Desde OTrans denunciaron el fallecimiento de Damaris Becerra Jurado, una chica trans que se encontraba privada de su libertad, padecía una enfermedad crónica y no recibió tratamiento. Estaba alojada en la Unidad 32 de Florencio Varela. La causa de muerte la investiga el fiscal Marcelo Sellier, titular de la UFI 9. Ya es la cuarta mujer trans que fallece en el año en contexto de encierro.

ANDAR en las cárceles

(Agencia) “Esta es la cuarta muerte en lo que va del año, y se suma a la de Pamela Macedo Panduro, Angie Velázquez Ramírez y Brandy Bardales Sangama, todas peruanas e integrantes de nuestra organización”, dijo Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans.

Damaris padecía una enfermedad crónica. Había denunciado en reiteradas ocasiones la falta de atención en la salud, ya que no recibía los medicamentos. Estaba detenida desde hace dos años y seis meses, sin sentencia firme, en una causa por tenencia de estupefacientes junto a otras seis chicas más que vienen denunciando los armados de causa que buscan criminalizar a la población trans migrante.

“Las muertes de nuestras compañeras son el resultado de detenciones arbitrarias, armados de causa, vejaciones, torturas, tratos crueles inhumanos y de las condiciones de detención que venimos denunciando en el ámbito local e internacional. Durante 2017 presentamos casi 20 habeas corpus, dos de ellos referidos a situación de encierro y la salud; además denunciamos penalmente al juez Juan Pablo Massi, a los fiscales Álvaro Garganta, y Marcelo Sellier por “homicidio agravado en concurso con torturas por acción y omisión y en concurso con asociación ilícita, y la justicia y el poder político siguen sin dar respuesta”, expresó Vázquez Haro.

La CPM elevó un pedido a la Fiscalía el lunes para que la pericia se haga teniendo en cuenta la historia clínica de Damaris y la falta de tratamiento médico. Además piden que remitan una copia de la autopsia para chequear con médicos de la CPM, el registro del personal médico que se encontraba en función al momento de la muerte, el registro de la medicación que tomaba y un registro fotográfico de la autopsia.

“Las personas entran al sistema penal con una patología que se agrava dentro del encierro. Priorizar el derecho a la salud es una decisión política, lo que podemos ver es cómo en los cuerpos  de los y las privadas de la libertad se refleja el trato inhumano y degradante al que son sometidas”, expresó la CPM.

En un comunicado, Otrans demanda “a los organismos estatales que dicen que van una vez por semana a las cárceles y ocurren estas muertes. Exigimos explicaciones y respuestas del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que en teoría va al penal a realizar visitas regulares y a Santiago Cantón, secretario de DDHH de la Provincia de Buenos Aires, responsable en la provincia de que no se violen ni vulneren los derechos humanos del colectivo trans y travesti”.

Fotos: Facebook OTRANS