La semana pasada, unos 300 efectivos de distintas fuerzas policiales y de seguridad ingresaron al predio de la línea Este de La Plata y desplegaron una brutal represión contra los trabajadores. El ataque con balas de goma, palos y gases lacrimógenos dejó un centenar de heridos. Además 26 trabajadores fueron detenidos por resistencia a la autoridad y lesiones. La Comisión Provincial por la Memoria denuncia que la intervención fue desmedida e ilegítima y exige que se tomen todas las medidas necesarias para dar con los responsables de la represión. Esta tarde, integrantes del organismo se reunieron con los trabajadores para definir las próximas líneas de actuación en la causa.

ANDAR en La Plata

(Agencia – CPM)La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) recibió esta tarde a los trabajadores de la línea Este que fueron reprimidos la semana pasada mientras se manifestaban en su lugar de trabajo reclamando la reincorporación de los compañeros despedidos. Estuvieron presentes en el encuentro el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, la directora general, Sandra Raggio, y el director del programa Justicia y Seguridad Democrática, Rodrigo Pomares.

En el momento en que se conocieron los hechos, el organismo se puso en contacto con los trabajadores y, desde entonces, viene siguiendo el avance de la causa. En estos momentos, hay tres expedientes vigentes: uno en el Juzgado de Garantías 1 de La Plata por la orden de liberar el predio que desencadenó la represión, otra causa que tiene como imputados a los trabajadores por resistencia a la autoridad y lesiones, y una tercera que investiga la represión.

Como parte de este acompañamiento, la CPM solicitó el acceso a las causas y pidió que, rápidamente, se tomen medidas para constatar las lesiones que sufrieron los trabajadores. Al mismo tiempo, el organismo hizo una presentación en Asuntos Internos para determinar la responsabilidad de los policías que intervinieron en el violento ataque.

La represión sucedió el lunes 24 de octubre cuando el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, ordenó a la policía bonaerense que “se disponga lo necesario para la liberación de los accesos del predio” de la empresa en ruta 11. En los hechos, esa disposición significó una orden de desalojo que se cumplió con una intervención violenta, desmedida e ilegítima de las fuerzas policiales. Particularmente grave fue la intervención de la Policía Local y el requerimiento que hizo el mismo juez de Garantías para que agentes de esta fuerza participen del procedimiento. Cabe destacar, igual que lo hemos hecho en otras oportunidades, que la Policía Local fue creada como policía de proximidad y sus objetivos no concuerdan con la intervención en procedimientos represivos tales como manifestaciones, desalojos u otros similares.

Los trabajadores fueron brutalmente golpeados con palos, incluso tirados en el piso, y también recibieron balazos con posta de goma a corta distancia. Finalmente, cuando eran trasladados detenidos en camiones celulares fueron rociados nuevamente con gases lacrimógenos. En total, hubo un centenar de heridos, tres fueron hospitalizados y algunos, a diez días del hecho, siguen recibiendo atención médica por las lesiones sufridas.

A la par de la gravedad de este hecho, es necesario entender la represión como el punto último de un conflicto que, en los últimos meses, fue cercenando y vulnerando los derechos laborales de los trabajadores de la línea Este y 520 que deben cumplir sus tareas en un ámbito de gran precariedad y hostigamiento. Desde que la empresa cambió de dueños, denuncian que han empeorado considerablemente sus condiciones laborales y, a pesar de que el convenio firmado con el nuevo empresario garantizaba la estabilidad de los trabajadores, ya hubo en los últimos meses 30 despidos que se justifican a partir de sanciones y suspensiones que son definidas unilateralmente por la empresa.

En ese sentido, durante la reunión con la CPM, los trabajadores denunciaron que las suspensiones comenzaron a utilizarse como una estrategia de persecución y hostigamiento contra quienes reclamaban mejoras laborales. Una muestra vale como ejemplo: las últimas personas suspendidas fueron los cinco compañeros elegidos como delegados.

Pero, además, estas sanciones contra los trabajadores tienen efectos inmediatos en la prestación del servicio público: las suspensiones obligaron a la empresa a duplicar los turnos de los choferes que tienen cumplir 16 horas diarias arriba del colectivo o poner trabajadores que no están capacitados ni poseen la habilitación necesaria para desempeñar esta tarea. Estas decisiones ponen en serio riesgo la seguridad de los usuarios.

Actualmente, la línea Este cuenta con 230 choferes, una flota de aproximadamente 80 colectivos y transporta entre 70 y 80 mil pasajeros por día. Los trabajadores reconocen que, para cumplir con las frecuencias y mejorar la calidad del servicio, se requieren unos 30 vehículos nuevos y la modernización de las unidades ya que –calculan- más del 30% de los colectivos siguen circulando con prorrogas extendidas por la Municipalidad sin tener en cuenta su deterioro. Esto también pone en serio riesgo la seguridad de los usuarios del transporte público platense.

Ante todo esto, la Comisión Provincial por la Memoria denuncia la represión sufrida y exige que se tomen las medidas necesarias para determinar las responsabilidades por el violento ataque. Y, por otro lado, expresa su solidaridad con los reclamos laborales de los trabajadores que no hace sólo al respeto de sus derechos sino también al resguardo y seguridad de todos los pasajeros.

Las autoridades municipales son responsables por el transporte público y deben intervenir en este conflicto de manera urgente, para preservar los puestos de trabajo y garantizar una óptima prestación del servicio.