Desde que en 2008 Carlos Alberto Castello fue asesinado en su casa a metros de la Laguna de Lobos, su hermano Eduardo pasó más de 6 años impulsando y trabajando el cambio de carátula de la causa, que se había iniciado por averiguación de causales de muerte. En 2014 Gendarmería determinó que no había sido un suicidio sino que Carlos Alberto había sido asesinado. En diálogo con ANDAR, Eduardo Castello afirma que “a pesar de todas las pruebas ocultadas o modificadas, falsos testimonios y demoras, hoy estamos más cerca de la verdad”. La CPM es co-patrocinante del particular damnificado, junto con el abogado particular Guido Sintas.

ANDAR en la justicia

(Agencia) En noviembre de 2008 fue hallado sin vida en el interior de su casa –situada a metros de la Laguna de Lobos- el ambientalista de 62 años Carlos Alberto Castello. A no más de 100 metros de la vivienda, en diagonal, está la sede del destacamento policial cuyos integrantes, junto a funcionarios judiciales, realizaban los primeros registros periciales cuando fue llamado por teléfono el hermano del fallecido.

“Me avisaron a las 11 de la mañana. Yo estaba trabajando y me fui inmediatamente. Afuera estaban la fiscal Patricia Hortel y los policías del destacamento y en el interior los peritos médicos. En ningún momento me dejaron ingresar. Con el correr de los años, entendí que estaban preparando la escena, orquestando todo”, describe a ANDAR Eduardo Castello.

La casa de Carlos Castello, donde fue asesinado en noviembre de 2008

Sólo pudo ver el cuerpo de su hermano cuando lo sacaron de la vivienda. Allí advirtió que en el rostro tenía marcas de golpes y heridas, algo que los médicos no habían registrado y que, cuando quiso advertir sobre esas lesiones, recibió como respuesta por parte del policía Ramiro Sánchez, a cargo del procedimiento: “Mire, lo que pasa es que el cuerpo hace muchos días que está en el piso y debe ser la deformación propia de haber estado en contacto con el suelo”.

Años después, nuevas evaluaciones judiciales sobre los rastros y registros tomados el día del hallazgo del cuerpo determinarían que: las marcas de golpes estaban en el lado derecho del rostro, en vez del izquierdo que según los forenses se habían producido por contacto con el piso; en cuanto a la bala con la que dijeron que se había “suicidado”, se determinó que el arma tenía la numeración limada; acerca de la versión de que la puerta de entrada estaba cerrada con llave por dentro, nunca se hallaron ni se agregaron al expediente por lo que se cae la posibilidad de que la víctima se hubiera encerrado por sí misma y no se encontraran las llaves.

Además, con respecto a la sangre que fuera extraída de un sillón y del casco de bala hallada en el piso, se determinó que no correspondía a sangre humana. Estas y otras pruebas manipuladas o directamente fabricadas se completaron cuando a fines de 2013 intervino un equipo de Gendarmería que reexaminó la autopsia y constató las lesiones en el cuerpo de Carlos Alberto Castello.

“Si estas lesiones hubieran estado presentes al momento del examen médico legal (inicial), hubieran sugerido desplazamiento y trauma del cuerpo luego de su deceso y anterior a su hallazgo, lo que requeriría la intervención de terceros”, determinó el informe de Gendarmería.

A partir de allí, la causa pasó de averiguación de causales de muerte a homicidio, y al mismo tiempo se inició una nueva causa penal contra 3 médicos acusados de encubrimiento agravado y falso testimonio.

Esa segunda causa -que tiene como imputados al médico policial Jorge Antonio Álvarez Ceballos y a los peritos médicos de la Policía Científica Karina Marcela Sabules y Pablo Carlos Miceli- investiga cómo se habrían tergiversado las circunstancias fácticas provocando una falsa hipótesis, y en abril de este año fue elevada a juicio por parte del fiscal Ernesto Daniel Ichazo, titular de la UFIJ 1 de Berazategui.

Según Ichazo, el médico policial Jorge Antonio Álvarez Ceballos “al ser llamado a prestar declaración testimonial a la sede de fiscalía, declaró que había concurrido al lugar del hecho cuando surge de la causa que no asistió al mismo. Con su testimonio tergiversó las circunstancias fácticas del escenario del hecho, toda vez que deliberadamente provocó en la instrucción fiscal una hipótesis falsa del escenario criminal desviando de esta forma la pesquisa”.

En cuanto a los otros dos imputados que irán a juicio, los autopsiantes Karina Marcela Sabules y Pablo Carlos Miceli,  la fiscalía determinó que “ambos afirmaron una falsedad (…) Consignaron en su informe que las características del orificio de entrada y ausencia de lesiones en el cuerpo del causante eran compatibles con signos observados en casos de autoagresión”.

Para la CPM –que participará del juicio como co-patrocinante del particular damnificado- es valorable la actuación del fiscal Ernesto Daniel Ichazo ya que abordó la investigación penal desde la figura de encubrimiento agravado para el caso del médico Ceballos, poniendo énfasis en el accionar pericial tendiente a garantizar la impunidad de agentes de las fuerzas de seguridad que pudieran resultar responsables de delitos.

La causa que investiga el homicidio tramita en La Plata –inició con el titular de la UFIJ 8, Jorge Paolini, y desde 2017 la continuó el fiscal de la UFI 15, Hugo Tesón-  se han acumulado una gran cantidad de pruebas durante los últimos años, las que señalan a los integrantes del destacamento policial situado en la Laguna de Lobos como autores materiales. Habría 4 autores materiales que todavía no habrían sido imputados pero sí estarían identificados como partícipes del crimen.

Los policías figuran mencionados en el expediente por haber liberado la zona el día del homicidio; por falsificación de libros del destacamento que contienen información acerca de quiénes estaban de servicio; denuncias de amenazas contra Carlos Alberto Castello; entre otras circunstancias.

Según el hermano de la víctima, el móvil del homicidio habría estado relacionado con el activo perfil ambientalista de Carlos, quien se oponía a la instalación de un casino en la Laguna de Lobos. En ese proyecto participaría el Club de Pesca que funciona en la laguna, y constaría en la causa penal una serie de registros escritos de esa institución en las que se consignaban pagos mensuales al destacamento de policía a cambio de seguridad y vigilancia.

“El Ministerio de Seguridad nunca había sido notificado por ese servicio, por lo que no era un acuerdo legal. Esto consta en la causa porque lo encontramos en el libro de actas del club. Esa especie de convenio señalaba quiénes eran los policías que trabajaban para el club de pesca”, agrega Eduardo Castello.