“Tratamiento ideologizado”, “Que excede lo curricular”, son algunas de las acusaciones que aparecen en las actas labradas contra Juan por tratar la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. También lo acusaron de “adoctrinar” a los estudiantes. Desde hace tres meses, el docente de Bragado viene sufriendo todo tipo de represalias y hostigamiento por hacer lo que debe hacer un docente: educar y hacerlo desde una perspectiva en derechos humanos. La persecución arbitraria de los directivos se tradujo en una baja en su calificación que, de mantenerse, afecta de manera grave su carrera docente. Como pudo registrar la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la misma situación ocurrió en otros puntos de la provincia.

Andar en Bragado

(CPM/Agencia) “La Constitución Nacional, el estatuto docente y todas las normativas educativas nos obligan a trabajar los derechos humanos en las currículas escolares: es un derecho de los estudiantes y es un deber de los educadores. Que se persiga a alguien por hacer eso mismo nos deja en una situación de indefensión absoluta”, explica Juan. Hace 12 años que ejerce la docencia en distintas escuelas de Bragado con calificaciones ejemplares; desde hace tres meses, viene recibiendo notas de padres y actas de los directivos por tratar en el aula la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y su posterior pedido de justicia.

Luego de la desaparición de Santiago Maldonado el 1º de agosto en el marco de un operativo represivo de Gendarmería Nacional, los gremios docentes (Ctera, Suteba y Ute) elaboraron un material didáctico para trabajar el caso en el aula con los estudiantes. Desde ese mismo momento, muchos docentes que decidieron tratar el tema en las escuelas recibieron actas de autoridades educativas y notas de padres reprochando ese trabajo y conminándolos a desistir de seguir con el tratamiento del caso en las horas escolares.

Frente a esa reacción, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) decidió reunir y registrar estas acciones arbitrarias porque entendía que tenían un mensaje disciplinante que no sólo era un cercenamiento a la libertad de expresión sino que, fundamentalmente, desvirtuaba el lugar de la escuela como una institución para la construcción de valores democráticos. La persecución contra Juan se inscribe en esa misma lógica.

“Me parece que el caso de Santiago en sí pone a los estudiantes en una situación de relación con los temas de historia y ciudadanía que forman parte del programa pedagógico, significó pensar el tratamiento hacia los pueblos originarios, la extranjerización de la economía, entre otras cosas”, señala el docente. También afirma que se hizo siguiendo el material construido por los gremios docentes y generando un espacio de diálogo, respetuoso de las distintas expresiones y trabajando con el concepto de los derechos humanos y el rol del Estado como garante de esos derechos.

Según Juan, en una de las cuatro escuelas donde dicta clases, un alumno lo grabó y le pasó el material a su madre, concejal de Cambiemos en el municipio; ese hecho desencadenó una serie de acusaciones que llegó a la esfera pública cuando el audio fue transmitido por una radio local. “En ese momento, la directora de la escuela me cita para decirme que ‘el tema estaba dado de manera incorrecta’, ‘que se lo tenía que notificar antes a ella’. Recibí actas escritas en un tono persecutorio y aleccionador en donde se me conminaba a modificar las actividades y rever la forma de dar la currícula. Nunca en 12 años pasé por algo así”, agrega.

En esas actas se califica la labor docente como “ideologizada”, “que se excede lo curricular” e insinúan que se trata de “adoctrinar a los chicos”. Juan respondió cada una de las actas y atendió a cada padre o madre que se acercó a la escuela: “les expliqué que mi interés en dar este tema no era partidario sino en defensa de los derechos humanos, que está en todos los diseños curriculares y es política de Estado”, dice el docente.

Juan trabaja actualmente en cuatro escuelas y tiene más de 250 alumnos, sólo 14 de ellos decidieron no seguir con la actividad. En el camino, recibió la solidaridad de colegas, padres, alumnos y ex alumnos. Sin embargo, la situación de persecución y hostigamiento continuó. “La concejal que fue la que inició la queja ante las autoridades, me atacó de manera personal desde su red social y, frente a frente, me llegó a decir que el intendente estaba al tanto de la situación y reprochaba mi actitud”, cuenta Juan.

En estos meses, además, sufrió distintas muestras de ensañamiento: “Varias veces no pude firmar el libro de temas porque no estaban, habían sido remitidos a la jefa distrital, otras veces recibí devoluciones de clases que están por fuera de la normativa; es decir, hubo un control absoluto sobre mi labor en el aula”.

El último episodio arbitrario, en esta serie de irregularidades se dio al momento de la calificación anual docente: “Me encuentro con que en una escuela me bajaron la calificación de 10, que tenía el año pasado, a 6,66. Las razones que me dan no tienen sustento normativo pero sí un fuerte contenido persecutorio y de disciplinamiento”, precisa Juan. En todas las escuelas, sufrió una baja en su calificación lo cual pone en riesgo su carrera docente: “En definitiva, esto puede impedir que titularice horas, que tome otras o que concurse, como lo estoy haciendo, para cualquier cargo de inspección”.

Actualmente, Ctera está tramitando por vía administrativa la impugnación de esas calificaciones. Mientras transcurre esa presentación, y al tomar conocimiento del caso, la Comisión Provincial por la Memoria también está realizando notas para remitir a las distintas autoridades educativas y ministeriales porque entiende que se trata de un hecho por demás irregular y arbitrario, y que cercena la libertad de expresión.

“Creo, además, que no se trata sólo de una persecución política hacia mi persona, creo que es una persecución gremial, como forma de disciplinamiento para el resto de los docentes”, cerró Juan.