ANDAR en Chubut

(Agencia) A 48 horas de la finalización de las jornadas contra la criminalización de la protesta –realizadas los días 3, 4 y 5 de julio- se conoció el viernes 7 el veredicto condenatorio contra el docente e integrante de la Asociación Trabajadores del Estado de Chubut (ATECh), Matías Schierloh, por el delito de incendio en carácter de coautor y partícipe necesario, en el marco de una causa que investigó los hechos de una masiva protesta docente de septiembre de 2019.

Esta condena se suma a la de otro docente, Santiago Goodman, ya condenado en agosto del año pasado por los mismos hechos mientras que nunca se investigaron las acciones de inteligencia ilegal llevadas a cabo por parte de efectivos de la comisaría de Rawson durante aquella protesta docente (uno de los policías reveló esas acciones cuando declaró en el juicio contra Goodman).

En su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y ante la gravedad institucional que implicó esa sentencia, la CPM se presentó como amicus curiae ante la Cámara revisora. De acuerdo al testimonio del policía durante el juicio, había una orden para registrar audiovisual y fotográficamente a las personas que participaban de las protestas, sin ninguna orden judicial ni argumento que justificara ese accionar. Esas tareas de inteligencia ilegal, por lo tanto, eran una práctica habitual de la Policía de Chubut.

Son dos casos de una larga serie de persecución judicial, imputaciones y procesamientos sobre personas que ejercen el legítimo derecho a la protesta social en la provincia. De allí la importancia y la gran repercusión que generaron las jornadas organizadas por la Comisión Contra la Criminalización de la Protesta-Chubut.

La CPM fue invitada a participar del encuentro -al que asistieron representantes de más de 50 organizaciones de todo el país- y a través del Coordinador del Área Justicia y Seguridad Democrática, Rodrigo Pomares, encabezó la mesa sobre “Espionaje ilegal y otras prácticas antidemocráticas de las fuerzas de seguridad. ¿Recrudecimiento o continuidad?”.

Además, la CPM asistió –junto a la Comisión contra la impunidad de Chubut y otros espacios de derechos humanos- a una audiencia del juicio oral que se le sigue a cuatro policías de esa provincia por el delito de vejaciones en relación a hechos ocurridos el 6 de diciembre de 2019 en el marco de la creación del Ministerio de Hidrocarburos y Minería y de los que resultaron víctimas 4 asambleístas de organizaciones ambientales.

Luego, junto con la Comisión contra la Impunidad, la APDH de la Comarca Andina, el CELS, la Defensoría de Laburantes, SERPAJ, Ceprodh, el Mulcs, y con la presencia de Sergio Maldonado -hermano de Santiago, que murió en 2017 durante una violenta represión de Gendarmería en la zona de Cushamen-, la CPM se reunió con representantes del Comité contra la Tortura de Chubut, entre ellas su presidenta Marcela Pérez Bogado, y se realizó un intercambio de experiencias, prácticas y reflexión sobre los desafíos de cada espacio y su ámbito territorial de intervención. En particular se destacó la necesidad de que el mecanismo intervenga de oficio o ante denuncias en los casos de violencia policial y las graves violaciones a Derechos Humanos que se registran con motivo de la criminalización de la protesta social.

Junto a las mismas organizaciones la CPM fue recibida por el procurador general Jorge Miquelarena y el procurador adjunto Emilio Porras Hernández y el planteo principal estuvo centrado en la preocupación por el avance de imputaciones y condenas contra manifestantes populares y en la falta de avance de las denuncias por torturas y otros tratos crueles perpetrados por funcionarios estatales, en particular la policía provincial.

Los organismos sugirieron al Procurador que se instruya a los fiscales sobre la prioridad de las investigaciones que involucren a funcionarios policiales; que los archivos de este tipo de causas tengan que ser notificados a la Procuración; que se ordene la creación de fiscalías especializadas en violencia institucional y la puesta en funcionamiento de la policía judicial; entre otras recomendaciones.

Por último, se realizó una reunión con el fiscal federal con asiento en Chubut, Fernando Gélvez, respecto a la situación judicial de los 16 vecinos procesados en mayo de 2021 por el corte de la Ruta 3 en defensa del agua, el territorio y la iniciativa popular contra la megaminería.

Precisamente, las jornadas contra la criminalización de la protesta social cerraron con un panel integrado por las personas que fueron víctimas de esa represión policial en mayo de 2021 y que hoy están procesadas en la justicia federal de Chubut: integrantes del Pueblo Mapuche Tehuelche, docentes de Chubut, Río Negro y Santa Cruz, vecinos de la comarca andina e integrantes de organizaciones sociales.