“Es importante evidenciar el rol fundamental que juegan los auxiliares de la justicia a la hora de investigar hechos cometidos por agentes de fuerzas de seguridad. Llegar a la condena y evitar la impunidad, que históricamente han tenido en casos similares, resulta central en este juicio”, manifestó el equipo jurídico de la CPM en sus alegatos como co-patrocinante del particular damnificado. Se ventilan los delitos de falso testimonio y encubrimiento respecto del médico policial Álvarez Ceballos, y de falso testimonio contra los autopsiantes Sabules y Miceli, en torno a las primeras pericias realizadas sobre la víctima de un homicidio ocurrido en 2008 en la Laguna de Lobos: el ambientalista Carlos Castello.

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(Agencia) El juicio comenzó el martes 4 de junio a instancias del Juzgado Correccional 5 de La Plata, luego de más de una década de ocurrido el asesinato de Carlos Castello en su casa de Laguna de Lobos, situada a metros de un destacamento policial cuyos integrantes ya fueron señalados penalmente como posibles autores del homicidio.

De esa causa principal se desprendió esta otra por falso testimonio y encubrimiento, que está siendo juzgada desde el martes pasado y que terminará el viernes 7 de junio al mediodía cuando el Juzgado Correccional 5 de La Plata entregue a las partes la sentencia del breve debate oral y público.

Por una parte, el médico policial adscripto al Destacamento de Lobos, Jorge Antonio Álvarez Ceballos, está acusado de haber pretendido encubrir a los autores del crimen luego de afirmar, desde el mismo día en que fue hallado sin vida Carlos Castello, que se hizo presente en la vivienda y que realizó las primeras evaluaciones respecto a la posición del cuerpo, circunstancias del mobiliario y examen del arma hallada junto a la víctima.

Además de no haber estado allí, tal como lo confirman la mayoría de testigos en el juicio así como la ausencia de su firma en el acta de procedimiento policial y el informe remitido por Movistar respecto a las localizaciones de su teléfono celular durante aquél día, habría enunciado falsamente en su informe la ausencia de lesiones en el cuerpo del ambientalista.

Del mismo modo, los médico autopsiantes Marcela Sabules y Pablo Miceli omitieron en sus conclusiones las notorias heridas, hematomas y rastros de golpes que presentaba el cuerpo de Castello, tal como años más tarde fueron señaladas –y calificadas como evidentes, a simple vista, contundentes- por peritos de Gendarmería Nacional y especialistas convocados como peritos de parte.

En suma, los tres profesionales son juzgados por haber generado las condiciones para el direccionamiento de la investigación penal, con el objetivo de sugerir un suicidio y ocultar tanto el homicidio como a los autores materiales.

En la segunda audiencia del debate oral y público realizada el miércoles se llevaron a cabo los alegatos de la acusación y de la defensa. La fiscalía concluyó respecto a Ceballos: “Interesa resaltar que los testigos que tendrían que haber dado precisiones (otros policías) sobre la presencia de Ceballos en el lugar de los hechos, no lo pudieron hacer. Y Leiva (un trabajador de la laguna de Lobos que presenció, como testigo de actuación, las primeras pericias en la casa de Castello) dijo aquí que lo conocía a Ceballos pero, cuando se le preguntó si lo vio, dijo que no estuvo Ceballos en el lugar aquel día”.

Con respecto a las tareas de levantamiento de rastros en una escena donde hubo una muerte en circunstancias dudosas, la fiscalía explicó que “son tareas de auxiliares de justicia que implican ser los ojos y oídos del ministerio público hasta que llegamos al lugar”, y que el accionar del médico policial así como el de los autopsiantes no se ajustaron a los procedimientos establecidos ni hicieron honor al juramento de su cargo público.

“No puedo no poner lo que veo en un cuerpo y livianamente decir que, como hay ausencia de lesiones traumáticas, el disparo fue por autoagresión. El obrar doloso, con conocimiento y voluntad de los tres, se expresa en que lo hicieron con la clara intención de desviar la investigación en las primeras 48 horas, cruciales para el avance de una investigación penal”, agregó.

Cabe destacar que la fiscalía pidió, además de la condena sobre los tres médicos peritos, que se realicen copias certificadas de la declaración testimonial de la ayudante fiscal que aquella mañana estuvo presente en la casa de Castello y que siempre aseguro haber visto a Ceballos, incluso en su declaración en este juicio. El ministerio público denunciará a la funcionaria por falso testimonio.

El miércoles también dieron sus alegatos los dos abogados del particular damnificado, Guido Sintas y Marcello Parrilli. El primero enfatizó en la cantidad y contundencia de las pruebas contra la versión de Ceballos respecto a si estuvo o no en el lugar. Mencionó la falta de firma del médico en el acta policial de procedimiento; el informe de la compañía Movistar, que describe las antenas que se activaron con las llamadas de Ceballos y que lo sitúan tanto en Lobos como en otra localidad cercana, pero nunca en la zona de la laguna, entre otras.

Parrilli, por su parte, consideró al fundar los agravantes que “el médico no solo es funcionario público y ciudadano: tiene una obligación central con el compromiso de defensa de la vida, que no solamente se reduce asistir al enfermo o lesionado sino que también, en caso concretos como éste, el médico debe posibilitar y velar de que se realice la ley penal que sanciona la destrucción del valor vida”.

En cuanto al equipo jurídico de la CPM –co-patrocinante del particular damnificado-, alegó que “ha quedado demostrado que en el informe de autopsia, los médicos Sabules y Miceli omitieron referir lesiones de carácter central que eran evidentes y muy importantes. Consideramos que estas omisiones deben evaluarse de manera concatenada y que tenían un sentido: ocultarlas para permitirles decir lo que dijeron en sus conclusiones”.

“Todos los peritos expertos que vinieron a declarar aquí hablaron de ‘evidentes’, ‘patentes’, ‘a simple vista’, etc. Por lo que fueron omitidas esas heridas deliberadamente por los autopsiantes, provocando que durante 5 años la causa principal investigara un suicidio”, agregó.

“Me gustaría enfatizar los lineamientos de esta parte que ya planteamos como abogados de un organismo de derechos humanos: es importante evidenciar el rol fundamental que juegan estos auxiliares de la justicia a la hora de investigar hechos cometidos por agentes policiales. Llegar a la condena y evitar la impunidad que históricamente han tenido en casos similares resulta muy importante”, concluyó la CPM.