Esta semana 11 familias de jóvenes de Puan viajaron a Bahía Blanca, a 180 kilómetros de su pueblo, para dar una conferencia de prensa frente al edificio de Tribunales, donde funciona la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal. Sus familiares están detenidos desde diciembre acusados de   acusados de infringir la Ley de Estupefacientes 23.737. Ellos aseguran que la causa tiene un uso político y está inflada y piden que se revoquen las preventivas. Ahora reiteraron un pedido de audiencia con los jueces Gustavo Barbieri y Pablo Somaulou, que deben definir si sus familiares seguirán detenidos  en la cárcel de Villa Floresta.

ANDAR en Bahía Blanca

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó en carácter de “Amicus Curiae” en la causa, acompañando la solicitud de morigerar la privación de la libertad y advirtiendo sobre las pésimas condiciones habitacionales de los lugares de encierro de la Provincia de Buenos Aires. En su presentación describe exhaustivamente el grave problema de superpoblación y sus consecuencias, junto con la falta de atención a la salud, el agravamiento de estas condiciones en el marco de la pandemia. Allí están detenidos sus seres queridos. El organismo subrayó que las prisiones preventivas deben aplicarse excepcionalmente.

Puan, una comunidad de cinco mil habitantes, fue el escenario de despliegue de un megaoperativo que convocó a personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Bahía Blanca, la colaboración de personal Policial de Seguridad del Partido de Puan y distritos limítrofes, y a la Sub Delegación Departamental de Investigaciones Coronel Suarez, y los Cuerpos de Infantería y Caballería de Bahía Blanca. Bajo el discurso de “lucha contra el narcotráfico” alrededor de 200 polícias allanaron la madrigada del 15 de diciembre 20 viviendas y detuvieron 20 jóvenes.

“Ni al juez  juez Guillermo Mercuri ni al fiscal Mauricio del Cero a cargo de la investigación les hizo ruido montar semejante operativo en un lugar tan chico, una cosa de una magnitud terrible, parecía que estaban en Colombia buscando a escobar, derrumbaron las puertas, la policía fue muy violenta y no se secuestró nada”, relata Federico Parodi, hermano de uno de los chicos que quedó preso. Todavía hay 14 jóvenes bajo prisión preventiva

Su hermano trabajaba como repositor en Darregueira y cuando fueron a buscarlo no estaba en su domicilio, pero se acercó él mismo a la comisaría. Federico y las demás familias no entienden cómo es posible que aún sigan en la cárcel. “Los chicos son un pan de dios, el único pecado que tienen es relacionarse con la cultura cannabis. No tienen antecedentes, ni una entrada a la comisaría por una contravención, nada”, los describe.

¿Por qué los buscaban entonces? En agosto, tres jóvenes fueron señalados por la policía local en una  investigación que, basada en denuncias anónimas, ordenó los primeros allanamientos. “Es un pueblo chico para la policía es muy fácil saber quiénes fuman o algo, acá no hay más que eso. Así a partir de esas denuncias anónimas, muy endebles, se les secuestran los teléfonos y de agosto hasta diciembre se llevan a cabo el resto de los allanamientos a toda la gente mencionada en las charlas de whatsapp de esos números”, cuenta Federico.

A pesar de la desproporción en la aplicación de la ley el caso incluso fue utilizado por el ministro de seguridad Sergio Berni en un spot de publicidad oficial donde se muestran armas secuestradas en el campo de un abuelo de los jóvenes junto a plantas de marihuana. Eso fue lo que secuestraron. “Ellos juegan con eso con dividirnos, y con estos operativos les  mandan recursos a la policía comunal. Estas son causas que toman para hacer carcelería política”, analiza Federico. Mientras tanto todos los domingos en Puan los familiares de los 14 detenidos marchan y piden una ley justa.