El Senado de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto que crea en el sector público de la Provincia un cupo mínimo de al menos uno por ciento de los empleos para que el colectivo trans, travesti y transgénero pueda acceder a un trabajo.

ANDAR en la diversidad

(Mala Junta)  La iniciativa contaba con media sanción de la Cámara de Diputados desde diciembre pasado y había sido presentada por la diputada Karina Nazábal del FpV.

Si bien la Ley de Identidad de Género del 2012 fue un paso fundamental, insistimos en que sin estar acompañada por políticas públicas concretas sigue existiendo una distancia entre el texto y la realidad concreta de muchísimas personas que no cuentan con oportunidades laborales, empleo estable y no precarizado. Justamente, entre los fundamentos de la ley se reconoce en qué medida la comunidad travesti, transexual y transgénero  de Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente: atravesada por un contexto de  persecución, exclusión y marginación, con grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato. La mayoría de vive en extrema pobreza, sin derechos económicos, políticos, sociales y culturales, por fuera de sus hogares y del ámbito escolar y con una expectativa de vida que no supera los 40 a 45 años.

De esta manera, una normativa que establece que ”las personas travestis, transexuales y transgénero, mayores de 18 años de edad, hayan o no accedido a los beneficios de la ley 26.743 (de identidad de género) y que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo deben ocupar los de acuerdo con sus antecedentes laborales y educativos”, es un gran paso adelante. Resta ahora exigir que esta ley se cumpla efectivamente y pueda ser también replicada en otros ámbitos provinciales.

El camino es largo, porque sabemos que los cuerpos por fuera de la norma heterosexual siguen siendo considerados peligrosos y pasibles de discriminación y persecución. Cotidianamente las personas trans, travestis y transgéneros son acosadas, perseguidas y hasta detenidas sin motivo alguno por diversas fuerzas policiales. De hecho una de las referentes travestis que impulsó esta Ley, Diana Sacayán, junto a su compañerxs del Movimiento Antidiscriminatorio Liberación (M.A.L) fueron recientemente reprimidxs por la Policía Metropolitana de CABA.

Michelle Mendoza, referente del Movimiento Evita Diversidad de Rosario, también víctima de abuso policial semanas atrás. El asesinato de Laura Moyano en Córdoba muestra la expresión más brutal de la transfobia.  Leyes como esta son herramientas indispensables para seguir avanzando y formarán parte de las reivindicaciones de las Marchas del Orgullo LGBT que se harán en los próximos meses en todo el país.  Y hay que ir por más. Por todo los derechos que faltan y por la construcción de una patria grande diversa e igualitaria.

MALA JUNTA / Patria Grande

Mesa Nacional Sindical de Patria Grande