ANDAR en la justicia

(CPM/Agencia Andar) En su trayectoria como juez, Luis Federico Arias trazó un camino coherente: cumplió siempre con su deber de garantizar el acceso a la justicia y defender los derechos humanos de los ciudadanos que reclaman al Estado. Entre sus intervenciones recientes más destacadas podemos señalar el trabajo que realizó en pos de la verdad y la justicia en la investigación por la inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata.

Anoche un jurado de enjuiciamiento decidió por amplia mayoría  terminar con esta trayectoria y ordenó su destitución. Entre los 9 votos que avalaron esta resolución están los del presidente de la Corte bonaerense, Eduardo Pettigiani, los legisladores Jorge D’Onofrio, Roberto Costa y Walter Carusso, y los abogados Fabián González, Diego Molea, Osvaldo Pisani, Ambriosio Luis Bottarini y José Alberto Apaz. Los dos votos por la restitución en el cargo fueron de Santiago Révora y Pablo Garate.

Además de la destitución inmediata, se resolvió el pago de las costas a cargo de Arias, además del cese de su salario y la inhabilitación para el ejercicio de cargos en la justicia.

La decisión tomada anoche por los integrantes del jurado avaló, con pruebas endebles, las principales acusaciones realizadas contra Arias por el Procurador bonaerense que ofició de fiscal del jury.

Los consensos en torno a la parcialidad y animosidad política que condujeron este proceso de enjuiciamiento son amplios entre aquellos que vieron de cerca lo que sucedió en cada una de las audiencias. La decisión política estaba tomada: Arias fue un juez justo que molestó e incomodó con sus fallos protectorios de derechos a los diferentes gobiernos provinciales.

Por todo esto, la destitución del juez Arias constituye un grave retroceso en materia de institucionalidad e independencia de poderes. Se pone de manifiesto una clara intromisión de la política en las actividades y resoluciones de un juez. Esto viola principios constitucionales al tiempo que pretende erigirse como un mensaje de disciplinamiento para quienes pretendan, dentro del sistema judicial, actuar con autonomía y compromiso por la defensa de los derechos de los más indefensos.

Para la CPM se trata de un hecho gravísimo que debe poner en alerta a los tres poderes del Estado porque es la democracia la que se debilita cuando las instituciones del Estado y la independencia de poderes se trastoca.

En un contexto de regresión en materia de derechos humanos, donde parece completamente vedado el acceso a la justicia para aquellos que el Estado somete cotidianamente a padecimientos, acciones de esta magnitud sólo contribuyen a profundizar desigualdades y legitimar la impunidad y la injusticia.