En los últimos días, el Ministerio de Salud bonaerense y el Municipio de Moreno dispusieron la clausura administrativa de la comunidad terapéutica Marco Aurelio. La decisión se dio luego de una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria que, durante una inspección en el lugar en el marco de sus tareas como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, relevó graves irregularidades y violaciones de derechos. La CPM presentó un habeas corpus preventivo y colectivo a favor de las personas alojadas en el lugar, y la intervención de la justicia derivó en una causa penal que tiene como imputadas a tres personas responsables de la comunidad terapéutica.

ANDAR en Moreno

(Agencia Andar) A partir de una denuncia recibida por la Comisión Provincial por la Memoria en el marco de sus tareas como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el equipo de salud mental del organismo se constituyó en Moreno en la comunidad terapéutica Marco Aurelio para realizar una inspección. Al llegar al lugar se encontraron con un cartel que decía “centro cultural” en la puerta, las personas a cargo además pretendían impedir el ingreso del equipo de monitoreo.

Después de dos horas de gestiones y espera, en las que personal de la institución sacó bolsos y retiró jóvenes del lugar, la CPM pudo comenzar la inspección, en la que detectó todo tipo de irregularidades y violaciones de derechos. Con lo relevado al recorrer el lugar y mediante entrevistas con los referentes y con personas allí alojadas la CPM presentó ante la justicia un habeas corpus en su resguardo.

A partir de esto el Juzgado de Familia N° 3 de Moreno- a cargo de la jueza Silvia Mónica Báez- dispuso una constatación de lo denunciado y convocó a varios actores: la Asesoría y Defensoría Departamentales, la Secretaría de Salud Mental del Municipio y representantes de la Región Sanitaria del Ministerio de Salud. La constatación rápidamente se transformó en un allanamiento y se abrió una causa penal ante la UFI N° 4 en turno a cargo de la fiscal Carina Saucedo.

“Te venden un cuento por las redes, te pintan color rosa y cuando llegas es negro”, dijeron, entre otras cosas, las personas que habían llegado al lugar en busca de un tratamiento para consumos problemáticos. Mientras los responsables de la institución seguían sosteniendo que no se trataba de un lugar vinculado a la salud mental sino que era un espacio “donde concurrían personas con ‘desapego social’ de distintos lugares a realizar talleres de estoicismo y electricidad”.

Sin profesionales ni equipo interdisciplinario que evalúe, haga un seguimiento y contenga a los usuarios, el manejo de la institución se enmarca en el sentido común y la arbitrariedad por fuera de cualquier criterio terapéutico, incluso administrando medicación. En las entrevistas quienes permanecen allí confirmaron que lo hacen buscando un tratamiento por consumo problemático de sustancias, pero al momento de poder elegir si continuarlo en el lugar o no todos prefirieron retirarse.

También denunciaron que la comunicación con sus afectos había sido interrumpida, la lógica del lugar giraba en torno a premios y castigos, la alimentación era mala, que se sentían manipulados tanto ellos como sus familias y temían que el alta prometida a tres meses de permanecer en el lugar nunca se cumpliera.

Inscripto como asociación civil sin fines de lucro, el establecimiento se ocultaba tras la fachada de centro cultural y sus operadores como profesores o talleristas. De hecho uno de sus referentes resultó ser Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación antidrogas e imputado en una causa penal por su rol en otra comunidad terapéutica en Pilar. Fue también una de las personas que obstaculizó el trabajo de monitoreo de la CPM y del área del Ministerio de Salud, responsable de fiscalizar y la justicia. Con mayor gravedad, al finalizar la jornada que concluyó en el desalojo del lugar, se retiró con 5 jóvenes que se encontraban alojados y no aceptaron estrategias propuestas por el Municipio de derivación a otros dispositivos. Todas estas personas resultaban oriundas de otras provincias: Chaco, Mendoza, Corrientes y Santa Fe.

A partir de la denuncia de la CPM y la intervención judicial, el presidente de la asociación civil y dos operadores fueron imputados por diversos delitos.

Por otro lado, además de varias medidas de prueba en el marco del habeas corpus, la CPM solicitó la intervención de los organismos pertinentes, el seguimiento de la situación de las personas alojadas y que se dispongan medidas efectivas para abordar su situación. En ese marco, fue que tanto el Ministerio de Salud bonaerense como el Municipio de Moreno ordenaron la clausura administrativa del lugar.