La resolución responde a un habeas corpus colectivo que se generó a partir de una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria. El fallo reconoce la arbitrariedad e ilegalidad de las detenciones de jóvenes y niños en el departamento judicial de La Plata, y ordena que no se alojen ni trasladen menores de edad a las comisarías. También solicita la capacitación urgente del personal policial en derechos de la niñez.

ANDAR en la justicia

(Agencia) Una llamada al 911 alertó a la policía. Dos niños de alrededor de 13 años habían ingresado al estacionamiento de un geriátrico. Los agentes intervinieron y se los llevaron detenidos sin notificar a la justicia ni a los dispositivos correspondientes de abordaje de la niñez. Este mal desempeño alertó a la Comisión Provincial por la Memoria que realizó una denuncia ante ante la Asesoría de Incapaces Nº4 y derivó en la acción de habeas corpus preventivo y colectivo que ahora se resolvió favorablemente en la justicia. La presentación, a cargo de titular de la asesoría, Griselda Margarita Gutiérrez, se realizó por los niños que se vieron involucrados en ese suceso y también respecto de todos los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años de este Departamento Judicial, que por su edad resultan no punibles.

[pullquote]los efectivos policiales de cualquier fuerza deben abstenerse de trasladar a niños, niñas y adolescentes a las seccionales policiales[/pullquote]

Ahora el fallo del Juzgado de garantías del joven Nº 3 de La Plata ordena al Ministerio de Seguridad que los efectivos policiales, ya sea de la policía local o bonaerense, se abstengan de trasladar a niños, niñas y adolescentes menores de edad a las seccionales policiales y omitan toda limitación de su libertad. También ordena al Ministerio y a la policía local la urgente capacitación e instrucción educativa sobre los procedimientos con menores de edad en el área penal y en los casos de vulneración de derechos. Las indicaciones judiciales subrayan que si los jóvenes estuvieran cometiendo algún delito deben dar intervención a las fiscalías y ser los operadores judiciales los encargados de dar las instrucciones del caso. Cuando lo que existe es una situación de vulneración de derechos se debe dar intervención a los servicios locales o zonales.

Desde la CPM, que acompañó la presentación del habeas corpus en calidad de amicus, afirman que han constatado “una práctica, cotidiana y naturalizada de alojamiento –aun momentáneo o provisional- de niñas, niños y adolescentes en dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que permanecen ajenas a los controles de legalidad judicial y de los operadores destinados a garantizar el interés superior del niño”.

[pullquote] CPM: hay una práctica, cotidiana y naturalizada de alojamiento –aún momentáneo- de niñas, niños y adolescentes en dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires[/pullquote]

Tomando como ejemplo el caso que origina este fallo pudo identificarse que la comunicación con el servicio local se dilató hasta el momento de retirar a los niños del establecimiento policial, a pesar de que este dispositivo ya venía trabajando con los niños. Para cuando los notificaron los chicos ya habían sido llevados a cuerpo médico por agentes policiales, se trasladaron en patrulleros y permanecieron aprehendidos en una comisaría. “Su intervención en un primer momento hubiera sido de mayor utilidad que la llevada a cabo por los agentes policiales, siendo que además actuaron de manera ilegal, por tratarse de menores inimputables”, explican desde la CPM.

En la Provincia

Este tipo de situaciones no sólo se dan en el departamento judicial de La Plata. En abril de este año el juez de Garantías del Joven de Mercedes, Marcelo Giacoia, también dictó un fallo a partir de un habeas corpus colectivo que presentaron  las defensoras oficiales de ese departamento judicial ante la enorme cantidad de detenciones arbitrarias a menores de edad. Giacoia designó a la Comisión Provincial por la Memoria para controlar la ejecución de esa sentencia que exige a la policía abstenerse de continuar con este tipo de prácticas.

En un diagnóstico sobre la situación de la zona se relevó el ingreso de 20 jóvenes, de entre 10 y 17 años a demorados y conducidos Comisarias de las localidades de Chivilcoy, Marcos Paz y Luján durante los primeros dos meses de 2016. La policía utilizó figuras como “entrega del menor”, “su situación”, y en ocasiones permanecieron hasta 5 horas en estas dependencias aún sin encontrarse involucrados en ningún conflicto con la ley penal.