Tal como viene denunciando la CPM desde la entrada en vigencia del DNU 70/2017 que modificó la legislación migratoria en Argentina, en pos de la protección del orden público se consolidan prácticas de persecución administrativa y judicial (con la eventual expulsión del país) de los migrantes más desfavorecidos y vulnerables, sin los medios para defenderse. Es el caso de la joven Vanessa Gómez, de 33 años que hasta hace unos días trabajaba de enfermera en Argentina y que, a pesar de de ser madre de 3 niños pequeños y de haber finalizado en 2014 una condena por drogas, fue detenida el 1 de febrero en su domicilio y horas más tarde enviada a Perú con uno de sus hijos todavía lactante.

ANDAR en Buenos Aires

Agentes de la Policía Federal llamaron a la puerta de Vanessa el viernes 1 de febrero por una supuesta firma de notificación judicial que la joven debía realizar, en el marco de una causa penal por infracción a la ley de drogas sobre la cual ya había sido liberada por buena conducta. Ella accedió y se dirigió con los efectivos, llevando a su hijo más pequeño, de dos años. Los otros dos, de 5 y 14 años, se quedaron en la casa. No volverían a ver a su madre: Vanessa fue, primero detenida, y luego trasladada al aeropuerto de Ezeiza desde donde se ejecutaría la expulsión del  país.

Ahora, y desde hace más de una semana, Vanessa permanece en Lima –vivió en Argentina durante los últimos 15 años, casi la mitad de su vida- y sólo se comunica con sus dos hijos mediante teléfono público.

El abogado de la joven, Juan Martín Villanueva, denunció la sucesión de atropellos a los derechos de la joven y sus tres hijos, que incluye desde el ardid de aquella presunta notificación hasta la salida del país sin ninguna de sus pertenencias, posibilidad de hacer revisar la medida por parte de la justicia contencioso administrativa (instancia revisora de las decisiones sobre migraciones), ni estudio socioambiental o psicológico de los niños que fueron separados de su madre.

Todo esto sin considerar que Vanessa no estaba prófuga ni fue hallada en el momento de la comisión de un delito: se trata de los efectos que paulatinamente genera la aplicación del decreto 70/2017, orientado a la expulsión de extranjeros sin considerar motivos ni garantizar derechos de defensa.

En este sentido, la CPM ya ha advertido sobre estos procedimientos administrativos con plazos exiguos, sin asistencia jurídica gratuita y con el grave efecto estigmatizante sobre sectores vulnerables. En el informe anual 2018 se señaló que el decreto “instaura el estatuto de la deportación sin juicio que habilita la persecución”.

Desde el viernes 1 de febrero, el abogado Juan Martín Villanueva, que patrocina a Vanessa, ha realizado distintas acciones judiciales con el fin de retrotraer la deportación, algo que se prevé particularmente difícil de lograr ya que, una vez consumada la expulsión, la persona acarrea una prohibición de reingreso al país por los siguientes 8 años.

De allí que las presentaciones judiciales se realizarán en el marco de un planteo de reconsideración en base a otras deportaciones ocurridas en los últimos años contra personas que también habían resultado separadas de sus hijos.