En el marco del megajuicio sobre el “Plan Cóndor” –que incluye cuatro causas complementarias iniciadas a fines de los 90 a instancias de familiares de ciudadanos extranjeros desaparecidos en Argentina-  hoy declaró ante los magistrados del TOF 1 de Capital la directora del Programa Justicia por Crímenes de Lesa Humanidad de la CPM, Claudia Bellingeri, quien explicó la vasta documentación del archivo de la exDIPPBA en torno a la persecución, secuestro y desaparición de latinoamericanos en Argentina.

ANDAR en los juicios

(Agencia) El debate oral que comenzó en 2013 contempla 211 víctimas del Plan Cóndor, y sobre la mayoría de esas víctimas se encontraron fichas y legajos en la exdirección de inteligencia de la policía bonaerense: “Hemos aportado 194 fichas y 1196 legajos a este juicio, a partir de una investigación documental que cada vez se fue haciendo más importante sobre la relación que existía entre las agencias de inteligencia de otros países y las de nuestro país”, explicó a ANDAR Claudia Bellingeri, directora del Programa de Lesa Humanidad de la  Comisión por la Memoria y perito del Archivo de la DIPPBA.

Al juicio por el Plan Condor fueron aportados 196 fichas y 1196 legajos del archivo de la exDIPPBA

“El Plan Cóndor fue la aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional en la región, como parte de una estrategia de dominación y represión. En definitiva fue un plan doctrinario y de ejecución para el cono sur. Los militares argentinos colaboraron con las represiones en Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay mediante las relaciones bilaterales de intercambio de información, de prisioneros y de persecuciones, y este juicio examina esas relaciones”, agregó.

En relación a partidos políticos y organizaciones populares perseguidos en Argentina, la CPM aportó documentación sobre el Movimiento de Liberación Nacional de Uruguay, Tupamaros, el Grupo de Acción Unificada (GAU), el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Uruguay, la Junta Coordinadora Revolucionaria, que integró a fuerzas populares de la región –la Junta Militar argentina la incluyó expresamente en una directiva como organización a perseguir- el Partido Revolucionario de Bolivia, el Movimiento Popular Colorado del Paraguay, el Partido Revolucionario de Febrero, de Paraguay, el Ejército Popular paraguayo y el partido liberal paraguayo, entre muchos otros.

También los organismos de derechos humanos fueron perseguidos por las agencias de inteligencia argentinas: hay una carpeta en torno al alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, así como documentos sobre Amnistía Internacional y sobre el Comité argentino en Chile, entre otros.

En relación a las víctimas, Bellingeri explicó que “vamos a exponer especialmente el legajo 15671 que trata sobre lo que se conoce en Argentina como la contraofensiva. El Ejército y la DIPPBA caracterizan a este movimiento de retorno de militantes Montoneros al país, los sigue minuciosamente, establece un cuadro de situación y reseña los secuestros de esos militantes”.

El informe que se presentará ante el TOF 1 de Capital tiene varios niveles, enfocando uno de ellos en la particularidad de la exDIPPBA como agencia interviniente en tres zonas militares: el Primer Cuerpo del Ejército, el Quinto Cuerpo del Ejército que abarcó la zona zur, con Bahía Blanca y casi toda la Patagonia y la Zona de Campo de Mayo.

Esas tres comandancias estaban en territorio bonaerense y son las que se están juzgando ahora, junto con las descentralizaciones de esas comandancias, es decir, las jefaturas de áreas.

El debate oral que comenzó en 2013 contempla 211 víctimas del Plan Cóndor

“Es evidente la relación directa que tienen las jefaturas de área con la Policía bonaerense. Hay una aplicación concreta de la Doctrina de Seguridad Nacional que se da en cada uno de esas localidades, y eso era controlado por cada jefatura de área militar. Para que eso después se lleve a la práctica -o sea para que un interrogatorio se realice- tiene que haber quien lo haga. Eso lo hicieron las fuerzas armadas pero también la policía bonaerense. En los documentos muchas veces vemos que es la policía la que actúa, a través de DIPPBA, de manera autónoma. Luego da cuenta a la jefatura militar del accionar”, señaló Bellingeri.

La directora del Programa Justicia por Crímenes de Lesa Humanidad también explicó que la exSecretaría de Inteligencia Del Estado (SIDE) ejerció la coordinación general de la aplicación del Plan Cóndor en Argentina, aunque en el juicio que actualmente se desarrolla sólo uno de los imputados perteneció a esa agencia.

“Todavía a los jueces les falta entender la lógica de este plan represivo, para poder juzgar a los represores desde la globalidad del plan de exterminio. Parte de la SIDE se juzgó en Automotores Orletti I. Orletti fue un centro clandestino específico de la SIDE para el secuestro de extranjeros, particularmente de uruguayos. De la misma manera, el Pozo de Bánfield que está en territorio bonaerense, fue un sitio de concentración de detenidos importante”, describió.

En ese entramado la policía bonaerense tuvo una participación muy grande: de los 230 centros clandestinos que hubo en la provincia, el 46 por ciento perteneció a la Policía.

“Por supuesto que, además de explicar la documentación aportada se va a dar cuenta de todo lo que falta avanzar. Esto es un principio, ha llevado mucho tiempo comenzar a juzgar a los militares en Argentina, pero estamos avanzando”, concluyó Bellingeri.