350 familias ocupaban un predio ubicado en 520 y 214 de la localidad platense de Abasto. Tras varias gestiones, el juez Luis Arias había presentado una medida cautelar para frenar el desalojo. Sin embargo, esta la madrugada la policía bonaerense lo llevó adelante  con balas de goma y gases lacrimógenos. Hay heridos y trece detenidos.

ANDAR en Abasto

(Agencia) La Comisión Provincial por la Memoria se hizo presente en el lugar del desalojo esta mañana y presentó un habeas corpus para preservar la integridad de las personas detenidas durante el operativo. Además, representantes del organismo se encuentran monitoreando la situación de las 13 personas detenidas que fueron trasladadas a la alcaidía de la Fiscalía en La Plata.

Durante el desalojo incendiaron las casillas después de sacar a la gente con balazos de goma y pasaron las topadoras sobre lo que quedaba. Las personas, desplazadas por la policía hasta la ruta 2, intentaron acercarse nuevamente al predio con las manos arriba y aplaudiendo para evitar nuevas represalias. El juez Luis Federico Arias, presente en el lugar, exigió al comisario a cargo del operativo que le mostrara la orden de desalojo, pero el efectivo se negó.

Los efectivos a cargo de la Comisaría 7ª de Abasto no dejaron ingresar a los profesionales de la CPM que querían entrevistarse con los detenidos y constatar que estuvieran bien. Tampoco lo permitieron los funcionarios de la Fiscalía Nº1, a cargo de Ana Medina, cuando los detenidos fueron trasladados a la alcaidía alegando cuestiones de seguridad.

FOTO: F. Tocho

“Esto es una muestra más de la criminalización de la pobreza en beneficio de intereses y especulación inmobiliaria. Con el operativo de hoy quedo demostrado que la policía ha pasado todo límite de institucionalidad democrática. Todo el procedimiento fue ilegal con violencia hasta contra el mismo juez Arias”, aseguró Rodrigo Pomares, director del área de seguridad democrática de la CPM.

Entre los detenidos había un joven de 18 años de nacionalidad boliviana que estaba brutalmente golpeado, un abogado que quiso intervenir para defender a las personas afectadas y una mujer. La mayoría de ellos están acusados de resistencia a la autoridad y uno por tenencia de arma blanca.

El desalojo habría sido posible porque ante dos fallos en conflicto: el del Juzgado de Garantías 3 que lo habilitaba y el del juez Arias que lo suspendía; quienes avalan la medida se amparan en el apoyo de la Cámara de Apelaciones al primero. El conflicto entre ambas disposiciones judiciales debería dirimirse en la Suprema Corte; mientras eso sucede, los organismos pertinentes deben censar a la gente y generar planes de vivienda pertinentes.

El predio consta aproximadamente 50 hectáreas que se extienden desde 520 a 530 y 213 a 217. Allí ya se habían instalado algunas pequeñas quintas de pequeños horticultores, pero en las últimas semanas fue ocupada por centenares de familias en busca de un lugar donde construir sus viviendas.

La inmobiliaria Mattioli denunció penalmente una presunta usurpación ante la fiscalía 2 de La Plata –a cargo de Betina Lacki- y se pidió el desalojo al Juzgado de Garantías 3, petición que fue aceptada y ordenada, aunque la defensoría 10 negó la existencia del delito de usurpación.

El comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria