En respuesta a una presentación de la madre y el padre de Lucas Verón, el fiscal general Marcelo Lapargo revocó el archivo de la causa y ordenó que se siga investigando la actuación del fiscal Juan Pablo Tahtagian en la instrucción por el asesinato policial del joven de 18 años, ocurrido el 10 de julio del año pasado. Tahtagian dirigió la investigación durante las primeras horas, no aplicó la resolución 1390 y permitió que se tomen declaraciones en la comisaría. En ese marco, compañeros de fuerza y superiores de los policías acusados amenazaron a testigo y fraguaron declaraciones para ocultar lo que pasó. Ahora se investiga si esas infracciones administrativas del fiscal constituyeron delito y formaron parte del plan de encubrimiento. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocina a la familia Verón.

ANDAR en La Matanza

(Agencia Andar) El asesinato de Lucas Verón tiene tres causas. El expediente central, con trámite en la Fiscalía temática de Homicidios de La Matanza, que investiga el asesinato fue elevada a juicio con los policías bonaerenses Ezequiel Benítez y Cintia Duarte imputados como coautores del homicidio agravado de Lucas y en tentativa de su amigo Marcos. En la Ayudantía fiscal de gravedad institucional, se encuentra la segunda causa que investiga el encubrimiento por parte de compañeros de fuerza y superiores de Benítez y Duarte; el comisario Diego Ocampos y los oficiales María Genez y Daniel Quinteros están procesados de los delitos de amenazas coactivas, privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica y falso testimonio.

El tercer expediente vinculado al hecho investiga la actuación del fiscal Juan Pablo Tahtagian, quien dirigió la instrucción por el asesinato de Lucas en las primeras horas; recientemente, la fiscal de delitos complejos de San Martín Andrea Andoniades había decido archivar la causa. La fiscal reconoció que existieron irregularidades en la actuación de Tahtagian,  pero no se advierte que “hubiera querido favorecer a los autores del homicidio de Lucas Veron, ni direccionar el testimonio del testigo principal, como tampoco que hubiera incurrido en un incumplimiento de los deberes funcionales a su cargo de manera dolosa”.

Ante una presentación de la madre y el padre de Lucas Verón, con el patrocinio de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el fiscal general de San Martín Marcelo Lapargo revocó la decisión de Andoniades y ordenó reabrir la instrucción; para Lapargo hay medidas de prueba pendientes para profundizar la investigación a fin de determinar si, por acción u omisión, la participación de Tahtagian posibilitó las conductas delictivas de los funcionarios policiales durante las primeras horas cuando buscaron desviar la investigación y ocultar lo que había ocurrido.

Como reconoció ahora Lapargo, en la presentación ante la Fiscalía General de San Martín, la CPM ya había advertido la falta de investigación: la fiscal Andoniades tomó únicamente como medios de prueba copias de los expedientes de las causas vinculadas –homicidio y encubrimiento– y dos declaraciones testimoniales de personas que no estuvieron en el lugar de los hechos donde ocurrieron las irregularidades denunciadas. “En las IPP cuyas copias se agregaron obran declaraciones en las que la actuación del Fiscal Tahtagian no era objeto del centro de atención de los interrogatorios y además no agotan la totalidad de la causa ya que la Ayudantía Fiscal en delitos de Gravedad Institucional aún está investigando”, explicaba el escrito presentado por la familia de Verón.

El fiscal general Marcelo Lapargo coincidió con este señalamiento y la pertinencia en este expediente de recibir declaración testimonial, en relación a la actuación funcional de Tahtagian, a los testigos estuvieron en el lugar del homicidio y/o en la comisaría. Sobre la pertinencia de estos testimonios, Lapargo cita una serie de indicios que se encuentran en las causas vinculadas y que fueron desestimados por Andoniades.

Como surge en las causas en trámite, en las horas posteriores al asesinato de Lucas, el fiscal Juan Pablo Tahtagian no aplicó la resolución 1390, delegó en la policía bonaerense las tareas investigativas y permitió, excusándose en falta de recurso, tomar declaración a testigos en la comisaría.

En ese marco, los funcionarios policiales intentaron desviar la investigación y ocultar lo que había pasado: fraguaron actas y amenazaron a Marcos, el compañero que iba con Lucas y sobrevivió al ataque, que fue obligado a declarar que venían de robar y que eran perseguidos por un auto particular blanco. Todo sin la presencia de un defensor oficial o representante legal, ya que es menor de 18 años.  Además, tanto el joven como su tío fueron encerrados de manera ilegal en calabozos policiales, el adulto esposado durante varias horas mientras lo amenazaban para que su sobrino se autoincrimine.

Cabe recordar que, por estas irregularidades, el fiscal Tahtagian fue recusado por la CPM, al momento de asumir el patrocinio de la familia de Verón, y apartado de la causa al día siguiente.

En los considerando de la Fiscalía General de San Martín, Marcelo Lapargo retoma algunas declaraciones testimoniales que mencionan la participación que tuvo Tahtagian durante esas horas y que ameritan, en principio, profundizar la investigación.

Sobre las amenazas a Marcos, y tal como consta en las copias que conforman este expediente, la víctima declaró que cuando lo tenían arriba de un patrullero, el comisario Diego Ocampos le insistía que se autoincrimine para validar la versión policial del robo y le dijo: “Decí la verdad porque el asesino de Lucas se puede comer 25 años y vos también”, ahí el Fiscal le refirió “Te escucho” y él le manifestó que habían ido a robar.

Otro testigo dijo que, cuando estaban junto al fiscal en un supermercado para secuestrar las filmaciones de las cámaras de seguridad, se acercó un agente policial y le dijo “me voy a llevar al chico a ver si se ablanda”. Ya en la comisaría, el fiscal le confesó a este testigo que el joven se quebró y había declarado.

Cintia, la hermana de Lucas Verón, declaró que cerca del mediodía visualizó, junto al fiscal, las cámaras en que se veía al patrullero de Benítez y Duarte detrás de la mota en la que circulaban los jóvenes. La pregunta que surge del expediente es ¿si a esa hora ya conocía la prueba, por qué tomó medidas procesales contra los policías recién siete horas después?

Además de la ampliación de las testimoniales que recomendó el fiscal general, la CPM señaló otras medidas de pruebas que resultarían pertinentes y la fiscal Andoniades no produjo, entre ellas, el peritaje del teléfono celular de Juan Pablo Tahtagian y los informes detallados de AVL –solicitados en el marco de la causa que investiga el homicidio– de los que surge el horario en que el Agente Fiscal pudo conocer el recorrido de los móviles del comando patrulla.

A diferencia de la interpretación que hizo la fiscal Andoniades, Marcelo Lapargo consideró que, si bien el incumplimiento de la Resolución 1390 puede constituir una infracción administrativa, deberá evaluarse en el contexto concreto dado que su inobservancia puede, en ciertos casos, derivar en la comisión de delitos.

Incluso, el fiscal general Lapargo señala la evidente distancia con la causa que tiene procesado a los policías Ocampos, Ginez y Quinteros por amenazas, privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica y falso testimonio: “Nótese que si se ha alcanzado dicho estadio procesal respecto del personal policial que actuó durante aquellas primeras horas de la investigación en forma concomitante con el Fiscal; cuanto menos aparece necesario analizar el contenido de tales imputaciones y escucharlo también a este último en relación a su desempeño funcional, teniendo en cuenta que él fue el director de la investigación y estuvo presente durante aquel tiempo en el lugar del hecho y en la Seccional policial de González Catán”.

Con la decisión de la fiscalía general de San Martín de revocar el archivo de la causa, con la orden de profundizar la investigación, el expediente retorna a la fiscal Andrea Andoniades. A pesar que la familia de Verón, con el patrocinio de la CPM, había pedido que sea apartada de la causa, Lapargo la confirmó en la instrucción.