Desde el fin de semana, las 45 familias que sostienen una toma de tierras en Lobos son víctimas de hostigamiento y amenazas por parte de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que custodia permanentemente el terreno. Este miércoles el conflicto escaló hasta el punto más violento: sin orden judicial e intimidando con sus escopetas, policías ingresaron al predio y arrastraron a las personas afuera de las casillas mientras las amenazaban con iniciarles causas penales. Las familias también denuncian que, en más de una oportunidad, les impidieron ingresar comida y agua. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus preventivo y pidió que se tomen medidas urgentes para hacer cesar estos procedimientos policiales ilegales e irregulares.

FOTO: Matías B. – Enfoque Rojo

ANDAR en Lobos

(Agencia Andar) El pasado fin de semana, por orden de la UFI N 2 Descentralizada de Saladillo, se dispuso un procedimiento policial de custodia sobre el terreno de calle Belgrano, en la localidad de Lobos, donde se encuentran asentadas unas 45 familias, entre quienes hay niños, niñas y personas mayores. Desde ese entonces, las personas de la toma son víctimas directas de violencia, persecución y hostigamiento permanente por parte de agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

“Nuestro pedido es poder acceder a un terreno, para poder aspirar a tener una casa donde vivir. Algo tan simple como eso. El derecho a la vivienda figura en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Las necesidades de los trabajadores tienen que estar por encima de los negocios inmobiliarios, de los cuales se benefician muy pocos”, dijeron en una carta pública que se conoció ese mismo sábado. Y agregaron: “No pedimos casas, ni que nos regalen nada. Pedimos la oportunidad de que nos permitan comprar legalmente un pedazo de tierra, tierras que figuran como fiscales”.

Las familias están en el lugar desde el 23 de agosto pasado; en todo ese tiempo, ningún funcionario municipal ni judicial se acercó al predio en conflicto. Y la persona que asegura tener la propiedad del terreno, todavía no pudo acreditar la titularidad. Tampoco se realizó un censo de las familias como estipula el protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad.

En ese contexto, la situación escaló este miércoles por la mañana al punto de mayor tensión: cuatro autos particulares, dos patrulleros y una camioneta del grupo GAD se hicieron presente en el terreno; los policías bajaron portando escopetas largas e ingresaron de manera violenta al predio.

“Los agentes de la policía, a la fuerza y sin orden judicial alguna que avale el procedimiento desplegado, fueron ingresando a las casillas y entre empujones y golpes sacando a las personas de las mismas, al mismo tiempo las insultaban o manifestaban expresiones raciales y xenófobas”, describió la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en la acción de habeas corpus preventivo que presentó ante el Juzgado de Garantías N 7 de La Plata, con asiento en Saladillo.

A una mamá, con su hijo menor de un año en brazos, la tiraron al suelo y la arrastraron hacia afuera de la casilla y a otros tres chicos los corrieron hasta afuera del predio apuntándole con las escopetas. El comisario que comandaba el operativo en ningún momento mostró la orden de desalojo; peor aún, les indicaba a las personas que estaban en la toma que debía “ficharlos”, tomando sus huellas digitales, sin dar mayores explicaciones, ni fundamentos legales del procedimiento policial.

Las familias también denuncian que, en más de una oportunidad, los policías que custodian el predio prohibieron el reingreso de las personas que salieron de sus vivendas en busca de alimentos. También negaron la posibilidad de que otras personas les alcancen comida, agua, elementos de aseo o cualquier otra necesidad básica.

Estos actos arbitrarios de la policía se realizan, además, por fuera de toda norma legal: incluso en el caso de que existiera una orden de no innovar, ello sólo prohíbe el ingreso de nuevas personas o de elementos de construcciones pero de ninguna manera puede afectar derechos básicos que refieren a la salud e integridad física de quienes permanecen en dicho lugar.

Ante esta situación, la CPM pidió en el habeas corpus que se dispongan medidas urgentes para hacer cesar estos procedimientos policiales ilegales e irregulares. Además, el organismo también requirió, mediante una nota, la intervención de la defensoría general de La Plata para hacer cumplir con estas medidas.

Asimismo, el organismo realizó una presentación ante la Auditoría General de Asuntos Internos de la Ministerio de Seguridad bonaerense para que se investigue el accionar de los agentes policiales que intervinieron en estos hechos.

“Las familias están muy solas y tienen miedo. Al lugar sólo fue la policía e hizo lo que quiso, nadie del municipio ni de la justicia se acercó”, resume Marta, una referente territorial que acompaña a las personas de la toma.