Esta semana se desarrolló el juicio a dos jóvenes de Puan y a un ex policía, acusados por tenencia y comercialización de drogas. La causa, enmarcada en la ley de estupefacientes, llegó a esta instancia plagada de irregularidades y con las familias de los imputados reclamando una investigación clara. En los alegatos las defensas pidieron la nulidad de lo actuado o, en su defecto, la absolución de los acusados. La definición de los jueces se conocerá el próximo 25 de noviembre.

ANDAR en Bahía Blanca

(Agencia Andar) La calma del pueblo de Puan fue interrumpida al cierre del año 2020 por un megaoperativo policial con decenas de detenciones, allanamientos y fuerzas policiales. Esa acción se usó como contenido de propaganda política de la cartera de Seguridad encabezada por Berni y publicitada como “lucha contra el narcotráfico”.

Las familias de los 15 jóvenes que quedaron detenidos iniciaron un largo camino para desandar algo que se había instalado prácticamente sin más pruebas que algunas plantas y elementos que se encuentran en muchas casas. La causa fue investigada por la UFIJ Nº 19 de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, y se montó sobre una supuesta denuncia que luego negó haber hecho uno de los principales testigos, que además fue amedrentado.

Ahora, dos de los jóvenes acusados, Mauro Distel y Diego Armando Schnaider, llegaron al debate oral junto al ex policía Lucio Testa. Los otros doce imputados acordaron con la fiscalía juicios abreviados con penas entre 4 y 6 años de prisión, pero esos procesos aún no fueron confirmados por el tribunal.

En este juicio frente al Tribunal en lo Criminal N° 3, integrado por Daniela Fabiana Castaño, Eduardo D’Empaire y Julián Saldías, declararon como testigos de la fiscalía varios policías que participaron de los allanamientos, y por la defensa prestó su testimonio el joven cuya firma aparece en la denuncia por la que se inicia el operativo.

Lo significativo es que esta persona desconoce haber hecho esa denuncia y haber firmado esa acta. Explicó que supo de la existencia de esa denuncia porque una compañera de trabajo le manifestó que una persona estaba enojada con él por eso. Que a partir de ese momento comenzó a investigar para saber cómo había llegado ahí su firma y que declaró lo mismo en fiscalía, pero nunca tuvo respuesta. También agregó que después de querer aclarar este asunto empezó a seguirlo cotidianamente un patrullero y que tuvo que pedir protección.

A partir de esta declaración, las defensas plantearon la nulidad de lo actuado: alegaron que la investigación se articuló a partir de eso y que al ser falaz, no tener sustento y haberse manipulado y falseado ideológicamente lo que siguió no puede ser válido. En caso de que los jueces no acepten la nulidad pidieron la absolución de sus representados. Ahora se espera la definición del tribunal para el 25 de noviembre.

La Comisión por la Memoria ha asesorado a las familias de los acusados en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura: se presentó en la causa en calidad de amicus curiae y realizó distintas presentaciones para acompañar los planteos de los defensores como la apelación de la prisión preventiva que se sostuvo hasta ahora, la solicitud de nulidad de algunas pruebas viciadas y el pedido de protección para el joven testigo.