ANDAR en Bariloche

(Asoc. Gremial de abogados y abogadas de Argentina/ Agencia) La Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina repudia el ataque sufrido por la Dra. Marina Schifrin el pasado 12 de noviembre en su estudio jurídico. En un comunicado publicado ayer manifestó que “se trató de un ataque con total impunidad y una huida al mediodía por el centro de  la pequeña ciudad de Bariloche, con Marina en persecución y sin ninguna intervención de fuerzas de seguridad presentes en ese momento”.

El atacante ingresó sin violentar la puerta y no se llevó nada, ni siquiera el dinero que estaba a la vista. Por esta razón, la Asociación no tiene dudas de que “el ataque a Marina, ingresando sin violencia para franquear la puerta, y limitar el robo sólo al pendrive, y el intento de sustraer la notebook, está relacionado con su actividad profesional en defensa de los luchadores populares y en enfrentar los represores y sus cómplices en la Justicia de Río Negro.”

El día anterior Marina fue notificada de las medidas que ella solicitó desde su ingreso en la causa ‘CARRASCO’ –mayo 2013- y la orden de captura para dos policías involucrados. Esta causa es por la masacre del 17 de junio de 2010 en Bariloche donde asesinaron a tres jóvenes: Diego Bonnefoi de 15 años de edad, Cárdenas de 29 años y Nicolás Carrasco de 16 años. El niño Nicolás fue asesinado por postas de plomo disparadas por escopetas de repetición  “itacas”, armas reglamentarias policiales. La causa estaba paralizada cuando Marina asumió la querella de la familia Carrasco y le rechazaron todas las medidas que solicitó en su intento de no dejar impune la muerte del niño.

Marina debió enfrentarse a un contubernio corporativo donde le hicieron oposición las defensas de los policías, y la complicidad abierta del  juez de instrucción, la Cámara de Apelaciones y todos los fiscales actuantes, sumado a las peticiones de las defensas para que se excluya a nuestra compañera  del proceso.

Marina llegó en queja hasta el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro. El 31 de julio de 2014 el máximo tribunal provincial ordenó al Ministerio Público que adoptara todas las medidas para esclarecer el homicidio de Nicolás achacándole su inacción total. Además indicó determinar la responsabilidad de Cufré (Secretario de Seguridad) y Villanova (Jefe de Policía de la Provincia) afirmando que en caso de no proceder se configuraría denegación de justicia y ello generaría la responsabilidad conjunta del Estado nacional.

Marina es abogada querellante y actora civil en varias causas en las que tuerce el destino de la impunidad: en estos últimos días fue notificada del procesamiento firme por  torturas de un actual comisario de la policía y de la elevación a juicio de otro policía por vejaciones; desde el 2011 impide que la causa de un joven asesinado en una comisaría quede como homicidio culposo; reclama civilmente por los daños y perjuicios por las torturas. Además, es asesora a personas de pueblos originarios; defiende a luchadores sociales criminalizados y judicializados por protesta y pobreza.

La Asociación señala en su comunicado que la opción de la Dra. Schifrin por los excluidos se opone a la de “los sucesivos gobiernos municipales, provinciales y el Gobierno Nacional, que han optado por las clases ricas y poderosas de la ciudad, han mantenido una cerrada política de exclusión y garrote para con los pobres.”

Finalmente, el comunicado hace responsables “al Poder Ejecutivo y Judicial de la Provincia de Río Negro tanto de lo ocurrido como de cualquier otro ataque que pueda sufrir nuestra compañera, y del mismo modo al gobierno nacional que ha avalado abiertamente todo lo actuado por ese Gobierno en causas relacionadas con la represión.”