Luego de una larga audiencia de alegatos que comenzó el viernes, en la madrugada del sábado un jurado popular decidió, por mayoría, declarar culpables de los delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual a 11 de los 15 policías bonaerenses –varones y mujeres- imputados. Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020 en la comisaría 3ra. de La Tablada. La decisión del jurado valora el testimonio de las mujeres y mujeres trans que, a pesar del inmenso dolor que padecieron, tuvieron la valentía de denunciar estos hechos y declarar durante el juicio. La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocinó a 17 de las 28 víctimas, interviniendo además como particular damnificado institucional.  El próximo 10 de mayo se llevará a cabo la audiencia de cesura ante el Juez Gerardo Gayol, del TOC 4 de La Matanza, donde se requerirán las penas para luego dictarse la sentencia.

ANDAR en La Matanza

(Agencia Andar) Por unanimidad (12 votos) o por mayoría de 10 y 11 votos –según los casos-, un jurado popular integrado por doce vecinos y vecinas de La Matanza consideró culpable de los delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual a 11 policías bonaerenses. Otros cuatro funcionarios que llegaron a juicio fueron declarados no culpables. El veredicto se conoció este sábado alrededor de las 3 de la madrugada, luego de una semana de audiencias que se realizaron en el SUM de la Unión Industrial de La Matanza.

Los hechos denunciados ocurrieron entre septiembre de 2019 y enero de 2020 en la comisaría 3ra de La Tablada, y tuvieron como víctimas al menos 28 mujeres y personas trans. De acuerdo a la instrucción judicial y lo que se ventiló durante el juicio, estas prácticas fueron sistemáticas y se dieron en un contexto de graves vulneraciones a los derechos humanos.

Durante estos días de audiencia, las víctimas de este delito pasaron frente al jurado y aún con signos de angustia por lo vivido, relataron con precisión y de manera coincidente los actos de violencia física y psicológica que sufrieron durante esos cuatro meses.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocinó a 17 de las 28 víctimas y fue particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. En ese rol destacó durante los alegatos, que esas prácticas constituyeron actos de tortura y graves violaciones a los derechos humanos, solicitando la condena por estos delitos. Este pedido se fundamentó en la sistematicidad de las practicas y la clara intencionalidad de llevarlas a cabo para provocar sufrimientos y padecimientos graves en las víctimas de parte de funcionarios públicos que tenían el deber de cuidado y custodia de las detenidas.

Durante las audiencias del juicio se probó que durante esos cuatro meses (de septiembre de 2019 a enero del 2020) los funcionarios policiales ejercieron violencias físicas y psicológicas con el objetivo de humillar, producir gran sufrimiento y castigar a las detenidas de múltiples formas: insultos racistas y xenófobos; aislamiento extremo como forma de castigo que implicaba el encierro en las pequeñas celdas durante periodos prolongados, donde las forzaban a orinar en botellas de plástico y defecar en bolsas de nylon; el robo y la destrucción de los alimentos que ingresaban sus familias -los funcionarios policiales les tiraban la comida o la dejaban al sol para que se pudra-; provisión de agua caliente y en mal estado para hidratarse, entre otros graves hechos.

En ese marco de graves violaciones a los derechos humanos, los funcionarios policiales abusaron sexualmente de las detenidas durante una requisa en donde se buscaba un celular. Las víctimas declararon que en la dependencia había escáner para detectar metales en el cuerpo de las personas, pero no se utilizó. La requisa personal vejatoria consistió en introducir una agente policial sus dedos en las cavidades intimas de cuatro mujeres cuanto menos, con un mismo guante a todas. Una de las mujeres declaró su angustia porque conociendo que tenía una enfermedad de transmisión sexual, temió que se contagiaran sus compañeras, otra joven que era virgen también fue víctima de estas prácticas, lo que le provocó una profunda afectación. Todo esto en un marco de absoluta ilegalidad: con participación de personal policial masculino, sin consentimiento de las víctimas ni autorización judicial, y con la única finalidad de castigar, humillar, denigrar y, finalmente, violentar la integridad sexual de las detenidas.

Tal como se sostiene en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como requirió la CPM en sus alegatos, estas requisas constituyen abuso sexual y así también lo entendió el jurado popular que declaró la culpabilidad de 4 de los 6 policías que estaban imputados por abuso sexual.

