El ex Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, fue cuestionado por la CPM junto a otros organismos y funcionarios judiciales por su desempeño como funcionario a cargo del Servicio penitenciario Bonaerense. Cuestionaron centralmente las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en las cárceles bajo su gestión. La gobernadora frenó el nombramiento mediante un decreto.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) La Comisión Provincial por la Memoria junto al CELS, el CEPI, FOJUDE, AJUS La Plata, la Defensoría de Casación y funcionarios judiciales presentaron a principios de esta semana una petición a la Gobernadora María Eugenia Vidal para que anule el Decreto del Poder Ejecutivo que designaba al Dr. César Albarracín como fiscal de casación adjunto , por contrariar el tercer párrafo del art. 175 de la  Constitución de Buenos Aires.

A través de un decreto, la gobernadora Vidal suspendió designación citando este artículo constitucional que se privilegia “la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y derechos humanos” como requisito para un nombramiento, y agregó como argumento las circunstancias en torno a la fuga de los hermanos Lanatta y Schillaci de la Unidad Penal Nº 30. Por este caso se abrió una causa en la que aparece involucrado César Albarracín en presuntas conductas ilegales y/o delictivas.

[pullquote]Los casi 7 años de gestión de Albarracín en el SPB ponen en cuestión su idoneidad para cumplir con las funciones que demanda el cargo de casación[/pullquote]

Lo que fundamentalmente criticaron los organismos fue la situación carcelaria padecida por los detenidos durante los casi 7 años de gestión de Albarracín y que ponen en cuestión su idoneidad para cumplir con las funciones que demanda el cargo de casación. Las pésimas condiciones de detención, la corrupción dentro de la estructura penitenciaria, la circulación de armas de fabricación casera, la violencia, la tortura y la muerte, fueron sistemáticamente negadas por el Dr. Albarracín, que además “no tomó medidas efectivas para combatirlas y obstaculizó los distintos intentos de hacerlas cesar”.

El pedido de la CPM señalaba además el tiempo transcurrido en el proceso de designación que llevaba 5 años de demora, con un “injustificado incumplimiento de la obligación constitucional de expedirse en un plazo razonable” sin más explicación que la que puede encontrarse en “los intereses personales del candidato que privilegió la asunción de cargos políticos en el poder Ejecutivo, en evidente desmedro de la justicia y los derechos”.