El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín impuso penas de hasta 17 años a un grupo de policías involucrados en casos sistemáticos de corrupción en causas de narcotráfico. Hubo 24 condenas, entre ellas a Adrián “Palermo” Baeta, ex teniente de la Policía Bonaerense, y seis absoluciones. Este veredicto complica la situación del ex fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, bajo cuyas órdenes actuaban estos uniformados. Este funcionario fue destituido mediante un jury de enjuiciamiento en el que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó como veedora. La CPM tuvo una activa participación en la causa como querellante, hasta que fue apartada por la Sala IV del Tribunal Federal de Casación por pedido de la defensa policial.

ANDAR en la justicia

(Agencia) A través de un aceitado sistema de coimas y de procedimientos armados, amparados por el otrora todopoderoso fiscal Scapolan junto a estudios de abogados, los policías ahora condenados liberaron zonas para la actuación de narcos y el robo de drogas, con el fin de reintroducirlas al mercado ilegal con fines recaudatorios. 

En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía había afirmado que se trató de “una organización destinada, en apariencia, a garantizar una eficiente prestación del servicio de justicia y de prevención y persecución de delitos, cuando, en verdad, se trató de una empresa criminal estratégicamente montada”. Y la fiscalía de juicio, tomando la posta, lanzó una apreciación que causó escozor: “Estos grupos continúan operativos lo que otorga al presente juicio una relevancia especial. No se trata sólo de asegurar que los imputados reciban la sanción que corresponde, sino de reparar el profundo daño que estos hechos de corrupción y narcotráfico producen en el entramado social”.

La inédita sentencia de este juicio puso de relieve cómo los mecanismos de corrupción estructurales de las fuerzas de seguridad se entrelazan con la violencia institucional, la vulneración de los derechos humanos  y la gestión informal de mercados ilegales en el territorio de la provincia de Buenos Aires, cuestiones que vienen siendo denunciadas por la CPM desde hace muchos años.

El Tribunal presidido por la jueza Silvina Mayorga anunció que los fundamentos serán difundidos el 7 de octubre. Además, consideró válido el testimonio de un policía “colaborador” que participó en el robo de media tonelada de cocaína en el caso de 2013 denominado “Leones Blancos”, y condenó a 17 años de prisión a cuatro policías bonaerenses, tres de ellos de alto rango. Tal como sucedió durante este proceso de dos años, los imputados escucharon el veredicto en forma virtual, entre ellos los 10 policías que esperaban el juicio en prisión.

Los jueces Mayorga, Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez enviaron copias a la justicia federal de los hechos que aparecieron en el debate para profundizar la continuidad de la investigación judicial de esta banda. La CPM, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, había sido parte querellante en la causa hasta ser apartada arbitrariamente por decisión parcial de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -con el voto de Mariano Borinsky y Javier Carbajo y el voto en contra de Gustavo Hornos-, medida que fue apelada y aún hoy está pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo el organismo brindó testimonio como testigo experto en el juicio oral y finalmente participó como veedora. En el marco de esta intervencion, la CPM resaltó la necesidad de avanzar con la participación de agentes y funcionarios judiciales en los hechos.

“Los imputados utilizaron de manera tergiversada las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, con el exclusivo fin de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico al que -muchos de ellos, en razón de sus funciones- estaban obligados a combatir, mediante el despliegue de una variada gama de conductas delictivas orientadas a tal fin”, había señalado el fiscal Marcelo García Berro en su acusación.

“El principal objeto ilícito de la organización consistió en la sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros; la extorsión a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados; la extorsión a personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales; e incluso, la detención de personas que no eran narcotraficantes a los fines meramente estadísticos para demostrar una supuesta eficacia en la materia”, describió el fiscal, asistido por Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly. Y agregó: “Todo ello, además de un sin número de otros delitos que incluían –aunque no se limitaban- al cohecho, falsedades instrumentales, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, ya sea a través de sus integrantes y/o facilitando y/o instigando su comisión por parte de terceras personas; entre ellos, abogados de la matrícula que simulando una eventual actuación profesional, escondían -frente a las personas involucradas en los procedimientos revestidos de legalidad de los que se valía la organización para el beneficio personal de sus integrantes-, su participación en las maniobras extorsivas de las que resultaban víctimas”.

En definitiva, el caso resultó emblemático por la multiplicidad de prácticas delictivas protagonizadas por policías, agentes judiciales, abogados y narcos en la provincia de Buenos Aires: utilización de testigos falsos para el armado de causas, robo y comercialización de estupefacientes valiéndose de los recursos y la información del Estado, extorsión, entre otros delitos que confluyen en una enorme asociación ilícita que habría operado al menos entre 2012 y 2015.

Los más “pesados”

Baeta –alojado en el sector de ex fuerzas de seguridad del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz– fue condenado a 17 años de prisión, al igual que el comisario Marcelo Di Rosa, ex jefe de la división de Drogas Ilícitas de Quilmes; el ex subcomisario Juan José Magraner, que era su segundo al mando; y el ex comisario Roberto Okurzati, titular de la Delegación de Lucha contra el Tráfico Ilícito de San Isidro. En tanto, los abogados Francisco García Maañón y Matías Pedersoli resultaron condenados por extorsión, 3 años el primero; 2 años y medio el segundo. Baeta hizo usó su derecho a decir las últimas palabras ante el tribunal. “Quiero citar una frase de un filósofo que escuché alguna vez: la única verdad es la realidad”, dijo al mencionar la frase de Juan Domingo Perón que, a su vez, se la atribuye a Aristóteles.

