La CPM se reunió con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y expresó su preocupación por las prácticas sistemáticas de las policías que atentan contra los derechos humanos y constituyen una política criminal selectiva que se orienta, principalmente, contra los sectores más pobres de la sociedad. El organismo le entregó un documento con seis líneas de trabajo en materia de seguridad. También, en el marco de la denuncia realizada por torturas y abuso sexuales que sufrieron 5 mujeres detenidas en una comisaría de San Vicente, exigió que se tomen las medidas necesarias para sancionar los responsables del hecho.

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(CPM) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), encabezada por su presidente Adolfo Pérez Esquivel, se reunió con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y le entregó un documento con las principales problemáticas en materia de seguridad: detenciones en comisarías, policía judicial, policías locales, represión de la protesta social, uso letal de la fuerza, y producción y acceso a la información. Durante el encuentro se acordó establecer otras instancias para discutir estos temas.

“Debemos avanzar en la implementación de una política de seguridad democrática que respete los derechos humanos”, declaró Adolfo Pérez Esquivel luego de la audiencia. Junto al presidente de la CPM, estuvieron los integrantes del organismo Mauricio Tenembaum, Roberto Cipriano García, Susana Méndez, Víctor De Gennaro, el coordinador del área de Justicia y Seguridad Rodrigo Pomares y la directora general de Áreas Sandra Raggio.

Los miembros del organismo expusieron los datos críticos de una política en materia de seguridad que ha propiciado una situación de mayor vulnerabilidad para amplios sectores de la población, principalmente la de los jóvenes pobres que mayoritariamente son los destinatarios de estas prácticas: el incremento de las detenciones ilegales o arbitrarias, el empleo de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas, el uso letal de la fuerza y la corrupción policial.

En virtud de este diagnóstico, la CPM le entregó al ministro Cristian Ritondo un documento con los seis puntos centrales para el diseño de políticas públicas de seguridad democrática que permitan revertir la grave situación de los derechos humanos en la Provincia.

Entre los temas expuestos, se expresó la preocupación por la habilitación de los calabozos de comisarías como lugares de detención que ha sido y es una condición de posibilidad para la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. A esto se suma la necesidad de redefinir los criterios de selección, formación y capacitación y crear instancias de control autónomo del desempeño de las policías locales.

El organismo también denunció el uso letal de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y las serias falencias en materia de control de las armas de fuego, municiones y otros materiales controlados; particularmente grave es el déficit en el control de las armas bajo custodia estatal.

En el documento, la CPM vuelve a reclamar la implementación efectiva de la Policía Judicial—impulsada por el organismo y sancionada por ley 14.424— con el objetivo de redefinir la orientación de la política criminal del Ministerio Público Fiscal hacia la investigación de los eslabones más poderosos de los mercados ilegales. Esta medida implicaría, sin dudas, superar el actual esquema de delegación de la investigación en la policía, lo que se constituye en una policialización de la actividad fiscal.

La CPM también advirtió que, desde el año 2009, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires incumple con su obligación de aportar datos estadísticos al Sistema Nacional de Información Criminal. Esta ausencia de producción y acceso a la información es alarmante si se entiende que estos datos son indispensables para el diseño de una política criminal adecuado a las prioridades en materia de seguridad.

El último de los seis puntos presentados expresa la preocupación por la radicalización de la represión a la protesta social entendiendo que se trata de un grave retroceso en materia de intervención estatal ante los conflictos sociales que se expresan en espacios públicos.

Finalmente, y en el marco de la denuncia realizada por las torturas sistemáticas, maltrato y abuso sexual que sufrieron cinco mujeres detenidas en una comisaría de San Vicente, la CPM le entregó una carta al ministro Ritondo exigiendo, por la gravedad de los hechos —que resultan doblemente gravosa por la perspectiva de género en que se inscriben los abusos denunciados—, que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las víctimas y que se investigue a fondo las responsabilidades policiales.

La CPM vuelve a exponer la necesidad de promover políticas públicas en materia de protección y defensa de los derechos humanos. Este encuentro con el ministro Cristian Ritondo se inscribe en esa lógica de trabajo.