A comienzos de febrero, en el marco de una inspección realizada por el programa de Salud Mental de la CPM junto al órgano de Revisión Local, se relevaron graves violaciones a los derechos humanos en la comunidad terapéutica San Antonio, en la localidad de Villa Rosa, Pilar, contra los más de 30 usuarios bajo su custodia. La denuncia del organismo derivó finalmente en la clausura del establecimiento por parte del Ministerio de Salud provincial. Sin embargo, la CPM manifiesta su preocupación por la ausencia de estándares de habilitación adecuados a la ley de salud mental.

ANDAR en la salud

(Agencia) Según el acta de inspección labrada por el Departamento de Inspecciones Sanitarias del Ministerio de Salud, en la comunidad terapéutica San Antonio se verificaron una serie de infracciones por las cuales fue dictada la clausura provisoria del establecimiento: baños incompletos (sin agua caliente) y carencia de artefactos, salidas de emergencias indicadas pero clausuradas al efecto práctico, cantidad de ocupantes superior a lo habilitado, y cambio de modalidad operativa -de sistema abierto a cerrado-, entre otras.

La CPM había exigido la clausura luego de detectar y registrar torturas, malos tratos y situaciones de privación ilegal de libertad contra los usuarios de la comunidad

La clausura dispuesta a comienzos de marzo por la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización del Ministerio de Salud había sido solicitada, un mes antes, por parte de la CPM ante el Juzgado de Garantías 6 y la Unidad Fiscal de Investigación 2 con asiento en Pilar. El carácter provisorio del cierre de la Comunidad se extiende hasta que cumpla con los estándares de habilitación.

Sin embargo, la CPM manifiesta su preocupación por la ausencia de estándares de habilitación adecuados a la ley de salud mental. La normativa existente y que actualmente utiliza el ministerio para la habilitación y fiscalización de estos espacios resulta insuficiente a la hora de determinar cuáles son las condiciones generales de internación necesarias a los fines de garantizar el abordaje de la salud propuesto por la 26.657.