La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) organizó en Chapadmalal el encuentro nacional “Sitios, archivos y testimonios como lugares de memoria”. Más de 150 personas de 50 organismos de derechos humanos, comisiones de víctimas, militantes y referentes territoriales que gestionan sitios o archivos de memoria, junto a funcionarios nacionales y provinciales, se reunieron para compartir las diversas experiencias de gestión y pensar colectivamente estrategias para el fortalecimiento e institucionalización de las políticas de memoria. El proceso de institucionalización debe reconocer el trabajo de estos colectivos que desde la praxis y el territorio fueron delineando en todos estos años un sentido político y pedagógico de estos espacios.

ANDAR en Chapadmalal

(CPM)  “Debemos potenciar los sitios y espacios de memoria como lugares de resistencia y activismo en la defensa de los derechos humanos. La clave es pensar pasado-presente de manera asociada y trabajar intensamente para enfrentar las graves violaciones de derechos humanos del presente. Así lo entendió la CPM desde su nacimiento”, señaló Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, durante la mesa de presentación del III Encuentro nacional de organizaciones y espacios para la memoria y defensa de los derechos humanos y el II Encuentro de archivos y testimonios para una política de memoria.

La recuperación y gestión de los sitios de memoria fue un pilar de las políticas reparatorias y hoy son espacios de intervención. Espacios que, desde las diversas experiencias de gestión, se fueron consolidando como una referencia histórica y territorial no sólo en el sostenimiento de las políticas de memoria, verdad y justicia sino también frente a las violaciones a los derechos humanos del presente.

Durante dos días en el complejo turístico de Chapadmalal, la CPM conjuntamente con TeCMe (Territorios Clínicos de Memoria) reunió unos 150 referentes territoriales y militantes de los derechos humanos de más de 50 organizaciones y sitios de todo el país. Junto a Cipriano García, estuvieron en la mesa de apertura las integrantes de la CPM Yamila Zavala Rodríguez y Ana Barletta, y la directora general, Sandra Raggio. También participaron funcionarios de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.

“Este encuentro exhibe los vínculos que, desde su trabajo, la Comisión fue desarrollando en el territorio y son vínculos que nos permitieron la reflexión y producción de conocimiento, de un pensamiento no ritualizado sobre el pasado sino como un puente político entre el pasado reciente y la actualidad”, señaló Ana Barletta.

Por su parte, Yamila Zavala Rodríguez remarcó que “en este momento, es importante profundizar el trabajo colectivo para continuar defendiendo las políticas que fortalecieron la democracia; en ese sentido, todavía la memoria de la dictadura es una cuestión del presente porque falta condenar a genocidas, a los civiles y grupos económicos que fueron partícipes necesarios y porque, todavía, hay muchos chicos que no recuperaron su identidad”.

Luego de la presentación, se realizaron mesas de debate y talleres de trabajo pensados bajo cuatro ejes temáticos: memoria y representación, materialidades de la memoria, archivos y testimonio, y experiencias de gestión. “Cuando hablamos de la memoria como política de Estado hablamos de un Estado que asume su responsabilidad y encara políticas reparatorias. Y es, precisamente, la sociedad quien tiene que definir estas políticas porque es la sociedad quien debe ser reparada” sostuvo Sandra Raggio.

“La legitimidad de la gestión social de estos espacios está dada por la autonomía e independencia de estas iniciativas de la sociedad y los organismos de derechos humanos. Esas iniciativas, sus experiencias de gestión, marcan los puntos centrales en el camino hacia la institucionalización de estas políticas”, agregó la directora de la CPM.

Las experiencias que construyen una política de memoria

Las organizaciones y sitios de memoria que participaron del encuentro están atravesando distintos momentos, tanto en sus desafíos institucionales y capacidades de intervención como en el reconocimiento legal y normativo de su actividad. Sin embargo, hay problemas que, entre una experiencia y otras, se reiteran: la falta de presupuesto o de protocolos para la preservación de sitios y archivos, entre otros.

Esas experiencias también confirman que la participación activa de la sociedad, en torno a estas organizaciones, garantizó la capacidad de gestión e intervención. “Estos encuentros permiten vernos y referenciarnos con otras organizaciones. Y es una experiencia vital porque el encuentro con los otros es la energía con las que las organizaciones nos movemos”, reflexionó María Eugenia Cattaneo de la casa de la memoria Bachi Chironi de Viedma, Río Negro.

