Tal como había sido solicitado por la fiscalía, el Juzgado de Garantías N 1 de Zárate dictó la prisión preventiva del agente de la Policía Local, Jorge Carlos Rodríguez, imputado por homicidio agravado en grado de tentativa. El pasado 18 de julio, Rodríguez golpeó brutalmente con una linga a Alan de 17 años que, por las graves heridas en la cabeza, fue operado y estuvo internado en estado crítico varios días. En paralelo, hay otras dos causas, una por amenazas al joven y la familia, y otra por las actuaciones de los funcionarios policiales que pretendieron encubrir el ataque. En este último expediente, la fiscal de delitos complejos Mabel Amoretti llamó a declarar como imputados a dos policías del Comando de Patrulla.

ANDAR en Zárate

(Agencia) El 18 de julio pasado; Alan de 17 años y otro adolescente de 16 esperaban a un amigo en la puerta de su casa; en ese momento, llegaba a su propia vivienda, ubicada en frente de donde esperaban los jóvenes, el integrante de la Unidad de Policía de Prevención Local de Zárate Jorge Carlos Rodríguez.

Rodríguez bajó de su moto, tomó la linga y, sin mediar palabra, comenzó a atacarlos. La golpiza duró varios minutos; a Alan lo sostuvo contra el suelo, junto a una zanja, mientras lo golpeaba brutalmente a la vista de todos y disparaba al aire con su arma reglamentaria. Por las graves heridas en la cabeza, el joven fue operado por un derrame cerebral, fracturas de cráneo y coágulos que implicaban un riesgo inminente. Estuvo internado en estado crítico durante una semana.

Mientras Alan continuaba internado, la titular de la UFI 7 descentralizada de Zárate, Andrea Palacios, ordenó la detención del policía.

Ahora, a poco más de un mes del ataque, y luego de rechazar una serie de planteos de la defensa del policía, la titular del Juzgado de Garantías N 1 de Zárate, Graciela Cione, convirtió en prisión preventiva la detención de Jorge Carlos Rodríguez, imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa y agravado por ser miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La defensa del agente de la Policía Local de Zárate había solicitado la libertad de Rodríguez mientras se desarrolle el proceso judicial y el cambio en la calificación legal del hecho.

En paralelo, también hubo avances en otra causa vinculada al ataque, que tramita en la UFI N 1 de delitos complejos de Zárate e investiga las actuaciones de los funcionarios policiales que pretendieron encubrir a su compañero de fuerza.

Cabe recordar que luego del hecho, Sonia, la mamá del joven, fue a la comisaría local pero no le quisieron tomar la denuncia; el propio Rodríguez ya había denunciado un intento de robo por parte de los jóvenes para justificar el ataque brutal.

Por estos hechos, la fiscal Mabel Amoretti investiga las responsabilidades de agentes del Comando de Patrulla, oficiales de servicio en la comisaría 1ª de Zárate el día del ataque y los demás funcionarios que intervinieron en las actuaciones labradas posteriormente al hecho, cuando la policía intervino a pesar de lo que ordena la resolución 1390.

Recientemente, en base a las medidas de prueba recolectada, la fiscal Amoretti determinó la participación en estos hechos de los policías del Comando de Patrullas de Zárate, Silvana Chacón y José Luis Torres, y los imputó por los delitos de falsedad ideológica de documento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, definió la audiencia de declaración indagatoria recién para el mes de noviembre.

Mientras la justicia avanzaba en la investigación del ataque, Alan y su familia fueron víctimas de amenazas y hostigamiento por parte de los compañeros de fuerza de Rodríguez: actos intimidatorios y de amedrentamiento que, al igual que las irregularidades en las primeras diligencias investigativas por parte de la policía, tenían por objeto garantizar la impunidad de Rodríguez.

Por estos hechos hay otra investigación penal por amenazas, que tramita también en la UFI 7, a cargo de Andrea Palacios. Desde el pasado 7 de agosto, Alan y su familia tienen una custodia de Prefectura Naval. La orden había sido dispuesta primero por la fiscalía y luego por la jueza de garantías N 1 en el marco de un habeas corpus preventivo, presentado por la Comisión Provincia por la Memoria (CPM).

Desde el primer momento, la CPM se puso a disposición de la familia y requirió el cumplimiento de la aplicación de la resolución 1390 para separar a la policía bonaerense de la investigación. En el marco de esa intervención, denunció también el hecho ante la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.