En el juicio oral se ventilaron cuatro hechos, que en su momento fueron investigados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez. Uno de ellos es el operativo “Leones Blancos” concretado en diciembre de 2013, y que resultó un falso procedimiento montado para robarle media tonelada de cocaína al poderoso clan Loza.

En la primera audiencia, a fines de octubre de 2024, se leyó el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Domínguez, quien logró concretar su compleja investigación a pesar de numerosas presiones políticas. A su criterio, los imputados fueron “parte de una organización destinada -en apariencia- a garantizar una eficiente prestación del servicio de justicia y de prevención y persecución de delitos, cuando, en verdad, se trató de una empresa criminal estratégicamente montada por los imputados, mayormente funcionarios judiciales y policiales”. Los acusados “utilizaron de manera tergiversada las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, con el exclusivo fin de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico al que –muchos de ellos, en razón de sus funciones– estaban obligados a combatir, mediante el despliegue de una variada gama de conductas delictivas orientadas a tal fin”.

En definitiva, “se trató de una red de ilegalidad que involucró abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades, de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico, en cuyo marco, se han cometido innumerable cantidad de delitos”.

Un fiscal todo servicio

El nombre de Scapolan apareció una y otra vez en el juicio que acaba de terminar. De hecho, durante el juicio político que determinó la destitución del fiscal de San Isidro quedó extensamente explicitado su rol, por ejemplo, en el caso Anacona en el que la banda policial robó más de media tonelada de estupefacientes y tuvo como coartada un supuesto llamado anónimo a la DDI de Quilmes sobre el traslado del cargamento desde Moreno a la zona norte. Sin embargo, el llamado nunca existió. En realidad, el dato había surgido del financista, informante de los organismos de inteligencia y de seguridad y testigo arrepentido Javier Guastini, que luego fuera asesinado por un sicario el 28 de octubre de 2019. Guastini había informado al personal de drogas ilícitas del cargamento de cocaína perteneciente al clan Loza, que rápidamente y en articulación con Scapolan dispuso un procedimiento ilegal con el objeto de “mejicanear” la droga.

El fiscal García Berro le dedicó varios párrafos de su alegato. “Otro de los eslabones fundamentales fue el entonces fiscal Claudio Scapolan. Su intervención en los hechos permite comprender por qué, en lugar de dar intervención al fiscal federal de turno correspondiente a la jurisdicción de Moreno, como indicaba el deber funcional, los jefes policiales eligieron deliberadamente contactarlo a él”, afirmó. “La maniobra se ajusta a lo que en la jerga policial se denomina ‘hacer un rulo’: esto es, construir artificialmente una intervención en una jurisdicción ajena, en este caso desde la DDI de Quilmes, valiéndose para ello de recursos humanos y logísticos. De este modo, lograron enmascarar la operación encubierta bajo un supuesto procedimiento legal, mientras se proponían a sustraer una gran cantidad del cargamento de cocaína de alta pureza”.

Por último, García Berro expresó: “En este juicio ha quedado plenamente demostrado que reducir la responsabilidad de Scapolan a una simple falsedad documental -como si se tratara apenas de un acto aislado de adulteración administrativa- constituye una visión errónea y notoriamente insuficiente. Esa calificación le queda chica. (…) Su intervención no se limitó a refrendar formalmente un acta o a convalidar de modo pasivo un procedimiento irregular. Por el contrario, su rol fue estructural dentro del esquema delictivo: participó de forma consciente, activa y sostenida en la ejecución de las maniobras criminales. Supo de antemano lo que ocurriría, participó en el diseño del operativo simulado, y brindó cobertura judicial para que pudiera cometerse el robo de estupefacientes, manipular pruebas y garantizar impunidad a los verdaderos responsables y a él mismo”, completó.

La Comisión por la Memoria viene denunciando en sus Informes Anuales, la regulación del delito que despliega la Policía Bonaerense en los territorios, los entramados delictivos de los que forma parte y la corrupción estructural e institucional de la fuerza. También como sectores importantes del poder judicial -por acción u omisión- convalidan o son parte de estos delitos e incluso la participación de diferentes sectores políticos que le dan cobertura.

En este caso, la rigurosa investigación llevada adelante en primera instancia por el Fiscal Federal Fernando Domínguez constituyó el punto de partida de una causa que, ya en la etapa de juicio oral, fue abordada mediante un trabajo autónomo y exhaustivo por los fiscales Marcelo García Berro, asistido por Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly. La labor desarrollada durante el debate permitió reconstruir y acreditar los hechos, producir y valorar la prueba y sostener una acusación que culminó con la condena de los integrantes de una de las organizaciones policial-judiciales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se tomaron testimonios que permitieron profundizar la investigación y detectar nuevas irregularidades.