Un conjunto de asociaciones que nuclean a reporteros/as gráficos y periodistas rechazaron el anuncio del Ministerio de Seguridad de Nación sobre la delimitación de una “zona exclusiva” para los trabajadores y trabajadoras de prensa que vayan a cubrir la manifestación contra la reforma laboral que se tratará mañana en la Cámara de Diputados. La medida restringe la actividad periodística y atenta gravemente el derecho a la información, además de pretender responsabilizar a los mismos periodistas por las lesiones que pudieran sufrir ante una eventual represión por parte de las fuerzas de seguridad. De acuerdo al relajamiento de la Comisión Provincial por la Memoria, desde la implementación del protocolo antipiquetes, al menos 282 trabajadores/as de prensa fueron víctimas de la violencia represiva, lo que representa el 11% del total de personas heridas durante la represión a la protesta social.

ANDAR en la movilización

(Agencia Andar) El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que durante la movilización contra la reforma laboral la prensa deberá ubicarse en una “zona exclusiva” en Hipólito Yrigoyen al 1700, del lado par, y justificó la medida como necesaria para “resguardar la integridad de los periodistas”. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva advirtió que la cobertura en eventuales focos de conflicto podría implicar una “autopuesta en peligro”, un eufemismo para responsabilizar a la prensa por las eventuales agresiones o hechos de violencia represiva que pudieran producirse durante el operativo por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. Enseguida se pronunciaron en rotundo rechazo el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo), la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (Acera), la Asociación Reporteros Gráficos (Argra) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), entre otras organizaciones que alertaron sobre la limitación al ejercicio de la libertad de expresión que implican las medidas planteadas por el oficialismo. La intención de ubicar a la prensa en un “corralito” ya había sido propuesta, sin éxito, por la ex ministra Patricia Bullrich al inicio de su mandato. Sucede que es un absurdo impracticable limitar los movimientos de la prensa porque ¿de qué forma se puede cubrir lo que sucede en una manifestación si los periodistas no pueden estar en el lugar de los acontecimientos?

“El comunicado del Ministerio de Seguridad pretende concretamente regimentar y restringir la actividad periodística, algo que atenta directamente contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero además, agrega algo más grave todavía: deposita la responsabilidad de alguna posible agresión de las fuerzas de seguridad en los propios trabajadores y trabajadoras de prensa, cuando habla de que se configura una ‘autopuesta’ en peligro”, dijo a ANDAR David Barresi, del Sindicato de Prensa Bonaerense. “Nos están diciendo, sin tapujos, que no van a tener problemas en dispararnos como lo hicieron con Pablo Grillo. Es una amenaza concreta para que no podamos registrar los hechos represivos, las detenciones arbitrarias y las ilegalidades con las que el gobierno busca enfrentar las protestas que sucederán en el Congreso contra la reforma laboral”, agregó. Barresi consideró que “a su vez, ya el hecho de mencionar ‘focos violentos’, de forma amplia y sin ningún tipo de aclaración, para referirse a la protesta social habla en sí mismo de la voluntad represiva y de la afectación concreta del derecho a la protesta”, y exigió al gobierno el cese de las agresiones a la prensa. “Seguimos manteniendo las redes de cuidado entre compañeros y compañeras a la hora de realizar coberturas con la firme convicción de no dejar la calle y seguir dando testimonio fiel de lo que sucede”, precisó.

El miércoles 11, cuando el Senado debatió el proyecto oficialista de Reforma Laboral, las fuerzas de seguridad reprimieron la marcha que se había convocado. Las autoridades justificaron el accionar policial y señalaron la presencia de grupos violentos que tiraron bombas molotov y piedras. La respuesta represiva logró vaciar la plaza Congreso en varias oportunidades, porque algunos manifestantes volvían, y al finalizar la jornada unas 560 fueron asistidas por los equipos de las postas sanitarias de los partidos de izquierda, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios y Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Además, otras 70 fueron demoradas en la calle Lima, entre México y Chile. Hubo 31 detenidos que fueron identificados y rápidamente liberados por la justicia.

A pesar de que a las 17 la plaza ya había sido vaciada, el operativo se extendió hasta pasadas las 20. Frente a la posibilidad de que esta semana vuelvan a producirse movilizaciones, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva incluyó en el nuevo comunicado una advertencia que fue interpretada como una amenaza: “Ante hechos de violencia, nuestras fuerzas actuarán”.

Por su parte, Sebastián Vricella, presidente de Argra dijo a ANDAR que las condiciones que establece el gobierno para las y los trabajadores de prensa “son incompatibles con las convenciones de derechos humanos, como la de estacionar los móviles en una zona definida o evitar posicionarse entre quienes se manifiestan y las fuerzas de seguridad, bajo amenaza de que ubicarse allí implica una ‘autopuesta en peligro’”. Para Vricella, “el gobierno traslada responsabilidades y obligaciones de protección de la protesta y, en particular, de la función de los trabajadores de prensa en su registro y cobertura que son del Estado. La misma estrategia utilizó la ex ministra Patricia Bullrich, buscando responsabilizar a Pablo Grillo luego de que el impacto de un gas lacrimógeno, lanzado de forma prohibida por un gendarme, lo dejara con heridas gravísimas, pero la justicia, dos veces, señaló lo contrario, el responsable es Héctor Guerrero”. El dirigente de los reporteros gráficos opinó que “este tipo de medidas siguen poniendo límites a la libertad de prensa y de expresión, y al derecho a informar, buscan silenciarnos, que dejemos de registrar los operativos represivos, la aplicación de un protocolo que, ya lo dijo el Poder Judicial, es nulo. Pero no nos van a amedrentar, seguiremos en la calle garantizando a la sociedad su derecho a ser informada y el nuestro, a trabajar, a informar y a manifestarnos”.

En tanto, el Sipreba cuestionó que el gobierno traslade “la obligación estatal de protección de la protesta a quienes trabajamos en su registro y cobertura”. Su secretario general, Agustín Lecchi, recordó que la Justicia hizo lugar al amparo interpuesto contra el protocolo antipiquete de Bullrich. Y aseguró: “Ahora el Gobierno vuelve a incurrir en estas prácticas pero de una forma más grave y burda al anticipar que van a reprimir particularmente a la prensa y, además, a responsabilizar a quienes estamos trabajando si nos pasa algo”.

Asimismo, Acera se manifestó en similar sentido al advertir que la iniciativa de la administración de Javier Milei “vulnera el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna”. Además, la organización que nuclea a los corresponsales extranjeros subrayó que en contextos de alta conflictividad social “corresponde al Estado garantizar el máximo nivel de protección a los periodistas y trabajadores de prensa”. Se trata de un principio internacional expresado, por ejemplo, en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) y en la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión.