Durante la audiencia del viernes 17, los abogados de H.I.J.O.S. señalaron que el cambio de calificación legal se adecua a los principios de legalidad y congruencia. Plantearon que la figura de desaparición forzada comprende el delito de tormentos agravados. Solicitaron prisión perpetua para los imputados con accesorias legales e imposición de costas.

ANDAR en los juicios

(Agencia) En el último tramo del juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1978 en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como La Cacha, los abogados querellantes Verónica Bogliano y Ramón Baiviene dieron lectura a su alegato como parte del proceso judicial, y solicitaron al TOF 1 que se modifique la calificación legal de las imputaciones por la de desaparición forzada de personas, “delito que comienza su ejecución con el secuestro la persona, y continúa mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”.

El juicio La Cacha atraviesa las últimas semanas, previo a la sentencia que llegaría en octubre

Los abogados de H.I.J.O.S.  pidieron prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso para Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón, Gustavo Adolfo Cacivio, Luis Orlando Perea, Anselmo Pedro Palavezzatti, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande, Rufino Batalla, Isaac Crespin Miranda y Héctor Raúl Acuña.

Como partícipe necesario penalmente responsable del delito de desaparición forzada de persona agravado por muerte, pidieron que se condene también al exministro de gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, a la pena de  prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso.

El extenso alegato incluyó también el pedido al tribunal para que se extraigan las piezas procesales pertinentes “para poner en conocimiento al Juzgado de Instrucción acerca de la posible intervención de la Marina y la Policía Federal en el CCD La Cacha”, cuestión largamente debatida durante el desarrollo del juicio con respecto a los agentes de otras fuerzas que no han sido incorporados como imputados en la causa.

El vínculo entre El Día y el Destacamento 101

A raíz de diversas evidencias surgidas durante el desarrollo del juicio, especialmente la declaración indagatoria del exjefe de Sección Reunión Interior del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Pedro Anselmo Palavezzati , los abogados querellantes pidieron al tribunal que “extraiga copias de las piezas procesales pertinentes para dar intervención a la justicia para investigar y evaluar el vínculo entre el diario El Día y el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, durante la última dictadura”.

La petición tiene similares características a la formulada el año pasado en el marco del juicio por los crímenes cometidos en la órbita del 5º Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca, del cual se derivó el inicio de una causa penal para investigar la eventual participación del diario La Nueva Provincia en el plan sistemático de acción psicológica desplegada en la región.

En este sentido, los abogados querellantes de H.I.J.O.S.-La Plata señalaron que el diario El Día se ocupó de presentar relatos ficticios de los acontecimientos a partir de la reproducción de comunicados oficiales, la omisión de datos y la presentación seriada de notas cuyos titulares remitían siempre a la figura de los “enfrentamientos”.

Así operó el diario, por ejemplo, el 28 de abril de 1977, horas después del secuestro de Elba Leonor Ramírez Abella y Liliana Pizzá, y del asesinato de sus maridos, Alberto Paira y Arturo Baiviene. Con el título “Dos sediciosos abatidos”, El Día reprodujo el comunicado elaborado por las fuerzas de seguridad, que presentaba los asesinatos como resultado de un supuesto enfrentamiento.  En la nota, las víctimas fueron descriptas como “elementos subversivos marxistas de la banda autodenominada Montoneros”.

Según los abogados querellantes, “lo curioso es que ambas personas asesinadas fueron enterradas como NN, y sin embargo el diario publicó nombre y apellido, lo que nos lleva a cuestionarnos cuál fue la vinculación de este medio con el aparato organizado de poder”.

Respecto a la declaración indagatoria de Palavezzati realizada en febrero pasado, los abogados rescataron los pasajes en los que el imputado explicaba cómo articulaban desde el Destacamento 101 y el diario El Día y Radio Provincia la realización de “encuestas para saber el estado de ánimo de la gente y las opiniones sobre la situación del país (…) Eran conversaciones informales en la calle, en la cola del banco, etc. Esa gente no sabía que era una actividad de inteligencia”.

“Se hacía un tipo de encuesta mínima en la vía pública, de forma reservada. Se las encargaba a El Día, no era personal del Destacamento (el que salía a la calle). Eran encuestas para saber el estado de ánimo de la gente. Los diarios saben de esas cosas cotidianas”, había dicho el imputado.

Estos fragmentos de la indagatoria de Palavezzati fueron incorporados al alegato de los abogados querellantes de H.I.J.O.S., quienes destacaron que la complicidad entre medios y dictadura continuó por varios años hasta casi llegada la democracia, y de allí la importancia de que se ordene el inicio de una investigación penal.