La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta el XI Informe Anual “El sistema de la crueldad, sobre lugares de encierro y políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires”, en un marco de consolidación de políticas criminales regresivas en materia de derechos humanos. En la Provincia, desde el inicio de su gestión, el gobierno actual reconoció la crisis del sistema penal pero, más allá de las declaraciones públicas, la única respuesta fue sostener las emergencias en seguridad y penitenciaria que, lejos de ser una solución, han demostrado ser parte del problema. Mientras tanto, el aumento de la población carcelaria se profundiza, la práctica sistemática de la tortura se extiende y el hacinamiento y la sobrepoblación siguen siendo las principales características del sistema de encierro más grande del país. Todo esto como contra cara de una política de seguridad que continúa anclada en la lógica de la saturación territorial y la ampliación de facultades para las fuerzas de seguridad. La presentación será el miércoles 20 a las 18 horas en el Anexo del Senado, av. 7 esquina 49, La Plata.

ANDAR en las cárceles

(Agencia/ CPM)  La desaparición forzada de Santiago Maldonado es la expresión más dramática de las orientaciones de la política criminal y de seguridad que ha definido la gestión de Cambiemos: tiene un claro sesgo regresivo y de mano dura en el modo de intervención del Estado en los diversos conflictos sociales y políticos. En ese contexto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta el Informe Anual 2017—El sistema de la crueldad XI, sobre lugares de encierro y política de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

El acto se realiza el próximo miércoles 20 a las 18 horas en el Anexo del Senado provincial, av. 7 esquina 49 de La Plata. El panel de presentación estará integrado por los presidentes de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, el secretario Roberto Cipriano García, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora e integrante del organismo Nora Cortiñas y Cristina Gramajo, madre de uno de los jóvenes muertos en la Masacre de Pergamino. La coordinación de la mesa estará a cargo de la directora general Sandra Raggio.

Familiares de la Red de organizaciones de familiares víctimas de la violencia institucional de la CPM, funcionarios públicos, legisladores, actores judiciales, organizaciones sindicales y de derechos humanos de toda la provincia acompañarán la presentación.

Este décimo primer informe anual expone los datos relevados durante el 2016 por la CPM en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad. La tasa de encarcelamiento, las denuncias de torturas, las prácticas ilegales y arbitrarias de las policías en su despliegue territorial, la extrema vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el uso letal de la fuerza pública vuelven a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal, y exigen reformas estructurales de manera urgente.

Todo esto ha sido denunciado reiteradamente por la CPM frente a todos los poderes del Estado provincial, nacional y los organismos internacionales que han reconocido, en más de una oportunidad, esta situación crítica. También la nueva gestión del gobierno provincial reconoció, tras su asunción, la grave crisis en materia penitenciaria y de seguridad; sin embargo, más allá de las declaraciones públicas, no realizó reformas estructurales ni implementó políticas públicas tendientes a sancionar, erradicar y prevenir la tortura.

Sin ir más lejos, la primera decisión del gobierno en esta materia fue sostener la emergencia en seguridad vigente desde el 2014, cuyos resultados ya son largamente conocidos: lejos de resolver los problemas estructurales, las emergencias son parte de ellos y explican en gran medida el colapso en que se encuentra el sistema hoy.

Tal como la desaparición forzada de Santiago Maldonado es la expresión más dramática de las orientaciones de la política criminal y de seguridad que ha definido la nueva gestión a nivel nacional, la ausencia de medidas estructurales y políticas públicas urgentes que reviertan este cuadro de violaciones de derechos humanos tuvo su máxima expresión en la Masacre de Pergamino del 2 de marzo de 2017 con la muerte de siete jóvenes alojados en la comisaría 1ª.

A la par de este deterioro institucional, la adopción del paradigma de lucha contra las “nuevas amenazas” (narcotráfico y terrorismo) marcó la intervención definitiva de las fuerzas militarizadas en el territorio y la sanción de leyes regresivas en materia de derechos y garantías constitucionales. A ello debe sumarse la represión a la protesta social y la criminalización de los migrantes. Todas estas medidas son inconstitucionales, antidemocráticas y traerán graves consecuencias sociales.

Ante este panorama, la CPM viene manifestando la relevancia de avanzar en la implementación de tres leyes fundamentales: la policía judicial, las fiscalías especializadas en violencia institucional y la autonomía de la defensa pública. A esto se agrega una cuarta herramienta institucional indispensable, como es el reconocimiento legal de la CPM como mecanismo provincial de prevención de la tortura, (conforme lo estipula el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de la ONU), consagrando el rol que el organismo viene cumpliendo de hecho desde hace más de 15 años.

Las cifras preocupantes del sistema de encierro y las políticas de seguridad, que se expondrán públicamente durante la presentación del décimo primer informe anual, son resultado directo del contexto que se ha descrito. Con la necesidad y la obligación institucional de seguir denunciando estas violaciones a los derechos humanos, la CPM reitera la invitación al acto que se realizará el próximo miércoles 20 a las 18 horas en el Anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires, av. 7 esquina 49 de La Plata.