A días del inicio del debate oral y público por los daños cometidos en el monumento de Memoria, Verdad y Justicia en el Sitio Base Naval y en el Centro de Residentes Bolivianos de Mar del Plata, la defensa del imputado Carlos Pampillón, líder del Foro Nacional Patriótico (FONAPA) e instigador de los ataques, solicitó la suspensión del juicio a prueba. El fiscal acompañó el pedido y ahora el TOF 1 evaluará en la audiencia preliminar si da lugar o no. La CPM se presentó como amicus curiae ante el Juzgado Federal 3 para exigir que los daños se ventilen en juicio ya que se trata de atentados, no contra bienes materiales, sino contra las luchas históricas por la memoria y la democracia

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(Agencia) A fines de febrero pasado, el juez federal Santiago Inchausti, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, resolvió elevar a juicio la causa contra el líder del Foro Nacional Patriótico (FONAPA), Carlos Pampillón, imputado por los daños provocados en el monumento de Memoria, Verdad y Justicia emplazado en Base Naval —donde funcionó un centro clandestino durante la última dictadura— y en el Centro de Residentes Bolivianos, donde además de las pintadas xenófobas se incendió parte de un portón.

La CPM exige que no se suspenda el juicio en virtud “del esfuerzo que ha significado la defensa de la democracia lograda a través de la memoria, verdad y justicia”

Ante la proximidad del debate oral y público, la defensa del imputado pidió la semana pasada, con el aval posterior del fiscal Juan Manuel Pettigiani, la suspensión del juicio a prueba con el compromiso de que Pampillón se haga cargo del resarcimiento de los daños causados. Esta solicitud será tratada en la audiencia preliminar del miércoles 24 de agosto, cuando los jueces del TOF de Mar del Plata atiendan los argumentos a favor y en contra de tal alternativa.

Para la Comisión Provincial por la Memoria, si bien el instituto de suspensión de juicio es un beneficio que otorga la ley a los imputados de delitos que conllevan un monto de pena menor, la causa por daño agravado que se sigue contra Pampillón requiere la imprescindible ventilación de los hechos en un juicio oral, tanto por la calidad del autor de ser representante de una determinada organización ideológica, por la relevancia e interés social que generó el mismo y por cuestiones de política criminal.

En este sentido, la CPM, en las primeras horas del martes, se presentó como Amicus Curiae ante el Juzgado Federal 3 con asiento en Mar del Plata para solicitar que no se suspenda el juicio en virtud “del esfuerzo que ha significado la defensa de la democracia lograda a través de la memoria, verdad y justicia, que el hecho ocurrido pretendió ‘dañar’”. También remitió dos informes con los argumentos contra la suspensión del juicio a las secretarías de Gobierno y de Derechos Humanos del Municipio de General Pueyrredón.

“Si bien en el primer hecho se trataría de un monumento dañado materialmente, es claro que no se trata de investigar y juzgar un daño material como el que estipula el código de fondo, sino que con el ilícito impetrado se trató de ‘dañar’ la memoria, verdad y justicia de una nación, implantando ideologías de violación a los derechos humanos”, señala el escrito de la CPM presentado ante el Juzgado.

Pintadas sobre el monumento de la memoria en la Base Naval de Mar del Plata

“También los ilícitos investigados en relación al ataque cometido en el centro de residentes bolivianos, nos muestran una clara intención de instalar la xenofobia y discriminación en nuestra ciudad, extremos que deben ser puestos a la luz de la justicia, ya que existió un claro móvil discriminatorio en menoscabo o prejuicio a la nacionalidad de los ciudadanos bolivarianos y en consecuencia a la dignidad humana”, destaca el organismo.

Para la CPM, otorgar en este caso el instituto de suspensión de juicio a prueba implicaría el ocultamiento de los hechos y de los móviles ideológicos que llevaron a los autores (materiales e intelectuales) a realizar las acciones por lo que no se estarían juzgando verdaderamente los hechos cuya gravedad institucional trasciende el delito de daño material.

Así, “cuando los actos de los ciudadanos, u organizaciones ciudadanas son regresivas e intentan implantar una política de olvido de la historia, de temor y de xenofobia, contrarios a lo establecido por los Pactos y Tratados de DDHH vigentes en nuestro país, deben ser visibilizadas y condenadas por nuestra justicia”.

La causa penal por daños agravados

Carlos Pampillón está acusado de haber instigado, como líder de la agrupación FONAPA, el ataque vandálico al monumento conmemorativo de la lucha por los derechos humanos que está emplazado en el sitio de memoria Base Naval. Sobre el pilar que señaliza el ex Centro Clandestino de Detención y con la inscripción “Memoria, Verdad, Justicia”, los agresores pintaron la leyenda “Aquí se defiende la patria”; además, en el pilar que reza “Justicia” se escribió con aerosol negro la frase “para todos”; en el pilar que reza “Memoria” se agregó el vocablo “completa” y en el pilar que reza “Verdad” se añadieron las siglas “FONAPA”.

En el atentado al Centro de Residentes Bolivianos, los atacantes prendieron fuego parte del portón de chapa lindero al muro donde se efectuó la pintada

La causa judicial también investiga, bajo la misma figura de instigación, el ataque perpetrado Centro de Residentes Bolivianos, en cuya fachada se pintó “Fuera Bolivia de Salta. La patria no se negocia, ojo… arderá el escarmiento. FONAPA La Giachino, viva la patria carajo”. Asimismo los agresores, al menos tres personas, prendieron fuego parte del portón de chapa lindero al muro donde se efectuó la pintada.

En ambos casos, la figura penal de la imputación considera un daño doblemente agravado. En el caso del monumento en la Base Naval, el agravante se da por haberse cometido el hecho en venganza de la determinación de una autoridad —se realizó en repudio a la decisión del Concejo Deliberante de quitar del recinto el cuadro del Capitán Pedro Giachino, acusado por organismos de derechos humanos por su participación en delitos de lesa humanidad— y por tratarse el objeto dañado de un monumento.

En el caso del ataque al Centro de Residentes Bolivianos, el agravante se da por haberse ejecutado el hecho en venganza de la determinación de una autoridad —decisión de la Comisión Nacional de Límites (CONALI) de colocar nuevos mojones sobre la línea recta limítrofe con el Estado Plurinacional de Bolivia—, agravado asimismo por su carácter discriminatorio en razón de la nacionalidad de las víctimas.

Estos hechos, ocurridos el primero en septiembre de 2011 y el segundo en febrero de 2014, no fueron actos aislados, la CPM ha denunciado públicamente y en reiteradas oportunidades los ataques xenófobos, discriminatorios y negacionistas perpetrados por FONAPA.

COMUNICADO DE LA CPM:

La CPM reclama que los atentados instigados por Pampillón se debatan en juicio oral