por eso mi mamá quiso saber por qué”.