La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se reunió con el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Carlos Mahiques, para plantear la necesidad de buscar una respuesta urgente ante las graves violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro, y de la policía bonaerense en el territorio. Se presentó una agenda de trabajo que contiene entre otros puntos: la implementación de políticas de prevención, sanción y asistencia de la tortura, la designación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, el pase al Ministerio de Salud de la salud penitenciaria y, en materia de justicia, la implementación de la Policía Judicial y de Fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional.

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(CPM/Agencia) Con la presencia de sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, la Comisión Provincial por la Memoria se reunió ayer con el ministro de Justicia, Carlos Mahiques, a quien entregó un documento con las principales líneas de trabajo en materia de seguridad y justicia que viene realizando la CPM. Acompañaron la presentación, el vicepresidente del organismo, Mauricio Tenembaum, el secretario Roberto Cipriano García y la directora general Sandra Raggio.

Las preocupaciones planteadas contemplaron la superpoblación y hacinamiento, ruinosas condiciones edilicias, falta o ineficiente acceso a la salud y la educación, torturas sistemáticas y corrupción estructural. La CPM ha denunciando reiteradamente la grave situación de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Ese diagnóstico fue recientemente avalado por una auditoría interna encargada por la gobernadora María Eugenia Vidal, realizada por el Ministerio de Justicia, y reconocida por los representantes del gobierno nacional y provincial en la reunión de trabajo convocada por la CIDH el pasado mes.

Frente a este panorama, como ya lo hiciera en una reunión con la gobernadora, la Comisión planteó la necesidad de iniciar una verdadera lucha contra la corrupción penitenciaria y policial, y volvió a solicitar la implementación de políticas públicas de prevención, sanción y asistencia de la tortura. Entre las medidas que pueden contribuir con este objetivo, para la CPM es imprescindible que la provincia designe un mecanismo de prevención de la tortura tal como lo estipula el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de la ONU.

El organismo también reclamó que la Dirección de Salud Penitenciaria pase a depender del Ministerio de Salud de la provincia para articular e integrar las políticas sanitarias en los lugares de encierro. Este pedido surge del alarmante déficit de funcionamiento de la salud penitenciaria que se traduce la gran cantidad de personas que mueren por enfermedades curables y se agravan en el encierro.

Como se expuso recientemente el organismo en una mesa de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la provincia de Buenos Aires registra en la actualidad la mayor cantidad de personas privadas de la libertad de toda su historia. Sobre este punto, el documento entregado al ministro Mahiques señala que “el grave problema de la sobrepoblación y hacinamiento no se resuelve construyendo más cárceles, sino disminuyendo los índices de prisionización”. El Ministro expresó su total acuerdo en estos aspectos.

En este contexto, surge la necesidad de abandonar el paradigma punitivista de las políticas de justicia y seguridad, y avanzar en reformas estructurales que democraticen estas instituciones. Como contribución a este proceso, el organismo volvió a pedir por la efectiva implementación de la Policía Judicial, impulsada por la CPM y sancionada por Ley 14.424. El proyecto redefine la orientación de la política criminal del Ministerio Público Fiscal hacia la investigación de los eslabones más poderosos de los mercados ilegales e implicaría, sin dudas, superar el actual esquema de delegación de la investigación en la policía, lo que se ha consolidado dando lugar a una policialización de la actividad fiscal.

Por otro lado, atento a los graves déficits que existen en la persecución de los delitos de torturas, apremios ilegales y muertes a manos del Estado, la CPM también exigió el cumplimiento de la ley 14.687 que crea las fiscalías especializadas en la investigación de la violencia institucional.

Frente a este panorama, se acordó avanzar en espacios de trabajo para combatir la tortura en los lugares de encierro y dar pasos estratégicos en cambios de fondo en la orientación de la política criminal cuya base sea la garantía plena de derechos.