Este martes, en la puerta de la Unidad Penitenciaria 26 de Lisandro Olmos, familiares y amigos de Luis Martires Cardozo realizaron una manifestación pacífica para reclamar justicia a un año de su muerte por coronavirus en el penal. La familia denuncia que, a pesar de ser un paciente de riesgo, las autoridades de sanidad de la unidad falsearon informes y no garantizaron su atención médica. Luis de 67 años murió luego de estar 16 días abandonado en un pabellón de coronavirus; es una de las 29 personas que murieron por el Covid en cárceles bonaerenses durante el 2020. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompañó el acto de familiares.

ANDAR en Olmos  

(Agencia Andar) “Nos manifestamos de modo pacífico por la tortura, abandono y muerte de mi papá, Luis Martires Cardoso, una persona con patología muy compleja que fue encerrado en una cámara de Covid, abandonado por el sector de sanidad de la unidad, desde donde presentaron informes erróneos, diciendo que él estaba contenido y atendido”, dice su hijo Jhonatan en diálogo con ANDAR.

Esta martes por la mañana, familiares de Cardoso realizaron una jornada de memoria y justicia en la puerta la Unidad Penitenciaria 26 de Lisandro Olmos al cumplirse un año de su muerte. Luis de 67 años y con factores de riesgo previos no atendidos, murió el 24 de agosto de 2020, luego de estar 16 días en un pabellón para detenidos cursando la enfermedad del coronavirus.

Luis era hipertenso e insulinodependiente y en los años que estuvo detenido, había sobrevivido a un cuadro de tuberculosis. A pesar de ser paciente de riesgo y que se recomendara que no fuera aislado junto a otros detenidos con síntomas, las autoridades penitenciarias lo alojaron en un pabellón de Covid.

La familia denuncia que, durante los 16 días que estuvo en esa situación, el personal de sanidad lo abandonó, no le suministraron insulina y la comida no llegaba o llegaba en poca cantidad.

“Sólo tenemos trabas por parte de la justicia, un año después seguimos buscando que el Estado investigue y se haga cargo del personal que tiene en las cárceles y que fue partícipe de la muerte de mi papá”, agrega Jhonatan Cardozo. El hijo dice que es la segunda vez que la justicia abandona a Luis: en 2008, había sido condenado por el asesinato de un boletero de la estación de trenes de la Estación de Monte Grande; la familia asegura que no había pruebas que lo vincularan con el homicidio y que la causa, donde estaban también imputados dos gendarmes, estuvo plagada de irregularidades.

Luis fue una de las 29 personas que murieron por el Covid en cárceles bonaerenses durante el año pasado. Como denunció la Comisión Provincial por la Memoria, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la pandemia puso en evidencia la crisis del sistema de encierro: el hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de agua potable en algunas unidades hizo impracticable las medidas de prevención como el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. En un contexto donde, desde hace años, se denuncia la deficiente atención sanitaria en cárceles bonaerenses.

En ese sentido, la CPM viene requiriendo el pase de Salud Penitenciaria a la órbita del Ministerio de Salud para integrarse a las políticas públicas generales. En la actualidad las prestaciones son muy deficientes producto de la mediación penitenciaria, la carencia de profesionales, insumos, medicamentos y dispositivos que se integren con la atención extramuros.

“Hoy nos atendió el actual director de la Unidad y se comprometió a ayudar, pero nosotros seguimos recibiendo información de personas detenidas que el Servicio Penitenciario no les entrega la medicación o que ni siquiera les permiten a las familias entrar los medicamentos que necesitan”, cierra Jhonatan.