En 1981, se instaló en la casona de Boulevard Ituizangó y Costanera un destacamento del batallón de inteligencia 181 de Bahía Blanca. “Antes del regreso de la democracia, el Ejército compra la propiedad y la desmantela, no sabemos dónde quedó el archivo y el registro”, dice Cattaneo. Ese sitio comenzó a nuclear en los años siguientes a los militantes de derechos humanos y, en 2004, la Provincia compra la casa que después tomará el nombre de Bachi Chironi, un sobreviviente del terrorismo de Estado. “Lamentablemente, las remodelaciones hicieron que se perdiera el carácter de prueba y ahora estamos intentando recuperar el espacio con los planos originales”, agrega María Eugenia.

Mientras tanto, en esto años, se logró por ley que la casona sea destinado a organizaciones de derechos humanos,y  hoy también funciona allí la Secretaría de Derechos Humanos. En 2008 también se creó por decreto el archivo de la memoria.

La recuperación de estos espacios siempre son procesos arduos. “El espacio de memoria Escuelita de Famaillá se constituyó hace un año y medio, pero el proceso de recuperación del espacio tiene el mismo tiempo que el retorno de la democracia”, cuenta María Coronel, coordinadora del espacio.

La escuelita de Famaillá fue el primer centro clandestino de detención en el país: funcionó entre febrero de 1975 y los últimos meses de 1976. “Todos los habitantes de Famaillá tuvieron relación directa o indirecta con el CCD; sin embargo, el silencio se impuso durante muchos años como una estrategia de supervivencia”, explica Coronel. Y agrega: “La palabra de los sobrevivientes es fundamental, rescatar la lucha del sur tucumano en los ´60. Eso explica la saña durante el terrorismo de Estado en la región. Sin embargo, no hay más de 15 sitios señalizados y existieron más de 60 sitios que funcionaron en escuelas comisarías y cascos de ingenios”. Los testimonios en el juicio operativo independencia permitieron la emergencia de estas historias.

A más de un año de su institucionalización, María Coronel es la única contratada en el espacio pero, por convenios y la conformación de un voluntariado, se fueron generando áreas de trabajo en comunicación y educación. “La convocatoria a la comunidad y las escuelas permitió empezar a quebrar esas resistencia que pesaba sobre el espacio resistido ante tantos años de silencio”.

Hasta el año pasado, las salas donde se torturaba en el ex CCD Escuelita de Famaillá seguían albergando a estudiantes jóvenes. La situación todavía se repite en el Hospital Posadas donde, a pesar de haber sido un centro clandestino de detención, todavía hoy funciona como escuela de enfermería.

Recién en 2009 comenzó a funcionar, con el mismo personal del hospital, un área de derechos humanos en el lugar. “Necesitamos que el espacio sea refuncionalizado en su totalidad para hacer el trabajo de preservación”, dice Cristian Graña. Todavía está en conformación un archivo que reúne material fotográfico, periodístico, testimonios de la CONADEP, entre otras fuentes documentales. Y también sigue la investigación para determinar la verdadera dimensión que tuvo el ex CCD en el circuito represivo. “Todo esto requiere de nuevos vínculos institucionales con el Estado, para completar el desalojo del lugar y conseguir partidas presupuestarias para el espacio”.

Como aparece en estas experiencias, el archivo y el testimonio es un documento indispensable en la definición de los sitios. Pero, además del testimonio de las víctimas, existe otro archivo que es la voz del Estado, la voz administrativa que permite desentramar las condiciones y el contexto en el que se produjeron esos crímenes de lesa humanidad. El archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que gestiona la CPM, es un claro ejemplo de ello. Y los aportes realizados a la justicia fueron sustanciales.

El uso judicial de estos archivos es una de las principales líneas de trabajo con este tipo de documentos. En 2015, la UFI-AMIA solicitó al Poder Ejecutivo todo el material de archivo de inteligencia en relación al atentado y se le hizo por decreto entrega de 2.000 metros lineales de papeles, cintas y grabaciones que estaban bajo guarda de la SIDE.

“Estos archivos permiten entender cómo es el circuito represivo, eso uno lo arma con el material administrativo que no es el archivo de represión sino que es el archivo que tiene el soporte de los personales que hacen ese trabajo. Ve la organización económica y logísticamente del Estado para llevar a cabo esa persecución. En el caso AMIA, uno puede entender porque es una causa que hace 20 años no podemos entender qué pasó y llegar a la justicia”, señaló Stella Segado, encargada técnica del grupo de relevamiento y análisis documental de la UFI-AMIA.

En un marco de regresividad en materia de derechos humanos, frente a la emergencia de discursos que niegan el terrorismo de Estado y buscan cuestionar la legitimidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, es indispensable fortalecer la capacidad de intervención de estos espacios. Y para ello es necesario formalizar marcos normativos que garanticen el pleno funcionamiento de estas organizaciones.