(Agencia Andar) “Quiero que se haga justicia porque después de esto no sé qué va a pasar, si termino muerto, termino preso”, dijo el joven al declarar sobre lo sucedido durante el debate oral que terminó con la condena de dos funcionarios policiales por apremios ilegales. Los agentes Gonzalo Herrera y Romina Puig fueron condenados como coautores y sentenciados a un año de prisión condicional y dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos

El Juzgado en lo Correccional 1 de San Nicolás, a cargo del juez Sebastián Zubiri, los encontró responsables de las vejaciones que sufrió un joven de 17 años en julio de 2022. El chico fue aprehendido como sospechoso del hurto de una bicicleta cuando estaba con unos amigos en una plaza de San Pedro. De acuerdo a lo que se escuchó en el debate, él les explicó que el día anterior habían querido venderle la bicicleta, pero que la había rechazado porque sabía que era robada y dijo quién se la había ofrecido. Sin embargo los agentes usaron la violencia “física y moral sometiéndolo a un trato vejatorio” para que revelara dónde estaba el rodado que le adjudicaban haber robado.

“El joven denunciante siempre se mostró firme en sus dichos, lo que dejó en mi ánimo la convicción de que cuando se refería a la agresión que sufrió se expresaba con veracidad”, evaluó el juez respecto del testimonio que prestó la víctima en el debate y agregó que al escucharlo se reveló el “significado traumático que tuvo la experiencia para él y del carácter vejatorio que implicó la actuación de los funcionarios estatales”.

El joven describió que lo subieron esposado al móvil, que ya conocía a los policías que lo llevaban porque venía siendo hostigado por esos agentes, que lo bajaron en la casa de otro chico donde lo golpearon tanto los policías como las personas que estaban en el lugar, que recién ahí lo llevaron al hospital y luego a la comisaría, donde lo encerraron en el calabozo a pesar de ser menor de edad. “Considero que los autores del hecho han actuado con pleno conocimiento de la ilicitud de su comportamiento y con total voluntad de realizarlo de esa manera”, evalúa la sentencia.

Durante el juicio la defensa presentó a una tercera agente que declaró a favor de sus compañeros afirmando que había acompañado al joven en el asiento trasero del patrullero y que nunca lo habían bajado del vehículo, ni golpeado o amenazado en el trayecto. Sin embargo el juez desestimó este testimonio y señaló su falsedad en el dictamen. Esta supuesta testigo fue introducida de forma sorpresiva en el juicio, no surgió en ningún momento de la que hubiera estado en ese patrullero, ni siquiera en la declaración de los mismos acusados. Además en el libro de actas la agente figura asignada a otro móvil donde llevaron otro aprehendido de manera que el juez no lo consideró.

A la gravedad de este intento de encubrimiento se suma que el hostigamiento hacia el joven continuó incluso meses después de estos hechos y también a través de otros agentes. Desde la Comisión Provincial por la Memoria se acompañó a la víctima y se realizaron distintas presentaciones judiciales frente a esta situación, como habeas corpus y una nueva denuncia penal.