La Cámara Federal de Casación Penal resolvió el pasado 25 de julio aceptar el pedido de los defensores de Lawless a pesar de que el propio tribunal que lo condenó ya había rechazado la prisión domiciliaria en virtud de las pericias médicas y psiquiátricas realizadas para ese fin. El exintegrante del Batallón del 5° Cuerpo del Ejército fue condenado en 2015 a la pena de 8 años y en 2017 a prisión perpetua. En diálogo con ANDAR, la referente de H.I.J.O.S-Regional Bahía Blanca, Alejandra Santucho, alertó que “no sólo se fugó dos veces de la justicia sino que aún está procesado en otras causas por crímenes de lesa humanidad. Bastó que él mismo alegara ‘claustrofobia’ para que una Sala de Casación Penal en feria le otorgara el beneficio”.

ANDAR en Bahía Blanca

(Agencia) Alejandro Lawless tiene una historia criminal desde los más altos cargos en la órbita del Ejército que comenzó a escribirse en 1975 durante el Operativo Independencia en Tucumán –donde conoció a Acdel Vilas, el temerario comandante del operativo- y continuó luego en Bahía Blanca, a instancias del 5° Cuerpo del Ejército, donde también arribó Vilas a partir de 1976.

Lejos de la pretendida tarea de haber estado a cargo de la ingeniería de las comunicaciones en ambas jurisdicciones militares, Lawless fue parte de los operativos de seguimiento y secuestros clandestinos, tal como se comprobó en dos juicios realizados, uno en 2015 y otro en 2017, en el marco de los procesos penales que se subsumen en Bahía Blanca bajo el nombre de Causa Ejército.

De hecho, el ya dos veces condenado por crímenes de lesa humanidad será juzgado en causas prontas a ser elevadas a juicio, y en todas está imputado por graves delitos penales cometidos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, ni las condenas dictadas en su contra ni las dos ocasiones en las que Lawless eludió, con ayuda de su esposa –designada como su ‘guardadora’-, la acción de la justicia, alcanzaron para convencer a la Sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los magistrados Carlos Alberto Mahiques, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci de la peligrosidad y falta de justificación para el otorgamiento de la prisión domiciliaria.

En efecto, además de haber estado, hasta ahora, alojado en lo que se conoce como “cárcel VIP” de Campo de Mayo –donde hay aproximadamente más de un centenar de represores condenados-, los últimos informes periciales solicitados por el tribunal federal de Bahía Blanca acerca de la salud de Lawless negaron la necesidad del otorgamiento de la domiciliaria.

De allí que la defensa del represor presentó nuevamente el pedido, pero ante la sala de feria de Casación Penal, la cual terminó otorgando el beneficio.

Según relató a ANDAR Alejandra Santucho, “durante la última dictadura no es que Lawless trabajaba frente a una PC, como él pretende, sino que estuvo involucrado con el resto de los genocidas en acciones de secuestros, homicidios y torturas, tal como quedó demostrado en los juicios por los que ya fue condenado”.

“Desde los organismos repudiamos la decisión de los magistrados Mahíques, Riggi y Yacobucci, quienes entendieron que Lawless no representa ningún peligro para la sociedad y que no hay riesgo que se fugue. Es un gran retroceso en el proceso de búsqueda de Justicia, y por supuesto que vamos a apelar esta arbitraria decisión”, agregó la referente de H.I.J.O.S-Regional Bahía Blanca.