El otro delito que quedó probado durante el juicio fueron las vejaciones durante una requisa policial masiva a cargo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) luego de una protesta de las mujeres por las inhumanas condiciones de detención. En ese momento, funcionarios del GAD junto a personal de la comisaría encerraron a diez detenidas en un baño de ínfimas condiciones, las obligaron a desnudarse y las golpearon con palos para que realicen ejercicios físicos hasta la extenuación, con sus cuerpos en contacto, una de ellas menstruando, todo frente a la mirada de policías hombres que se burlaban con diferentes insultos «negras de mierda», «mugrientas», «putas», etc.

Por último, el jurado popular también declaró culpable a los policías imputados por las vejaciones a una joven mujer trans. Durante el encierro, fue particularmente violentada por su condición de género: fue alojada en una celda diminuta sin camastro ni baño, la alojaron también con detenidos hombres y la hicieron limpiar orín, material fecal y vómitos de otras personas con sus propias manos.

En la decisión final del jurado popular, por estos hechos, fueron declarados culpables el subcomisario Lionel Maximiliano Gómez, Ángel Ariel Reales y Javier Ramón González por los delitos de severidades y abuso sexual; Valeria Suárez, Silvia Solari y Lara de las Nieves Taramazzo por el delito de severidades; Silvina Suárez por el delito de abuso sexual; y Hernán Garzón, Yanina Vargas, Johanna Romero y Franco Hinojosa por el delito de vejaciones. Por su parte, Maida Ruiz, Cristian Aliaga, Leandro Maidan y Ariel Pasquale fueron declarados no culpables por el jurado.

A pesar de los años que transcurrieron del hecho, todas las víctimas que declararon durante el juicio se encuentran en la actualidad profundamente afectadas por la violencia sufrida, algunas incluso con problemas de salud que persisten hasta el día de hoy y de carácter crónico. Además, la grave afectación y sufrimiento de las víctimas fue corroborado en el juicio por un ateneo de profesionales de psicólogas y trabajadores sociales del Centro de Asistencia a la Víctima del Departamento Judicial de La Matanza y del equipo de asistencia psicológica de la CPM, mediante una extensa declaración dando cuenta de su labor con las víctimas durante estos casi cuatro años y ratificando la perdurabilidad del daño sufrido. También el titular del Codesedh, el médico Norberto Liwski, refirió en su declaración al acompañamiento de las víctimas efectuados por su institución y aportó datos muy relevantes respecto de las condiciones en que deben efectuarse las prácticas ginecológicas.

A su vez, el Secretario Ejecutivo e integrante de la CPM Roberto F. Cipriano Garcia realizó una caracterización de las condiciones de detención y trato en comisarías, lo que acontecía en ese lugar y la forma de intervenir del organismo como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. También importantes funcionarios judiciales de La Matanza prestaron declaración respecto del comportamiento del personal policial en la comisaría y pudieron dar cuenta del contexto de graves vulneraciones de derechos.

Para llegar a probar estos hechos, fue muy valioso el trabajo realizado durante el juicio por el fiscal de delitos de gravedad institucional Jorge Yametti y su secretaria Natalia Piccoli, así como también la tarea realizada por la fiscalía de instrucción, a cargo de María Julia Panzoni y Fernando Amador López, y la fiscal general de La Matanza Patricia Ochoa.

Por otro lado, la defensa de los policías intentó desmentir los hechos, pero no aportaron casi ninguna prueba sobre la inocencia de sus defendidos. En cambio hostigaron a las víctimas y sus abogados y abogadas, e insistieron en atacar recurrentemente el trabajo realizado por la CPM en la defensa de los derechos humanos. Como muestra el categórico voto del jurado popular, nada de esto tuvo peso o incidencia en el camino de justicia.

Cabe recordar que la investigación judicial se inició a raíz de la comunicación realizada por funcionarios de la Defensoría General de La Matanza y el entonces Defensor de Casación Dr. Mario Coriolano, familiares de las víctimas y por el habeas corpus y posterior denuncia penal presentada por la CPM el 21 de enero de 2020, luego de realizar una inspección en la comisaría en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

A lo largo de estos años, los equipos de la CPM que conforman el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura acompañó, asistió y patrocinó a las víctimas. Durante el juicio, recibieron también el acompañamiento de H.I.J.O.S y APDH La Matanza, la distrital de La Matanza de Suteba y colectivos de género y derechos humanos de la región.

Tras la decisión del jurado popular, el juez Gerardo Gayol del Tribunal Oral Criminal N° 4 de La Matanza realizará el 10 de mayo la audiencia de cesura para que las partes requieran el monto de las penas a imponer a los policías declarados culpables, para luego dictar su sentencia.