Funcionó en la ex subcomisaría de Villa Insuperable (actual Distrital Noreste II) durante el terrorismo de Estado. El acto será el miércoles 22 de julio a las 16 hs, en Quintana y Tapalqué, Lomas del Mirador, La Matanza.

FOTO: Infojus

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(Dirección Nacional de Sitios de Memoria) Este lugar de reclusión ilegal fue denominado “Sheraton” por los propios represores. Allí fueron secuestrados y sometidos a torturas hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical en el marco del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

Muchos de los detenidos-desaparecidos provenían del centro clandestino “El Vesubio” y eran posteriormente derivados a distintos lugares de reclusión ilegal, encarcelados por años en unidades penitenciarias, asesinados o desaparecidos. Algunas de las víctimas de “Sheraton” eran llevadas periódicamente al Grupo de Artillería Mecanizada 1 “Brigadier General Iriarte”, para realizar trabajo esclavo relacionado con su trayectoria política e intelectual. Entre este grupo de detenidos-desaparecidos, se encontraban el sociólogo Roberto Carri, la profesora Ana Caruso, el cineasta Pablo Szir y el escritor y guionista de historietas Héctor Germán Oesterheld. Todos ellos continúan desaparecidos.

En 2013, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 imputó a cinco militares –uno de ellos falleció- y dos policías bonaerenses por delitos de lesa humanidad cometidos en el “Sheraton” contra 17 víctimas. Esta causa se encuentra en proceso de elevación a juicio oral.

El acto, organizado por esta Secretaría junto con su par de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de La Matanza, contará con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas y sociales.

La continuidad de las prácticas en el presente

La violencia institucional ejercida en democracia por funcionarios responsables de la seguridad pública expresa una continuidad con las prácticas represivas ilegales instauradas por el terrorismo de Estado y lesiona la plena vigencia de los derechos humanos.

En septiembre de 2008, cuando tenía 16 años, Luciano Arruga fue detenido ilegalmente y sometido a torturas en el destacamento policial de Lomas del Mirador que dependía de la comisaría donde funcionó el “Sheraton”. Cuatro meses después, luego de rechazar las presiones de efectivos de la policía Bonaerense para cometer delitos, Luciano fue desaparecido. En 2013, tras el reclamo de familiares y organismos de derechos humanos, la causa pasó de estar caratulada como “averiguación de paradero” a “desaparición forzada de persona” trasladándose al fuero federal. En octubre de 2014 el cuerpo de Luciano fue hallado en el cementerio de la Chacarita, donde había sido enterrado como NN. Mientras que la responsabilidad del Estado por estos hechos continúa investigándose, en mayo de 2015 fue condenado a 10 años de prisión el policía Julio Diego Torales, como coautor de torturas en la detención de 2008.

Es deber del Estado argentino y de las administraciones provinciales y municipales garantizar la prevención, sanción y reparación de estos delitos gravísimos.

La política nacional de señalizaciones

La señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros sitios de memoria del terrorismo de Estado hace visible el impacto del plan sistemático de exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar en todo el país, y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y aportar al reconocimiento y la reparación a las víctimas.

En aplicación de la ley N° 26.691 y a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos provinciales y municipales de todo el país, con eje en la preservación y difusión de estos sitios por su valor testimonial y judicial, así como en la creación y el sostenimiento de espacios públicos destinados al debate y la construcción colectiva de la memoria y la promoción de derechos.