El director del Hospital Especializado Neuropsiquiátrico Alejandro Korn de Romero, Egidio Melia, fue procesado el 14 de mayo bajo la carátula “abandono de persona seguida de muerte  con omisión de los deberes del oficio” tras el fallecimiento de Juan Facundo Quiroga.

ANDAR en Melchor Romero

(Movimiento por la Desmanicomializacion en Romero) En los últimos años, diversos hechos sacaron a la luz el estado crítico en que se encuentran las instituciones públicas de salud mental en la provincia de Buenos Aires. El sector neuropsiquiatrico del Hospital A. Korn de Melchor Romero es un claro exponente de esta situación. El procesamiento de Egidio Melia vuelve a instalar el debate sobre la situación de emergencia que se vive en los  hospitales monovalentes de internación psiquiátrica y el destino de las personas que allí se encuentran.

Juan Facundo Quiroga tenía 39 años y su familia vive en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Durante los años de internación sufrió el encierro, el abandono y el maltrato que en el Hospital A. Korn de Romero son moneda corriente. El pasado diciembre, 3 días después de desaparecer del pabellón de agudos donde estaba internado,  lo encontraron sin vida en el Río de la Plata.

[pullquote]3 días después de desaparecer del pabellón de agudos donde estaba internado,  lo encontraron sin vida en el Río de la Plata[/pullquote]

A raíz de esta muerte y por la insistencia de organizaciones y familiares, la UFIJ 11 a cargo del fiscal Alvaro Garganta inicia la primera investigación de estas características, que constató gran cantidad de irregularidades institucionales, y lleva al procesamiento del máximo responsable del hospital, que ahora deberá presentarse en juicio oral.

El Hospital A. Korn de Romero es un claro ejemplo de la crisis y las políticas de vaciamiento, como lo demuestra el reciente procesamiento de su director general Egidio Melia. Esta institución tiene dos grandes sectores, uno de hospital general y otro neuropsiquiatrico monovalente,  donde hay más de 600 personas alojadas en diferentes pabellones con un promedio de internación de 20 años. Los responsables del área son Melia en la dirección general y 4 directores asociados, Cecilia Lopez Santi, Cecilia Martegani, Daniel Diulio, Federico Erbalin.

[pullquote]la investgación por la muerte constató gran cantidad de irregularidades institucionales[/pullquote]

Hace casi 5 años que está en vigencia la Ley Nacional 26.657, que reconoce la vulneración que generan los hospitales neuropsiquiatricos monovalentes, pretende restituir los derechos negados a las personas con padecimiento mental y dicta la sustitución definitiva de los manicomios para el 2020. Aun así, muy poco ha cambiado para las personas que se encuentran privadas de su libertad en estas instituciones. Este marco legal de avanzada en materia de DDHH, plantea la sustitución de los grandes hospitales psiquiátricos por la atención en hospitales generales y dispositivos insertos en la comunidad. Este sería el nuevo paradigma en salud mental.

Para que esto sea posible, el gobierno provincial debería redistribuir y aumentar los recursos del sector, abordar con seriedad la problemática de las personas internadas en los monovalentes, generar gran cantidad de dispositivos comunitarios y garantizar que todos los hospitales generales y efectores de salud mental existentes cuenten con la infraestructura, el personal y el financiamiento necesarios. Pero hasta ahora, queda claro que no hay voluntad política real de hacerlo.

“Como sociedad, no podemos permitir que continúen estas terribles violaciones a los derechos y a la integridad de las personas internadas en el sector Neuropsiquiatrico del Hospital A. Korn. Exigimos que se haga justicia por todos ellos, por los que sobreviven y por los que murieron. Queda a la vista que la sustitución y el cierre de los manicomios, no pueden ser planificadas y ejecutadas por estas autoridades a puertas cerradas. Luchamos por que este proceso sea realmente democrático. Los funcionarios y gobernantes deben hacerse cargo de sus responsabilidades ante esta grave situación y aplicar todas las políticas necesarias para asegurar condiciones de vida y atención dignas para toda la población, o asumir su incapacidad y renunciar”, declararon desde el movimiento que trabaja por la desmanicomialización en Romero.

El monitoreo y las denuncias

A raíz de reclamos y denuncias de trabajadores, organizaciones sociales, usuarios y organismos de derechos humanos se pusieron en evidencia las condiciones de extrema vulneración en que se encuentran las personas internadas en este hospital y la falta de seriedad de las autoridades, ante hechos de tal gravedad. Durante el 2014, la Comisión Provincial por la Memoria  y el CELS –ambos organismos de Derechos Humanos– denunciaron ante la justicia la vulneración generalizada de derechos en este Hospital y la gran cantidad de muertes, cuyas causas no han sido investigadas.

A partir de las denuncias, se realizaron diferentes inspecciones que constataron más de 133 muertes dudosas en 2 años (sobre una población de 600 personas internadas). Vale decir que las condiciones de internación que se verifican refieren al hacinamiento, la sobremedicación, la violencia, la mala alimentación, entre otras. También se descubrió el uso de celdas de aislamiento y de ataduras, ambas en contradicción con las normativas vigentes desde el 2010 con la sanción de la ley 26.657 de salud mental y adicciones.

El juzgado N⁰1 en lo Contencioso y Administrativo de La Plata dictó a fines del año pasado una medida cautelar que exige al gobierno provincial que revierta inmediatamente la situación de las personas alojadas en este sector, e impone una intervención externa de la institución, para garantizar la salud y los derechos de esta población vulnerada. El diciembre pasado, esta medida fue apelada por la provincia y quedó paralizada en la Cámara de Apelaciones, sin resolución firme.

[pullquote]las organizaciones denuncian que están utilizando discursos de los nuevos paradigmas en salud mental para ocultar y profundizar el vaciamiento[/pullquote]

Fue también a fines del año pasado, que organizaciones sociales, usuarios  de la salud mental y trabajadores de varios hospitales de la región, se declararon en estado de asamblea permanente para visibilizar la crisis del sistema de atención en salud mental que no está a la altura de las necesidades del pueblo. Realizaron diversas denuncias exigiendo a las autoridades de los hospitales, del Ministerio de Salud y de la Subsecretaria de SM y Adicciones, la implementación real de políticas sanitarias que garanticen una atención digna, ya que consideraron que los directivos provinciales “están utilizando discursos de los “nuevos paradigmas en salud mental” para ocultar y profundizar el vaciamiento de la salud pública regional”.

“De esta manera intentamos poner en evidencia la profunda brecha que existe entre los discursos de las autoridades y lo que realmente sucede cotidianamente en los hospitales. En este marco de campaña electoral, parece ser más importante para los funcionarios, sostener discursos progresistas y hacer jornadas de propaganda, que atender a las necesidades de la gente y garantizar una atención digna en el sistema público de salud”, reclamaron desde el movimiento.