ANDAR en las Comisarías

(Agencia) La CPM presentó un hábeas corpus colectivo por la situación de detención de las personas alojadas en la Comisaría II de Ensenada ante el Juzgado de Garantías 6 de La Plata, solicitando la clausura de los espacios comunes e individuales. El juez hizo lugar parcialmente a la presentación y dispuso que el alojamiento de detenidos no exceda el cupo habilitado y un plazo de permanencia de 48 horas como máximo. La CPM apeló ante la Sala III de la Cámara que fijó audiencia para el 26 de junio.

Vale recordar que el 15 de febrero de 2012 se había declarado el cierre definitivo de todos los calabozos de varias comisarías –entre ellas la Comisaría II de Ensenada-  para el alojamiento de detenidos por causas penales. El 20 de mayo de 2014 por Resolución ministerial 642 se autorizó el alojamiento transitorio en esos calabozos, obligando a realizar obras de readecuación en cada dependencia. En esa oportunidad, la Comisión por la Memoria se pronunció en contrario advirtiendo que “la rehabilitación de un centenar de calabozos en la Provincia no sólo implicará una profundización de las condiciones de detención que fomentan y propician la tortura -y que fueron limitadas por las Cortes Supremas de Justicia Nacional y Provincial de Buenos Aires- sino que también quitará policías de su función de prevención del delito para nuevamente involucrarlos en la custodia de detenidos”.

En el caso de la Comisaría de Punta Lara no sólo se rehabilitaron los calabozos sin haber sido readecuados, sino que se pudieron constatar las pésimas condiciones en las que se encontraban los detenidos. Por lo tanto la CPM volvió a solicitar que se clausuren los calabozos de esa dependencia hasta que se realicen las obras de reacondicionamiento, y, una vez finalizadas, pidió que el plazo máximo de permanencia no supere las 48 horas, ya que las dependencias policiales no son lugares aptos para la permanencia de personas por períodos prolongados.

El director del programa de Justicia y Seguridad democrática, Rodrigo Pomares, analizó que “Este caso es el reflejo concreto de la profundización del colapso de los lugares de detención y del esquema de seguridad pública basado en el aval y fomento de la violencia estatal. Es una muestra cabal de la insistencia de los poderes del estado en delegar el abordaje del delito en el dominio territorial de la policía bonaerense y sus prácticas ilegales. Evidencia también que el sistema penal construye estadísticas en base a la detención de quienes integran los sectores pobres y omite direccionar sus políticas de seguridad pensando abordajes integrales y basados en estudios rigurosos que permitan aportar soluciones a los conflictos sociales y en particular al control de los mercados ilegales”.